Una intensa ola de críticas ha generado el reciente nombramiento de la ex Ministra de Justicia, Javiera Blanco, como miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Criticas que ponen énfasis en el historial de Blanco y el rol que cumplen los consejeros del CDE, volviendo a poner sobre la mesa los privilegios de la casta de políticos empresariales.
Néstor Vera Médico.
Martes 7 de febrero de 2017
A 1 semana se ser nombrada como consejera en el CDE, se siguen dando a conocer críticas hacia Blanco, el CDE y el gobierno, desde distintos sectores de la política y los medios de comunicación.
En relación a la carrera la abogada, cabe mencionar que se encuentra actualmente involucrada en los casos del SENAME, jubilazos de gendarmería, cambios irregulares de domicilios en el Registro Civil y financiamiento irregular de la política, incluso en calidad de imputada. Lo problemático (además de tener responsabilidad política en estos casos) es que es justamente el CDE quien cumple un rol litigante en estos casos.
A raíz de los distintos hechos de corrupción que ligan a políticos del duopolio con los grandes empresarios, el CDE ha ido cumpliendo un rol cada vez más activo en la investigación de estos, como por ejemplo en el caso SOQUIMICH contra Pablo Longueira. El rol que cumplen los consejeros es justamente tomar estas decisiones, evaluar que procesos legales llevara adelante el organismo, cuestión que resulta bastante conveniente para una imputada.
Este hecho fundamental, se suma el sueldo casi vitalicio de 7 millones de peso a costa de trabajar 4 horas semanales, y permitiendo que además puedan ejercer sus profesiones en otras instituciones públicas o privadas.
En defensa de Blanco y del gobierno, se cuadraron las principales figuras de la Nueva Mayoría. Desde el presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade hasta el parlamentario comunista Lautaro Carmona. Todos defendiendo las facultades de la presidenta para nombrar consejeros y saludando los méritos de la ex ministra.
El nombramiento cobra más relevancia ahora cuando se da a conocer la investigación por el posible financiamiento de la campaña de Bachelet por parte de empresas brasileñas ligadas al ex presidente Lula Da Silva. Recordemos que fue Blanco la principal vocera de la campaña de la entonces candidata de la Nueva Mayoría.
Este caso no es puntual en el CDE, pues hay más de sus miembros involucrados en estas situaciones como Rodrigo Quintana, militante del PS y miembro del directorio de Imaginacción (empresa que realiza lobby entre las empresas y parlamentarios). También esta Clara Szczaranski, abogada de uno de los investigados por el Milicogate (investigación donde el CDE es parte).
En definitiva, se configura un grotesco entramado donde políticos empresariales, corruptos y empresarios, aseguran sus vidas con millonarios sueldos a costas de los fondos públicos mientras pueden proteger a otros de su casta privilegiada.
