El debate sobre el aborto marcó el 2019 en Costa Rica

El 2019 estuvo marcado por el debate sobre el aborto y el derecho a decidir. En este debate participan miles de mujeres y la izquierda. Pero también son parte el gobierno del PAC, los partidos burgueses tradicionales y las iglesias con sus partidos y representantes religiosos. De la mano del fenómeno internacional de la marea verde, es necesario poner en pie una gran campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, lo que incluye la pelea por la aplicación inmediata de la ITE luego de firmada la norma técnica.

Interrupción terapéutica del embarazo (ITE) es el nombre dado al aborto no punible en caso de que peligre la vida y salud de la mujer, que establece el código penal de Costa Rica desde los setentas. La firma de una norma para su aplicación en este momento es un avance parcial del movimiento de mujeres frente a las iglesias y políticos de derecha que siempre se opusieron a su aplicación. La norma establece un procedimiento donde las mujeres no deciden directamente sobre interrumpir un embarazo. En su lugar, una comisión médica determinará si es pertinente aplicar la ITE, si la vida de la mujer está en peligro lo suficiente.

Se reduce el ámbito de acción del gobierno

El gobierno ha maniobrado tratando de apaciguar a todos los sectores en disputa en torno al tema del aborto. Por un lado postergó la firma de la ITE presentándola como una medida que no permite la legalización del aborto, intentando apaciguar a la oposición de la derecha religiosa.

Y por el otro, utilizando la promesa de la ITE en determinados momentos para congraciarse con sectores del movimiento de mujeres y una parte de su base social que levanta posturas de corte “progresista”.

Ya desde el año anterior, en el marco de la gran huelga contra el plan fiscal, donde miles salieron a enfrentar el ajuste ordenado por el FMI, el presidente Carlos Alvarado y representantes del ejecutivo aseguraban que la prioridad del gobierno era el problema de “la sanidad de las finanzas del Estado”, y que temas como la norma técnica de la interrupción terapéutica del embarazo (ITE) -una medida restringida pero importante en torno al derecho a decidir- estaban en un segundo plano.

El 8 de agosto del 2018, anterior al estallido de la huelga general, el movimiento de mujeres realizó una movilización que levantó el reclamo por la legalización del aborto, posteriormente el gobierno declaró que sin la aprobación del plan fiscal no habría firma de la ITE. Pero el reclamo por el aborto se extendió y la misma experiencia se replicó este año frente a Casa Presidencial, la maniobra para apaciguar al movimiento de mujeres no ha sido del todo exitosa.

Como fruto de la movilización independiente de mujeres la norma técnica finalmente ha sido firmada la semana anterior. El gobierno pensó que al firmar la norma se cerraría el debate sobre el aborto pero por el contrario, queda abierto el camino para levantar el reclamo con más fuerza que nunca y lo que se cierra es el campo de acción del gobierno, pues se agota su única política hacia el derecho al aborto.

Provocaciones y ataques conservadores

Por su parte, las iglesias católica y evangélica desde los partidos propios como el Nueva República y Restauración, y también desde los partidos burgueses tradicionales como el PLN y el PUSC impulsan campañas contra derechos básicos mínimos como la ITE, la educación sexual o el matrimonio igualitario.

Estos sectores han lanzado ataques y provocaciones a las mujeres de conjunto. Desde los recursos de amparo impuestos por la Conferencia Episcopal contra activistas estudiantiles por utilizar símbolos en favor del derecho al aborto, las declaraciones del ex diputado Fabricio Alvarado donde equipara a feministas con los nazis, así como una línea de ataques misóginos y reaccionarios desde los curules en la Asamblea Legislativa.

Incluso figuras como Paola Vega diputada del PAC y Patricia Mora del FA, ministra del gobierno han sido señaladas por la derecha reaccionaria. Pero si bien los ataques de los anti derechos se dirigen en los medios contra éstas figuras, se trata de una ofensiva que intenta hacer retroceder los derechos y condiciones de vida de todas las mujeres y especialmente las trabajadoras, las jóvenes y más pobres.

Ante el anuncio de la firma de la norma técnica, que deja abierta la discusión para, ahora sí, exigir el derecho al aborto legal, la Iglesia Católica y su Conferencia Episcopal reaccionaron declarando su “rotundo rechazo e indignación”, saludando a los políticos anti derechos y atacando el derecho a decidir como “cultura de la muerte”. Usaron el eslogan de “salvar las dos vidas”, una trampa discursiva que encubre que quienes mueren son las mujeres en manos de la clandestinidad.

Por su lado, un grupo de diputados y representantes del denominado Frente Nacional por la Vida anunció que “tomará medidas legales” contra la firma de la ITE. Intentarán hacer retroceder un avance parcial que fue arrancado mediante la movilización y evitar que se avance aún más en la pelea por el derecho al aborto legal, algo que el movimiento de mujeres debe prepararse para enfrentar.

Por una marea verde en Costa Rica y en defensa de la ITE

Luego de las experiencias de lucha contra las medidas de ajuste, donde las trabajadoras y estudiantes han salido a las calles, en medio de provocaciones reaccionarias y las maniobras del gobierno la confianza en Alvarado se ha reducido considerablemente y su margen de maniobra se reduce después de firmar la ITE.

Desde los sectores independientes del movimiento de mujeres, el activismo feminista de izquierda y el joven movimiento estudiantil se ha expresado la necesidad de poner en pie una campaña nacional por el derecho de las mujeres a decidir, mediante la legalización del aborto. Para que sea garantizado por el Estado, y para combatir la inseguridad del aborto clandestino donde se pone en peligro la vida e integridad de miles de mujeres. De igual forma es necesario exigir la separación completa de las iglesias y el Estado, que no se financien los anti derechos con recursos del Estado.

Los pañuelos verdes son un elemento cotidiano en las movilizaciones de la juventud estudiantil y trabajadora, en las paredes y pasillos de las universidades el reclamo por el derecho a decidir es parte de la vida política de estudiantes, funcionarias y docentes. Es necesario profundizar la lucha por el aborto legal e impulsar una verdadera marea verde en Costa Rica, en unidad con las trabajadoras que se plantan contra el ajuste y las jóvenes que defienden la educación, siguiendo el ejemplo de las compañeras en Argentina, donde más de un millón se movilizaron por el derecho al aborto, o en Chile donde hay una rebelión contra la herencia del régimen pinochetista. Es un momento de enormes movilizaciones y la marea verde en Costa Rica debe ser una de ellas.