FEMINISMO. El debate sobre la ley del “Solo sí es sí” y la vorágine punitivista

El debate sobre la aplicación de la Ley “Solo sí es sí” ha generado una de las crisis más importantes en el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Esta, evidentemente, no es ajena a la campaña electoral, donde todos los partidos del régimen buscan instrumentalizar esta cuestión en su propio beneficio.

Los ataques de la extrema derecha y la derecha, en complicidad con sus medios afines y gran parte de la magistratura, están siendo brutales. Si hasta ahora ponían el eje en las fake news sobre las “denuncias falsas” de las mujeres, ahora acusan al Ministerio de igualdad de “dejar libres a los violadores”. Y desde VOX aprovechan la vorágine punitivista para decir: “Somos los únicos que defendemos cadena perpetua para asesinos y violadores”. A esto se suman los discursos y ataques misóginos contra las ministras de Podemos, en especial hacia Irene Montero.

Las sentencias de algunos jueces que han rebajado condenas son la base para esta campaña, que busca generar un clima de pánico social (la idea de que “los violadores” andan sueltos por la calle), con el objetivo de aumentar las penas. Sin dejar margen para debatir, por ejemplo, que el Estado español ya tiene uno de los Códigos con penas más altas en delitos sexuales, en comparación con el resto de países de la UE. Y el hecho de que penas más duras nunca han tenido como resultado una reducción de las agresiones sexuales a las mujeres.

De este modo, ante la presión de la derecha y el temor a perder votos, el PSOE ha decidido desmarcarse de la Ley original, presentado una propuesta de modificación que ha dejado muy mal parados a sus socios. En esta versión, denuncia Podemos, se volvería a algunos aspectos de la legislación anterior, al reintroducir la diferencia entre abuso y agresión de acuerdo a la existencia de violencia o intimidación. Y, al poner de nuevo el foco en la cuestión de la violencia física, se retrocedería en la definición del consentimiento. Ya que, otra vez, serían las mujeres las que tendrían que demostrar ante los jueces que se resistieron físicamente en el caso de una violación. Las declaraciones de la ministra de Justicia socialista, Pilar Llop, apuntaban en este sentido. En una entrevista en Cadena SER, dijo que era "muy sencillo probar la violencia, basta con una pequeña herida”.

La Ley del “Solo sí es sí” eliminaba la distinción entre los tipos penales de abuso y agresión sexual, unificando en un solo tipo (agresión) con el objetivo de reconocer que una violación no necesita ser ejercida con violencia física. De este modo, se tomaba el cuestionamiento del movimiento feminista a los jueces que, como en los tribunales de Navarra en el caso de la Manada, emitieron una sentencia que no veía en los hechos una “agresión”, sino solo un “abuso”. El Ministerio de Irene Montero buscó expresar, a su modo, la rabia sentida del movimiento de mujeres contra la justicia patriarcal. No obstante, paradójicamente, se reforzó el Código penal bajo un marco profundamente punitivista, de la mano de la misma justicia patriarcal que las mujeres venimos denunciando en las calles. Y es esta misma institución la que ahora aprovecha para interpretar muchas sentencias de una forma que indigna a muchas víctimas de violencia de género.

Desde el Ministerio de Igualdad, insisten en que la ley del “Solo sí es sí” era “perfecta”. Sin embargo, la idea de que mediante una ley enfocada en una modificación del Código penal y el aumento de las penas podía conseguirse una justicia “más feminista”, era una ilusión absoluta. Y el punitivismo, un callejón sin salida. Incluso, en los últimos días, Irene Montero ha reconocido que está dispuesta a “ceder” para negociar con el PSOE, aumentando aún más las penas en el código penal. La vorágine punitivista no se detiene.

La derecha y la extrema derecha se benefician al máximo de un debate que se no hace sino reforzar la idea de que la policía, el poder judicial y el sistema carcelario juegan un papel progresivo para “proteger a las mujeres”. Algo que ya provocó el rechazo de muchas feministas. Así lo explicaba la diputada de la CUP Mireia Vehí, en su comparecencia en el Congreso: “Es un debate de derechas, conservador, sólo basado en las penas. Más electoral que honestamente preocupado por las vidas de las mujeres que sufren violencia machista. Porque hablar de penas de cárcel, no hace a nadie más libre. Más años de cárcel no acabarán con el remanente de violencia machista que hace muchísimas décadas que en el reino de España existe. Este debate en el miedo, no sirve.”
Al mismo tiempo, como señala Nuria Alabao en un artículo reciente: “Esto puede dar lugar a mayores arbitrariedades, es decir, que los prejuicios de clase, raza u origen migratorio impliquen penas más altas o bajas para el mismo hecho según quién sea el perpetrador.”

Mientras el marco del debate es cada vez más punitivista, sin embargo, los datos sobre la violencia de género y los feminicidios son cada vez más trágicos. Pero, en vez de apuntar a los problemas de fondo que reproducen las violencias estructurales, pretenden que todo el debate del movimiento de mujeres gire exclusivamente en torno a la duración de las penas carcelarias. Un relato totalmente reaccionario, por varios motivos. No solo no resuelve las violencias hacia las mujeres, que son estructurales, sino que tiene un doble efecto: fortalece a los aparatos represivos del Estado, que ejercen múltiples violencias hacia las mujeres y hacia todos los oprimidos y al mismo tiempo desmovilizan al movimiento de mujeres. La lucha ya no está en las calles, nos dicen, sino en los artículos del Código penal.

¡Abajo la casta judicial capitalista y patriarcal! Por un plan integral contra la violencia de género

Irene Montero señala que muchos sectores de la casta judicial están llevando adelante sentencias judiciales machistas. Nadie debería sorprenderse por eso. Lo que es irrisorio es que consideraran desde el Ministerio de Igualdad que, por modificar algunos aspectos de la legislaciónn o del Código penal, eso iba a cambiar. A su vez, es un grave error poner un signo de igualdad entre “penas más duras” y “mayor protección a las mujeres”.

La casta judicial defiende los intereses de sus amigos, los empresarios, los políticos corruptos y el estatus quo de todo el sistema capitalista y patriarcal. Esto no va cambiar con cursillos sobre violencia de género. Pretender que vaya a surgir una “justicia feminista”, dejando intacto el poder de esta casta de jueces es una idea peregrina. Por eso, la política de Podemos, que llamaba a confiar en que los “jueces buenos” legislaran de forma más “feminista”, solo podía chocarse brutalmente contra la realidad.

El punitivismo, en nombre de la defensa de las mujeres, refuerza las cárceles y la policía. Es la misma policía que, enviada por Marlaska, infiltra a los movimientos sociales, incluyendo el engaño para establecer relaciones sexuales con mujeres activistas.

Y refuerzan un sistema judicial reaccionario que en el Estado español encarcela raperos por criticar a la monarquía corrupta, castiga a huelguistas -tanto de luchas obreras como de activistas feministas durante las huelgas de mujeres-, persigue a los independentistas catalanes. Son miles las personas y jóvenes represaliadas y encausadas bajo montajes policiales y judiciales, la mayoría activistas de movimientos sociales y agrupaciones de izquierda.

Desde Pan y rosas proponemos eliminar a toda la casta de jueves vitalicios y reemplazarlos por jueces y juezas elegidos por sufragio universal, cuyo mandato pueda ser revocable por sus electores. Junto con juicios por jurados populares, donde las organizaciones del movimiento de mujeres y antirracistas, puedan aportar su punto de vista en las deliberaciones. Solo así se podría terminar con ese “poder absoluto” de los jueces sobre la vida de millones.

Pero este es solo un aspecto parcial del problema. Como decíamos antes, la violencia de género no solo no ha cesado con la aprobación de esta Ley, sino que ha aumentado en los últimos meses. En una situación de crisis social, donde se vuelve cada vez más difícil para las mujeres poder pagar un alquiler o tener una vivienda propia, miles de mujeres están más expuestas a situaciones de violencia machista. Necesitamos una salida de fondo.

La lucha contra la violencia sexual y las violencias capitalistas

La ley “Sólo si es sí” incorporó otras medidas, reivindicadas por el movimiento feminista, como las rentas de inserción y la creación de “centros de crisis” bajo asistencia psicológica y jurídica 24 horas. Ahora bien, la realidad es que esas medidas, tan elementales como urgentes, no se sostendrán de manera eficaz con el ínfimo presupuesto destinado a tal fin. Un aumento presupuestario para los planes de igualdad y la lucha contra la violencia de género es clave para que estas medidas no queden en agua de borrajas. Además, sería necesario incrementar los centros de acogida o de crisis para las mujeres, sus hijos e hijas, víctimas de violencia. Centros que sean garantizados por el Estado, pero bajo la autogestión de las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial ni judicial.

La Ley propone también algunas medidas para la educación sexual. No obstante, la firme alianza del Estado con la Iglesia sigue siendo una gran traba para favorecer una educación sexual libre de prejuicios oscurantistas. La separación de la Iglesia y el Estado, demanda histórica del movimiento feminista, es fundamental si queremos educar en el reconocimiento de la identidad de las personas trans en colegios, institutos, universidades y centros de trabajo.

A su vez, contra la criminalización de las mujeres en situación de prostitución, es necesario el fin de toda persecución policial, así como el reconocimiento del derecho a autoorganizarse, junto con garantías de vivienda y trabajo para aquellas que busquen alternativas laborales.

En cuanto a las mujeres migrantes, víctimas de violencia sexual, la ley plantea que “no se incorporará expediente sancionador a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia sexual que presenten denuncia”. No obstante, esta medida básica no resuelve la situación de enorme vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres racializadas e inmigrantes, mucho más expuestas a la violencia sexual en los trabajos más precarios, como el doméstico o de internas. El Gobierno jamás se plantea como perspectiva la derogación de las leyes de extranjería y el cierre de las cárceles de los CIEs.

Finalmente, pensamos que es necesario impulsar comisiones de mujeres y personas LGTBI en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los sindicatos, independientes de las patronales, que aborden los casos de acoso sexual y laboral, buscando evitar el punitivismo y poniendo el eje en la educación sexual integral.

Mientras el feminismo institucional pretende encerrar al movimiento de mujeres al callejón sin salida del código penal y su proyecto punitivista, nosotras pensamos que estas demandas sólo serán conquistadas por medio de una lucha independiente de las instituciones del Estado, su justicia machista y patriarcal y los partidos del régimen. Por eso es fundamental desarrollar la autoorganización del movimiento de mujeres y transfeminista, retomando la movilización en las calles.

Hacia el próximo 8M, estas cuestiones estarán planteadas. Pero nuestra pelea va mucho más allá. Queremos que este 8M sea un gran altavoz para las luchas de las trabajadoras precarias, para exigir el fin de las externalizaciones, aumentos de salarios indexados según la inflación, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones para la conciliación laboral. Queremos que este 8M se escuche la voz de las personas trans, contra la transfobia y la LGTBfobia. Y también queremos que sea una gran tribuna para decir que las feministas internacionalistas contra la guerra rechazamos el aumento de los presupuestos militaristas, y la escalada guerrista.

Luchar contra la violencia, sexual, machista y los feminicidios, es luchar contra un eslabón de toda una cadena de violencias que vivimos la gran mayoría de las mujeres, las trabajadoras, las migrantes, las jóvenes y las pensionistas frente a la actual crisis. Nuestra lucha está estrechamente vinculada a la lucha contra la precariedad y la explotación que sufren las trabajadoras del hogar o de la hostelería. A la lucha contra la violencia del racismo institucional y patriarcal que sufren las temporeras de la fruta o las trabajadoras del hogar. A la lucha contra el imperialismo y nuestro propio gobierno imperialista.

La violencia machista no se va a resolver porque exista la posibilidad individual de denunciar ante los tribunales. Lo que hace falta es combatir sus causas estructurales. Fortalecer nuestra organización colectiva y autoorganización. Porque no estamos dispuestas a permitir que nuestra lucha contra las opresiones se distorsione y se utilice para fortalecer campañas punitivistas y los aparatos del Estado capitalista y patriarcal. Vamos a defender los derechos y libertades que conquistamos, en el marco de una lucha por transformar de raíz esta sociedad. Nuestra perspectiva, desde un feminismo socialista y revolucionario, apunta a poder disfrutar plenamente de nuestras propias vidas, nuestras sexualidades, deseos y placeres en una sociedad libre de opresiones y explotación.