A partir de las confesiones del ex conscripto Fernando Guzmán, sobre lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, se reabrió la discusión sobre la Dictadura y los Derechos Humanos, los secretos y pactos de silencio del Ejército y el rol de los civiles en aquella época.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Jueves 30 de julio de 2015
Como nunca en los últimos años, se ha estado discutiendo sobre la Dictadura, la violación a los Derechos Humanos y las políticas de reconciliación e impunidad que se instalaron desde la transición gracias a la Concertación, la derecha y los propios militares.
Es que las confesiones del ex conscripto Fernando Guzmán, quien integraba la patrulla de militares que el 2 de julio de 1986, en el contexto de una protesta nacional contra la Dictadura, detuvo y quemó vivos a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri; dieron luz sobre los pactos de silencio, la impunidad y las mentiras que por años han reinado en los casos de violación a los Derechos Humanos, que como en este caso, nunca fueron reconocidas y menos juzgadas.
A partir del relato del ex conscripto, el juez Mario Carroza reabrió el caso y detuvo hasta ahora a 11 personas, acusadas de homicidio, homicidio frustrado y complicidad. Entre los detenidos, hay integrantes que aún están activos en el Ejército y otros retirados. Con el paso de los días, otros ex conscriptos han comenzado a reconocer algunos hechos. Paralelamente, la Justicia venía dictando varias condenas en los últimos meses, aunque la mayor parte de ellas cae en quiénes fueron las cabezas de organismos como la DINA o CNI, los que acumulan, como el represor Manuel Contreras, más de 500 años de condena.
Las políticas de la Concertación de verdad y reconciliación, pero no de justicia
Desde el gobierno de la Nueva Mayoría, que atraviesa una profunda crisis producto de los hechos de corrupción, la caída en las encuestas, las disputas internas y el freno a las prometidas reformas de Bachelet, se está comenzando a plantear una serie de medidas que parecería responder a las demandas de verdad y justicia que vienen exigiendo quienes sufrieron la violación a los Derechos Humanos.
Lo cierto es que durante los gobiernos de la Concertación, incluyendo al primer gobierno de Bachelet, poco y nada se hizo para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, se instaló la doctrina de Aylwin de “justicia en la medida de lo posible”, lo que significaba no derogar la Ley de Amnistía y sólo juzgar casos emblemáticos para no “molestar” a los militares, ni “desestabilizar” al país.
Por otra parte, se realizaron dos informes: el Rettig, durante el gobierno de Aylwin, que intentó construir la tesis de que hubo culpables de los dos lados en el quiebre de la democracia y que la verdad se buscaba para conseguir reconciliación. En la realización de este informe participaron personas de la derecha más conservadora, como el historiador Gonzalo Vial, quien era un férreo defensor de la Dictadura. Por otro lado, la respuesta de las fuerzas armadas y sectores de la derecha, fue atacar el informe, justificar lo que pasó por el contexto y defender la Dictadura y a Pinochet; inclusive el Ejército señaló en una declaración que era una infundada verdad y que no aceptaban asumir responsabilidades. Por otro lado, el ex dictador siguió al frente del Ejército y luego como senador designado, ya que también otro de los acuerdos de la transición fue aceptar la Constitución del 80 y las leyes de amarre. El Gobierno se enfocó más bien en la reparación, pero no en la justicia.
Poco cambió durante el resto de los gobiernos concertacionistas. Inclusive cuando se produjo la detención de Pinochet en Londres, se realizó una campaña para traerlo de vuelta a Chile, ya que acá se los juzgaría. Lo cierto es que Pinochet murió libre, sin pagar ningún día en la cárcel. Durante el gobierno de Lagos, se realizó el informe Valech, que investigó sobre el tema de la tortura, que durante años estuvo oculto, pero dejó una ley que impide que durante 50 años puedan conocerse los testimonios y por lo tanto los nombres de los responsables. También en la Justicia se comenzó con una política de juicios y condenas, pero sin que se conociera la totalidad de los nombres de los represores, ni se condenara a los responsables civiles y militares.
El gobierno de la Nueva Mayoría
El impacto que provocó el programa donde se conoció el testimonio del ex conscripto Guzmán, donde se reconoció cómo los militares fueron los responsables de haber quemado vivos a dos jóvenes y haber ocultado información, reabrió un debate sobre los años de la Dictadura, la verdad y la justicia.
Tanto Carmen Gloria como Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas, han exigido que se conozca la verdad, emplazando al Ejército y los militares a hacerse cargo de las brutales violaciones a los derechos humanos. Verónica ha sido especialmente enfática en señalar que tanto la Concertación, la Derecha y la Nueva Mayoría tienen responsabilidad en que siga la impunidad, señalando que no han hecho nada por este tema. Por otro lado, planteó que los colaboradores civiles de Pinochet también fueron encubridores. Recordemos que durante la Dictadura una importante cantidad de quienes hoy integran RN y la UDI fueron parte del régimen, teniendo distintos cargos. Tanto ella como Carmen Gloria señalan que las responsabilidades en los militares incluyen desde los altos mandos hacia abajo, y que jamás ha recibido ninguna comunicación sobre los hechos. En una entrevista, Verónica también indicó que Aylwin fue un golpista, que Frei y Lagos protegieron a Pinochet e incluso emplazó a Bachelet a cerrar Punta Peuco.
Ahora la Nueva Mayoría señala que hay que romper los pactos de silencio en el Ejército y señalan que sería bueno que los militares hicieran un “gesto” o indicaran que no están de acuerdo con los pactos de silencio, como dijo Burgos. Por otro lado, el Gobierno ha señalado que está dispuesto a estudiar el secreto que pesa sobre los testimonios del Informe Valech, sin embargo, en el año 2014 se enviaron dos documentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender este secreto, donde se indicaba la importancia de mantener la reserva y confidencialidad. También un grupo de parlamentarios de la DC, PS y otros partidos de gobierno, han señalado que se presentará un proyecto para degradar a los militares que violaron los derechos humanos.
Lo cierto es que la respuesta del Gobierno es un intento para contener las demandas que durante años importantes sectores de la sociedad han llevado adelante. Por otro lado, ni siquiera la reparación es una realidad, como mostró la larga huelga de hambre de los ex prisioneros políticos, que denuncian con razón que reciben pensiones miserables, mientras los integrantes del Ejército –incluso aquellos que han sido condenados – reciben pensiones millonarias.
La derecha, entre la complicidad y la justificación
En 1977 un grupo de jóvenes fueron llamados a “representar” a la juventud chilena en su compromiso con Pinochet, su gobierno y el país. Eran los duros años de la represión y de la DINA, cuando miles de personas habían sido torturadas, asesinadas y desaparecidas. Entre quienes estuvieron en este acto figuran: Carlos Bombal, Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Cristián Larroulet, Joaquín Lavín, Patricio Melero y otros personajes. Recordemos también al recientemente fallecido Sergio Diez, Embajador de la Dictadura, quien negó la existencia de los detenidos desaparecidos. Jovino Novoa, por su parte, fue Subsecretario General de Gobierno de la dictadura, entre muchos otros nombres de quienes colaboraron, defendieron y legitimaron a esta.
Hace pocos días, sobre el Caso Quemados, el secretario general de la UDI Guillermo Ramírez señaló que si bien se cuenta la verdad no se hablaba del contexto, por otro lado, justificó el rol de los funcionarios de la Dictadura, como Jovino Novoa, diciendo que "no sabían lo que pasaba". Son los mismos que despidieron con honores a Sergio Diez y que cuando salieron los informes Rettig y Valech insistían en que había que contextualizar y decían que la violación a los Derechos Humanos era algo individual y no institucional. Los mismos que viajaron reiteradamente a Londres a visitar a su general, al que hasta último momento rindieron honores.
Por otro lado, algunos integrantes de la derecha han debido cambiar el discurso y reacomodarse, como Hernán Larraín, quien acaba de señalar que Contreras no debería morir como general, sin embargo, el diputado del mismo partido que Larraín, Ulloa, indicó que si Contreras muere debe ser honrado por el Ejército, ya que es lo que corresponde por ley. Ulloa es una de las personas que visitaba al mamo Contreras en la cárcel.
Verdad y justicia
El debate sobre los Derechos Humanos y las políticas de impunidad y reconciliación que se llevaron adelante desde la transición, son una más de las herencias de la Dictadura. Así como se mantuvo el neoliberalismo, la privatización de la salud y la educación, la subcontratación y el Código del Trabajo, se mantuvo también el silencio y la impunidad, que permiten aún que gran parte de los hechos cometidos en Dictadura sigan sin ser juzgados, sus responsables libres y los que están condenados, lo hagan en centros especiales llenos de beneficios.
Esto no es casual, ya que la transición también se sostuvo en la estabilidad y perpetuación del sistema económico que se impuso en aquella época, y en salvaguardar a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que aún hoy ejercen el mismo rol de represión a los que luchan, como puede verse en los recientes casos de Rodrigo Avilés y de Nelson Quichillao, en los intentos de aumentar las penas y criminalización a los que luchan, entre otras cosas.
