Entre la búsqueda del voto magisterial por parte de AMLO y el cierre de filas de la derecha empresarial para frenar su avance electoral, los trabajadores de la educación necesitamos organizarnos tras un programa y una política independiente.
Arturo Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Sábado 19 de mayo de 2018
El sábado 12 de mayo, López Obrador dio a conocer un “decálogo por la educación” en el “Encuentro Nacional con Maestros Democráticos” en Guelatao, Oaxaca.
Entre sus propuestas destaca la de cancelar la reforma educativa, o más precisamente, utilizar “las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”. A esto seguiría el envío de una iniciativa de reforma que no afecte los derechos de los maestros.
Estas declaraciones despertaron la furia de la derecha empresarial, que ya con antelación había iniciado una campaña -encabezada por Mexicanos Primero- en defensa de la reforma educativa y los planes neoliberales contra la educación pública.
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Para el empresario Claudio X. González, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción, la posibilidad de que se "cancele" la reforma educativa “es una irresponsabilidad histórica; es traicionar el derecho de la juventud a un mejor futuro”.
Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró: “Es necesario que el próximo presidente reconozca que no se puede detener el cambio en la educación, la transformación. Debemos seguir avanzando”.
Como lo demuestra la propia reforma educativa (mandatada por la OCDE y los organismos financieros internacionales), a los empresarios no les interesa la educación del pueblo trabajador, ni los derechos de los maestros. Sus intereses están puestos en precarizar la labor docente, convertir la educación pública en un negocio y educar a los futuros trabajadores para una vida de súper explotación.
Al mismo tiempo, las preocupaciones de estos empresarios van más allá de sus planes en el terreno educativo. En medio de la coyuntura electoral, tienen la clara intención de restarle votos a López Obrador, o de imponerle su agenda en caso de no poder impedir que éste triunfe.
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En el mismo sentido, el priista secretario de Educación Pública, Otto Granados, dijo el pasado 15 de mayo, desde Los Pinos, que no es razonable negar los avances de la reforma educativa y que es indecente el intento de destruirla.
En su turno, el traidor presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, cínicamente defendió la reforma educativa al plantear que garantiza la certeza y estabilidad laboral de los maestros.
El decálogo y sus límites
En su decálogo, López Obrador plantea medidas como fortalecer la educación pública; alimentación en escuelas de zonas marginadas; becas para estudiantes de escasos recursos; ningún rechazado de las universidades públicas; fortalecimiento de las normales y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
Para el dirigente de Morena, los recursos para financiar estos y otros planes sociales provendrían del ahorro que supondría un gobierno austero, sin lujos, que acabe con la corrupción institucional [1].
Pero, ¿cómo acabar con la corrupción si el propio Morena integra a cada vez más tránsfugas de los partidos de la “mafia en el poder”? ¿Qué podemos esperar los maestros democráticos de un partido que promueve como dirigentes a ultraderechistas como Manuel Espino; o a charros consumados, como Rafael Ochoa, quien fuera mano derecha de Elba Esther Gordillo?
Política que sólo puede servir para recomponer y fortalecer a este sector de la burocracia sindical, tan corrupto y entreguista como los actuales líderes del SNTE. ¿Qué posibilidades reales hay de "regenerar" un régimen político podrido hasta la médula, como lo evidenció ante los ojos del mundo la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Nochixtlán?
El decálogo también contempla un plan educativo elaborado por maestros, padres de familia y expertos; respetar la autonomía e independencia del magisterio; retomar las propuestas educativas de cada entidad; impulsar la educación indígena; suspender las cuotas que pagan los padres de familia, e internet público gratiuito en todo el país.
Todo esto está muy bien, pero es insuficiente ante el desastre provocado por el avance de los planes neoliberales para la educación, que no se puede enfrentar sin cuestionar los dictados de la OCDE y luchar por una transformación educativa radical, impuesta desde abajo, a partir del acuerdo entre alumnos, maestros, padres de familia, las organizaciones de trabajadores y otros sectores populares.
Una condición indispensable para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje es la reducción del número de alumnos por grupo, lo cual exige que haya más salones, más escuelas y más maestros.
Los egresados de las normales públicas y la UPN, que se prepararon específicamente para ser maestros, deben tener el derecho a una plaza automática y basificable.
Para elevar realmente el nivel de la enseñanza, necesitamos instalaciones óptimas, bien equipadas y seguras, a prueba de sismos; espacios destinados al deporte, la cultura y las artes. Debe garantizarse la adecuada alimentación de los estudiantes en todos los centros escolares.
Para poder acompañar y apoyar este proceso, los padres de familia necesitan de tiempo libre y salarios que alcancen. Por lo que la jornada laboral en todos los centros de trabajo debería ser reducida a seis horas, cinco días a la semana, con plenos derechos laborales y sindicales, así como un salario que al menos cubra el costo de la canasta básica y que aumente de acuerdo a la inflación.
Buena parte del trabajo docente no es remunerado. La jornada debería ser de seis horas diarias como máximo, con salario de tiempo completo, cuatro horas frente a grupo y dos para planear, preparar clases, calificar, atender a padres y alumnos, etc.
La actualización docente no debe robarnos tiempo de nuestra vida. Esta cuestión se puede solucionar con periodos alternados de actualización (remunerados) y frente a grupo.
El necesario el aumento al presupuesto educativo para llevar adelante un programa de estas características, debe salir del no pago de la deuda externa y de impuestos progresivos a los grandes empresarios, es decir, enfrentando los planes de la OCDE y atacando los intereses de los capitalistas, nacionales e imperialistas, lo que al parecer López Obrador no está dispuesto a hacer, pues según afirmó “necesitamos a los empresarios para transformar a México”. Pero ya vimos cómo el interés de éstos es avanzar con la privatización de la educación pública.
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Voto corporativo
Por último, queremos señalar que la política "progresista" dirigida por AMLO hacia el magisterio (de la mano de los charros gordillistas) se restringe a este gremio, mientras para el conjunto de la clase trabajadora promete un imposible: conciliar los intereses de los empresarios con los de los trabajadores que ellos mismos explotan.
Ante esta coyuntura electoral y bajo un posible gobierno del Morena, desde Nuestra Clase opinamos que los maestros y el conjunto de los trabajadores, más allá de las expectativas que pueda haber en López Obrador, debemos organizarnos de manera independiente y movilizarnos unificadamente en las calles por nuestras demandas, luchando por un gobierno de los trabajadores que pueda resolver las necesidades de las grandes mayorías.
(1) Recordemos que el candidato presidencial ya prometió no subir impuestos ni aumentar la deuda pública.
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