La semana pasada se conoció el decreto 9539 del gobierno provincial en el que proclama para docentes de nivel primario e inicial una suma en negro de 1.405 pesos mensuales durante el período de marzo a diciembre. El pago se realizaría sólo para docentes frente a alumnos y que no registren faltas.
Domingo 2 de junio de 2019 22:45
La noticia del gobernador en época electoral, causó indignación en el sector docente cuyo salario se encuentra bajo la línea de pobreza en un contexto donde los tarifazos y la caristia de la vida no dan tregua.
El decreto en cuestión no sólo representa una muestra más del cinismo del gobierno de la provincia que junto a la ministra Calsina intentan en momentos muy críticos para los/as trabajadores/as, tener un gesto a través de la módica suma de 1.405 pesos, con los cuales ni siquiera puede pagarse una boleta de luz y agua para una familia tipo.
Esta medida fue repudiada por varios motivos, entre los cuales se enumera el accionar por fuera de la mesa paritaria, de forma inconsulta y autoritaria. A su vez, la suma que sería entregada desde julio, posee condicionantes tales como, la no contemplación de inasistencias del docente, no importa la causal, lo que una vez más vulnera los derechos laborales como el derecho a huelga, el derecho de cuidar de la familia y los hijos en caso de enfermedad, una licencia por maternidad, etc.
Mientras la legislatura de la provincia hace más de un mes no sesiona, no sólo el bloque oficialista, también los diputados del PJ han rechazado el pedido que los diputados del Frente de Izquierda realizaron hace dos semanas para que se llame a una inmediata sesión que tome las principales preocupaciones del pueblo trabajador. Para Calsina y Morales, sí vale descontar a las maestras que faltan, pero la vara que mide la eficacia y el desempeño según el gobierno no sería la misma para sus diputados y casta política que hace más de 30 días no acusa recibo en el recinto de la legislatura.
Un segundo motivo que desnuda la limosna de Gerardo Morales hacia los y las docentes radica en el hecho que la suma no bonificable y no remunerativa sólo se aplicaría para docentes a cargo de alumnos y en el tiempo que el gobierno opina transcurre la tarea de enseñar, de marzo a diciembre.
El desprecio hacia la tarea docente no tiene parangón ya que no se necesita ser un académico/a de ciencias de la educación para saber que la compleja tarea de enseñar supone un tiempo previo de elaboración de las propuestas áulicas y otro momento de evaluación particular de los/as chicos/as a la vez que se realizan evaluaciones institucionales.
Al respecto, el docente y candidato a diputado provincial Gastón Remy, realizó las siguientes declaraciones: “No sorprende esta decisión de tipo electoral del Gobernador que impone continuamente su política de ajuste sobre las maestras y docentes como fue con el famoso presentismo o los pases a disponibilidad. Si le interesara recomponer los salarios debería fijar un mínimo por cargo igual a la canasta familiar. Esta pelea es necesario darla en los gremios para que salgan de la pasividad y convoquen a un plan de lucha contra todos los ataques a la escuela pública".
Un modelo educativo discriminatorio acorde a las exigencias del FMI
Las tendencias del modelo educativo que se propone para Jujuy se caracterizan por cumplir a raja tabla lo que estipula el banco mundial desde los ´90. Es decir, un paquete de medidas que bajo la consigna de la eficacia y la rentabilidad, reduzca todo lo que se pueda los “costos” de la educación pública. No hacen falta más escuelas y maestros, sino optimizar los “recursos” que ya están. Las consecuencias de este modelo son nefastas, las familias y los/as estudiantes lo saben cada vez que sufren en carne propia la caída de un techo, la falta de calefacción, las obras de las escuelas que nunca terminan, la falta de leche y refrigerio para los chicos, la falta de jardines maternales para que los/as estudiantes puedan terminar sus estudios, etc.
Para el trabajo docente, estas medidas significan, el cierre de cursos, el hacinamiento de niños/as que se cuentan en algunos casos en más de 40 chicos por aula, el pase a disponibilidad de cientos de docentes que según este criterio numérico antipedagógico representan un “gasto” para el gobierno. Y la lista continúa….
En este marco, el decreto de Morales viene a reafirmar y constatar cuáles son sus intenciones frente a la educación pública y de calidad, por esto desde el Frente de Izquierda se propone afectar las ganancias de los grandes empresarios a través de impuestos, para que ese dinero sea destinado a la educación.
