El déficit de vivienda en nuestro país es un problema estructural, un problema de cientos de miles de familias pobres y trabajadoras, pero también una suculenta fuente de ingresos de bancos y grandes inversionistas. Urge discutir un plan de emergencia habitacional, impulsado por las y los trabajadores en conjunto con los comités de vivienda. Un plan que plantee prohibir los desalojos, condonar la deuda hipotecaria, expropiación a los bancos e inmobiliarias que hacen negocios con el suelo, fin a los subsidios a los privados y estatización de los suelos urbanos.
Miércoles 30 de agosto de 2023
El frente de mal tiempo develó las dificultades para acceder a una vivienda con una infraestructura que soporte las intensas lluvias del invierno. Viviendas trasladadas por ríos desbordados, desborde de alcantarillado, establecimientos y centros de salud inundados, un edificio al borde del abismo en las dunas de Concón, empresas vinculadas a la casta política que no cumplen con los requisitos mínimos de construcción, como,la empresa Galilea S.A. -donde el candidato a la presidencia del Partido de Renovación Nacional tiene participación directa- dejando inundadas 400 viviendas en Curicó, son algunos ejemplos recientes de estos tres meses de invierno.
El problema al acceso a la vivienda es un problema que refleja una gran desigualdad de clases. La pandemia de Covid-19 junto con las catástrofes climáticas han visibilizado la pésima planificación urbana ante la falta de integración, prevención y gestión de riesgos, presentando críticas a los planes de regulación comunal a través de las formas de tenencia de la propiedad del suelo. Además, los bajos y precarios sueldos junto con la inestabilidad laboral han puesto una piedra de tope para el incansable sueño de “la casa propia”.
Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) se ha planteado un plan de emergencia habitacional que tiene como meta levantar 640 mil viviendas en cuatro años, para solucionar el problema de allegamiento, hacinamiento o viviendas irregulares. Se trata de los subsidios habitacionales, los cuales se han convertido en una medida parche ante el alza de los precios inmobiliarios y una mediación para acrecentar el negocio de las inmobiliarias y bancos.
¡No a las alzas! Congelamiento de los precios de primera necesidad y sueldo mínimo de 650.000 pesos
Según un estudio de la OCDE (2018), Chile es uno de los países que tiene el sueldo mínimo más bajo y precario. Este 1 de septiembre el sueldo mínimo llegará a 460.000 pesos brutos ($373 mil líquidos), mientras que, en el Gran Santiago el transporte público subió $10 pesos y el costo de los alimentos subió tras “las pérdidas del sector agrícola por la sequía y recientemente por el sistema frontal”. Si combinamos los gastos básicos para un hogar promedio, es sabido que no existe ahorro alguno para el irrealizable sueño de la casa propia.
Es más, la línea de la pobreza (gasto total del hogar por ingreso per cápita) durante el mes de julio llegó a $221.123 pesos por persona equivalente, y $583.546 para un hogar de 4 personas, la cual no alcanza a cubrir una pensión por jubilación promedio. Es por esto que urge plantear un sueldo mínimo bruto de 650.000 pesos, cifra que propone el Sindicato Starbucks para costear los aspectos básicos y necesarios para sostener la vida.
¡Fuera el negocio inmobiliario! Fin al subsidio a los privados
El rol de la dictadura fue determinante a la hora de definir el esfuerzo financiero individual como vía clave de acceso a la vivienda, dejando al Estado en un rol subsidiario”. Los gobiernos de los 30 años de “transición a la democracia” han intentado robustecer el subsidio de la vivienda social y con esto, perpetuar la vivienda como una mercancía que depende del esfuerzo individual. Con esto, se considera al suelo y la vivienda como un bien de consumo, y no como un derecho garantizado, esta lógica sustenta al mercado inmobiliario, y faculta a agentes privados a la planificación, construcción y comercialización de proyectos habitacionales, con un sentido primordial de lucro, y no como solución del creciente déficit habitacional.
Y de ejemplos hay muchos. El reciente estudio del Centro de Estudios Techo “Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023”, afirma que existe un total de 113.000 familias que viven en casi 1.300 campamentos, cifra que ha aumentado en un 39,5% en comparación con el informe anterior ( Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021). También ha aumentado la cifra de familias que viven arrendando una propiedad. El documento de trabajo “Tenencia en arriendo en la política habitacional en Chile: Desafíos de integración social y urbana” (Link, 2021), del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad de Chile, indica que existe un crecimiento relativo de arriendos entre 1990 y 2017 a nivel nacional, de un 17% a un 22%, donde las regiones con un mayor porcentaje de arrendatarios son Tarapacá (32%); Antofagasta (28%) y la Región Metropolitana (28%). Tanto en Antofagasta como en la Región Metropolitana, presentan además, los porcentajes más relevantes en relación a la presencia de inmigrantes, un 30% y 24% respectivamente.
Por su parte, el gobierno de Boric en abril de este 2023 lanzó el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), cuyo objetivo es apoyar a las familias para la obtención de un crédito hipotecario. Esta ley involucra un aporte fiscal inicial de 50 millones de dólares para dos programas; el subsidio de viviendas a través del vínculo con 9 bancos y el programa de apoyo a la construcción, dirigido a dar garantías de financiamiento a las empresas del sector inmobiliario y de construcción. Es decir, se mantiene el financiamiento a los privados.
Para poner fin al negocio a los privados es necesario que sea el suelo urbano sea estatizado y que el Estado invierta en planes de emergencia habitacionales sin concursos ni licitaciones a empresas y fundaciones, estos recursos deben ser inyectados a planes habitacionales públicos, gestionados por comités de vivienda, trabajadores de la construcción y profesionales independientes, quienes planifiquen su construcción y distribución.
¡No a la ley anti-tomas! Disposición de infraestructura habitable desocupada.
En junio de este año con votos del Partido Socialista y la derecha se aprobó la ley contra tomas y ocupaciones, una ley que criminaliza directamente la pobreza. Se trata de un proyecto reaccionario total, el cual busca condenar a quienes apenas puedan acceder a una vivienda a una condena con penas de cárcel por tomas y ocupaciones, donde en el proyecto se denominan como “usurpaciones”.
Ante cientos de miles de hogares sin casa y violencia machista que expone a miles de mujeres a convivir con su agresor, es urgente una medida de infraestructura habitable de carácter de emergencia, de forma gratuita y transitoria, en la cual se deba utilizar unidades habitacionales dignas y adecuadas a través del inmobiliario de inmobiliarias millonarias en espera de arriendo o ventas y segundas viviendas de los súper ricos.
Condonación de la deuda hipotecaria
El derecho a acceder a una vivienda digna, como derecho de todas y todos, no puede estar condicionado por el tamaño del bolsillo. Considerando que la mayor deuda de los hogares proviene de este crédito hipotecario, que en muchos casos tiene una tasa de retorno superior al 50%.
Expropiación a grupos empresariales que especulan con la vivienda y a terrenos de las Fuerzas Armadas y del Orden
Según el investigador Dauno Tótoro Taulis, las FF.AA tienen bajo su poder alrededor de 1.600.000 hectáreas con un porcentaje importante sujeto al régimen de Patrimonio de Afectación Fiscal, lo que permite que estas instituciones puedan disponer sus terrenos al mercado. El gobierno de Boric, recientemente traspasó 24 hectáreas de inmuebles administrados por el Ejército. Sin embargo, esta cifra es insignificante con la gran cantidad de terreno ocioso del cual se está mercantilizando ¡Por la expropiación del Estado sin pago! Porque el bien común de la mayoría debe primar sobre la propiedad privada, se debe expropiar los terrenos ociosos y ponerlos a disposición de la gestión de pobladores sin vivienda y trabajadores en comités de vivienda para la planificación, construcción y distribución.
