La crisis de la pandemia del Coronavirus en la Villa 31 se vive entre abuso policial, hacinamiento y preocupación por la situación alimenticia y sanitaria.
Jueves 26 de marzo de 2020 19:30
Foto: vecinos de la 31
¿Sabés lo que no te muestran los noticieros? No te muestran cómo la policía de la ciudad sin mediar palabra “levanta” a los jóvenes de las calles del barrio Cristo Obrero y en el bajo autopista, no te muestra cómo detienen a un trabajador del merendero y militante del Movimiento Evita a pesar de ser una tarea esencial y estar contemplada dentro las excepciones a la cuarentena, no te muestran lo que decenas de vídeos filmados por los propios vecinos sí: las detenciones arbitrarias, la incógnita sobre el número de detenidos, la brutalidad y la impunidad de la policía que ahora tiene todavía más luz verde que antes para desplegar su accionar.
Es un barrio en el cual la mayoría de los trabajadores se encuentran no registrados, no cuentan con ningún tipo de permisos laborales expedidos por sus patrones o del GCBA, que los hacen ir a trabajar en el marco de la cuarentena obligatoria. Si cuentan con un trabajo o “changa” viven al día, lo que significa que si no salen de sus casas para ir a trabajar, no pueden llevar el plato de comida a sus familias.
Entonces ¿qué pasa con las familias que viven hacinadas en habitaciones que vuelven imposibles el “distanciamiento social”? Mientras aumentan las medidas punitivas hacia la sociedad en general, sobre los sectores más vulnerables recaen con toda la fuerza, mientras no se invierte en condiciones de habitabilidad y medidas preventivas, como tests masivos que permitan detectar a tiempo el virus, complementado con las medidas de aislamiento. Además de garantizar a todas las familias que así lo requieran una vivienda temporal para evitar el hacinamiento; abriendo los hoteles que se encuentran vacíos o expropiar algunas de las más de 400.000 viviendas vacías que abundan en la ciudad, por nombrar algunas de las medidas elementales de emergencia que podrían implementarse.
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Lo que huele mal es la desidia de gobiernos y empresarios
A su vez, en la Cooperativa de Barrido y Limpieza del barrio se encuentran de paro debido a que el Gobierno de la Ciudad no les garantiza medidas básicas de higiene como barbijo y guantes de látex para poder realizar su trabajo. Ante esto los trabajadores decidieron no poner en riesgo su salud ni la de sus familias y los habitantes del barrio. Una de las vecinas comenta: “El olor es insoportable y es un foco de infección, tanto se está hablando de Coronavirus y no les importa nada a los de la Secretaría” (de Integración Social y Urbana). Que estas tareas de recolección se desempeñen en el marco de las cooperativas coloca de hecho a sus trabajadoras como “de segunda” que no cuentan con derechos laborales ni garantías. Todo esto en el marco de no otorgarles la recolección de residuos como a todo el resto de los habitantes de la ciudad, siendo que sólo el 16% del total de villas y asentamientos de la CABA tiene acceso a este servicio.
Otra vecina dice: “hoy en la feria hay sólo algunos manteros están trabajando, aunque no en los armazones que están a cargo del Gobierno de la Ciudad. Pero la situación económica está difícil para algunas familias que viven de la venta en la feria del barrio, si no laburan no tienen plata para lo básico que es comer”.
Esta es una preocupación latente entre los vecinos de la 31, así como los problemas edilicios que tienen las casas en que viven, con espacios que no cuentan con condiciones elementales de ventilación, aislación y servicios básicos. La urbanización trucha que montó el GCBA, estuvo repleta de irregularidades tanto en las obras de los servicios públicos, como las viviendas. Limitándose sólo algunos sectores del barrio y expulsando una gran parte de ellos, de forma compulsiva e ilegal, como denunciamos desde este medio.
En el marco de la cuarentena obligatoria, el Gobierno Nacional anunció un bono de $10.000 para quienes se encuentran en las categorías más bajas del monotributo, exceptuando a los que cuenten con algún otro ingreso en sus hogares. El índice de la canasta básica familiar supera los $60.000 para cuatro personas y como informó el INDEC en Argentina más del 40% trabaja de manera precarizada (monotributistas, trabajadores informales). Que el Presidente diga que quien no respeta a las fuerzas de seguridad se tiene que atener a las consecuencias, habiendo miles de personas que tienen que salir a trabajar para poder llevar el plato de comida a sus casas, deja claro cuales son las prioridades del gobierno.
La población de las villas y asentamientos son un grupo de riesgo particular de contagio, por las condiciones ambientales en las que habitan; el Estado es responsable por haberle negado derechos básicos durante décadas que, ante la pandemia hace que se encuentren en esta condición de vulnerabilidad. Tienen que garantizar la recolección de residuos otorgando todos los insumos necesarios de higiene a sus trabajadores. Así como, que puedan abastecerse de alimentos y disponer de centros de salud ambulatorios próximos y acceso a vivienda digna para quienes se encuentren en situación de hacinamiento.
Al final de esta edición liberaron a dos de los detenidos.
