Las tomas de tierras vuelven a visibilizar uno de los problemas estructurales de nuestro país: el déficit habitacional. Pero, ¿Qué sabemos sobre la realidad que viven estas personas? ¿Y de los que dicen ser los “dueños” de las tierras? ¿Qué implica esto para las y los jóvenes?
Hernán Álvarez Estudiante de Psicología - UNLP
Sábado 10 de octubre de 2020 09:39
¿Cuál es la realidad de los barrios populares?
De acuerdo al último informe publicado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en el año 2019, se relevaron 4416 villas y asentamientos populares en nuestro país. En ellas viven más de 935.000 familias, aproximadamente 4 millones de personas, de las cuales alrededor del 38% son menores de 15 años: un millón y medio de niños y niñas viven en un contexto de vulnerabilidad extrema.
Para bajarlo a tierra y darnos una idea de lo que esto implica, según el RENABAP, para que un barrio popular sea considerado como tal, debe cumplir las siguientes características: reunir al menos 8 familias agrupadas o contiguas, que más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo y que no tenga acceso regular a, por lo menos, dos de los tres servicios básicos (red de agua potable, red de energía eléctrica y red cloacal).
Las condiciones de vida de estas 4 millones de personas que viven en barrios populares son realmente alarmantes.
Casi el 94% de los barrios populares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente.
Casi el 99% no cuenta con acceso formal a la red cloacal.
Casi el 99% no cuenta con acceso a la red formal de gas natural.
Casi el 71% no cuenta con acceso a la red formal de electricidad.
Si bien los números son fríos y sabemos que detrás de ellos encierran la vida de millones de personas de carne y hueso, exponen el gran riesgo al que están sometidas estas familias cotidianamente. Vivir en estas condiciones, sumado al gran hacinamiento, deriva muchas veces en graves problemas de salud, que se intensifican en el actual contexto de pandemia que estamos atravesando.
Estamos hablando de millones de personas que son sistemáticamente invisibilizadas por el Estado. Se trata de un problema que se arrastra de hace décadas: el 68% de los barrios populares relevados se formaron antes del 2000 y el 21% durante la década del 2000. Es una deuda histórica que se tiene hacia estas personas que ven vulnerados sus derechos más básicos, que siguen siendo negados y postergados, generando marcadas desigualdades sociales, económicas y territoriales.
Esto se traslada también a una vulnerabilidad laboral. Solo el 16% de los adultos económicamente activos que viven en los barrios populares tiene un empleo registrado, “en blanco”, mientras que la gran mayoría cuenta con trabajos informales y precarizados o incluso, pese a estar buscando activamente trabajo, se encuentran desempleados. Esto se condice también con un aumento general del desempleo en el país, y con altos porcentajes de jóvenes que trabajan bajo condiciones de gran precarización, por eso no es casual que el 67% de las personas de los barrios populares tengan menos de 29 años.
Otro sector importante de estas familias está inactivo: se trata de personas que tienen que dedicarse a tiempo completo al trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de familiares (que como sabemos afecta a un gran porcentaje de mujeres en nuestro país, generando una desigualdad de género mucho mayor aún en las clases más bajas) y, por otro lado, jubilados y pensionados, que deben vivir sus últimos años en estas condiciones.
En consecuencia, las tomas de tierras y la construcción de asentamientos populares es la única salida que muchas personas encuentran ante la imposibilidad de acceder a un trabajo que les permita proyectarse la posibilidad de una vivienda propia. Todo esto es producto de un sistema que, lejos de poder transformarse en “un capitalismo en el que todos ganen” como plantea el presidente Alberto Fernández, genera aumentos exponenciales en la concentración de riquezas y, por ende, una mayor desigualdad social, hundiendo a millones en la pobreza.
¿Quiénes están detrás del pedido de desalojo a las familias de Guernica?
El Equipo de Investigación Política (EdIPo), realizó un informe donde precisamente se encarga de investigar a los distintos actores que procuran imponer el desalojo a las tomas en Guernica.
Por un lado, se encuentra el grupo inversor “El Bellaco SA” que posee una superficie de 360 hectáreas, de las cuales fueron ocupadas 60. Esta empresa está construyendo un proyecto de cuatro complejos de barrios privados escandalosamente lujosos, que incluyen canchas de rugby, de hockey, de fútbol, de tenis, piscinas y hasta lagunas artificiales. A pesar de este ostentoso proyecto, la firma dejó de pagar el impuesto inmobiliario en 2018 y registra deudas ante ARBA por casi 1 millón de pesos. Además, en junio de 2019, dejó de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados.
Otra de las denunciantes es Nidia Edith Desplats, que posee 350 hectáreas que limitan con las de “El Bellaco SA”, aunque las mismas no fueron ocupadas. Es presidenta de la firma “Liorsel SA” y madre Guido Giana, quien fue gerente financiero de PAMI durante la gestión de Cambiemos y actualmente es concejal de Presidente Perón por Juntos por el Cambio.
Por último, tres personas que dicen ser propietarias de terrenos más pequeños, aunque flojos de papeles: Vilma Alicia Enriquez, María Jacinta Medina Romero y Andrés Ríos.
El fiscal a cargo de la causa es Juan Cruz Condomí Alcorta, y hay dos cuestiones que es relevante recordar sobre él. En 2013, fue denunciado penalmente por el delito de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a la identificación de cadáveres luego de las inundaciones en La Plata. Y en 2018, intervino de manera persecutoria en el conflicto que llevaban adelante los trabajadores de Astillero Río Santiago.
¿De qué lado nos paramos los y las jóvenes?
Por un lado, nos encontramos con la dura realidad que deben atravesar cotidianamente millones de personas en las villas y asentamientos populares que a lo largo de los años se han ido proliferando en nuestro país, ante un sistema que constantemente los excluye y los margina y no les deja otra alternativa, vulnerando sus derechos más básicos: acceso a la educación, a un trabajo formal y a una vivienda digna.
Por otro lado, nos encontramos con aquellos que se dedican al negocio inmobiliario y la especulación, acompañado muchas veces de fraudes fiscales millonarios; ellos, por supuesto, son los que en este sistema siempre llevan las de ganar.
Por un lado, el déficit habitacional, hacinamiento y condiciones de vida absolutamente precarias e insalubres. Del otro, enormes porciones de tierras sin usar o destinadas a la construcción de lujosos countries a los que solo algunos pocos pueden acceder.
La postura de los grandes medios de comunicación y gran parte de los actores políticos de nuestro país ante el caso de Guernica fue muy clara: lejos de atender el problema de fondo, que es la dificultad del acceso a la vivienda, se encargan de criminalizar y estigmatizar a las familias, desviando el foco de atención hacia el método al que tuvieron que acudir para finalmente ser escuchadas y visibilizadas: la toma de tierras ociosas.
Mientras tanto, invisibiliza a las partes denunciantes: los verdaderos delincuentes que buscan construir lujosos complejos de barrios privados, para seguir incrementando sus ganancias a costa de evadir impuestos y precarizar a sus empleados.
Está muy claro que el rol del poder político, así como el judicial y el mediático, es el de defender los intereses de los poderosos, el de sostener un sistema que considera más rentable seguir construyendo countries y clubes de campo para los ricos, mientras millones viven en la miseria.
Ante una situación tan adversa, con una marcada asimetría de poder, es fundamental que, desde nuestro lugar, sigamos apoyando la lucha de estas familias que se mantienen firmes en el reclamo de tierras donde poder vivir. No podemos permitir el desalojo y la represión, pero tampoco respuestas transitorias llenas de falsas promesas que, lejos de resolver el problema, solo configuran una salida política y electoral para el gobierno en pos de conciliar las posturas de sus votantes más progresistas y las de la derecha.
Como viene sosteniendo el diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, Claudio Dellecarbonara, debemos continuar luchando para que esas tierras, así como todas las que actualmente se encuentran ocupadas, sean declaradas de utilidad pública y expropiadas, para garantizar el acceso a la vivienda de las millones de personas que en este sistema se encuentran en un lugar de extrema opresión y marginalidad.
La única salida real a un problema estructural como lo es el déficit habitacional solo es posible a partir de la lucha conjunta entre trabajadores, estudiantes, jóvenes precarizados y desocupados.
Es en este sentido, hoy tanto trabajadores como estudiantes de la salud de La Plata vamos a estar acompañando a las familias de Guernica en una nueva posta sanitaria para seguir organizando lazos de solidaridad y de lucha. Porque su presente es el futuro que este sistema proyecta también para muchos de nosotros y nosotras, con falta de empleo para la mayoría de los jóvenes, falta de vivienda, y cifras de pobreza que aumentan exponencialmente.
