Familias de los sectores más golpeados por la pandemia, las y los informales, desocupados y changarines toman un pedazo de tierra. La represión policial es inmediata. La propiedad terrateniente es sagrada. Editorial de “Pateando El Tablero”, programa de radio en 101.7 Jujuy FM, miércoles de 13 a 15hs.
Gastón Remy Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.
Miércoles 9 de septiembre de 2020 17:21
Foto archivo. toma de tierras 2011. Dpto Ledesma.
- En sintonía con otros lugares del país, sectores de la clase trabajadora más golpeada por la crisis y la pandemia, se lanzaron a la toma de tierras. La respuesta represiva no se hizo esperar. El gobernador Morales envió la Policía y tras un desalojo violento despejó las 30 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en Alto Comedero. Al menos, 10 serían los imputados por la Justicia.
- En la respuesta de ubicar a las víctimas de quienes se tienen que “quedar en casa” amontonados y sin trabajo es la misma en todo el país. El propio Presidente sostuvo que sería implacable haciendo caer todo el peso de la Ley sobre ellos. El que no tiene casa y no tiene una respuesta por parte de los empresarios o del Estado para acceder a una vivienda pasa a ser un “delincuente”, lo “peor de esta sociedad” y ante ello el escarmiento que le deparan los gobiernos y jueces se presenta como aleccionador.
- Pero también en la provincia existe una larga tradición de lucha por acceder a la tierra y a la vivienda, como la única forma de lograrlo, como también de fuertes respuestas represivas del Estado. En 2011 el inicio de una ocupación de tierras del Ingenio Ledesma, derivó en una brutal represión policial que se cobró la vida de tres trabajadores y del otro lado, de un policía. De ahí, la ocupación de tierras se extendió como reguero en toda la provincia, desbordando al gobierno justicialista de Walter Barrionuevo que tuvo que anunciar el plan “un lote para cada jujeño que lo necesite.”
- El anuncio bajo un nombre rimbombante fue utilizado por el gobierno para ganar tiempo y comenzar a restablecer el orden a pedido de los grandes propietarios de la tierra. El problema del acceso a la vivienda no fue resuelto. El propio gobierno de Morales, recordemos que recurrió a los anuncios grandilocuentes, cuando sostuvo que iba a construir 4200 viviendas por año y según sus propios informes apenas puso en pie 760 casas.
- El déficit sigue siendo de miles de familias sin acceso a la vivienda y la crisis económica agravada por la pandemia vuelve cada vez más duro la vida de dos o más familias que viven bajo un mismo techo o de aquellos que no pueden seguir pagando el alquiler. Las familias de jóvenes son las que más sufren este problema social. Tan solo recordemos que 9 de cada 10 jóvenes hasta 24 años trabajan en negro y el desempleo en las mujeres hasta 29 años más que duplica al promedio provincial.
- Es aquí donde cobra peso una realidad social que desde el gobierno y sus medios afines pretenden negar y poner en el banquillo de los acusados a quienes buscan por mano propia, ante la desesperación del hacinamiento en tiempos de pandemia, iniciar así algún tipo de solución a la falta de un techo propio.
- El mejor amigo y colaborador de Marx, Federico Engels, hacia fines del siglo XIX en una polémica con quienes pretendían justificar a la burguesía y al Estado ante la falta de generar las viviendas necesarias para amplios sectores de la clase trabajadora, se preguntaba, “¿de dónde procede la penuria de la vivienda? ¿Cómo ha nacido?”
- Allí Engels, ensaya una repuesta que en pleno siglo XXI, no deja de tener vigencia en sus contornos más generales en lo que hace a la relación capital-trabajo, entonces él decía que esta penuria “es un producto necesario del régimen social burgués; que no podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa trabajadora no puede contar más que con un salario y, por tanto, exclusivamente con la suma de medios indispensables para su existencia y para la reproducción de su especie; una sociedad donde los perfeccionamientos de la maquinaria, etc., privan continuamente de trabajo a masas de obreros; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ejército de reserva de obreros desocupados y, por otro lado, echa a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin trabajo; donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho mucho más de prisa de lo que, en las circunstancias presentes, se edifica para ellos, de suerte que pueden siempre encontrarse arrendatarios para la más infecta de las pocilgas, …”.
- Este gran ejército de desocupados disparado por la crisis pero que en Jujuy y en las provincias del NOA tiene un carácter estructural de precarización e informalidad laboral que supera ampliamente a otras regiones del país, es el que con la juventud y las mujeres a la cabeza, queda preso del hacinamiento y de la especulación de unos pocos dueños de la tierra y del negocio inmobiliario. Solo accede a la vivienda un sector reducido de la clase trabajadora y, aún así, no es nada fácil. El resto queda a merced del lucro capitalista y todo lo que implica vivir sin las mínimas condiciones de espacio y sanidad.
- En el caso del Estado, los gobiernos justicialistas o radicales, han demostrado que no están interesados en resolver el problema de la vivienda, incluso como vimos Morales desaloja a familias de tierras fiscales, cuando podría otorgarles esas tierras y poner en pie un plan de obras públicas, generando trabajo genuino. Pero esto sería un muy mal ejemplo para las familias terratenientes que viven en un paraíso gracias al Estado que protege sus tierras a fuerza de represión o les garantiza jugosos negocios. Recordemos que el populoso barrio Alto Comedero se originó luego de una expropiación de 600 hectáreas a la familia Bárcena, la cual, luego hizo juicio al Estado y logró una diferencia económica sustantiva porque le pagaron por tierras agrícolas, el precio de tierras urbanas. En el caso de la familia Blaquier, que gracias a la expropiación de las tierras de los pueblos originarios, hoy posee más de 157 mil hectáreas y solo produce 40 mil de caña de azúcar, también recibe permanentes compensaciones del Estado cada vez que tiene que ceder tierras para que la población pueda tener un lugar donde vivir. En cada expropiación de tierras, el Estado, no solo compensa a los terratenientes, sino que los propios funcionarios hacen su diferencia como denunció el periodista Horacio Verbitsky con el accionar de diputados del justicialismo y el hermano del actual Gobernador tras la toma de tierras en 2011. Compraron tierras por 720 mil pesos y las vendieron al Estado provincial por 30 millones.
- Como conclusión, el acceso a la vivienda es un derecho como contempla la constitución nacional, aunque ningún gobierno capitalista respeta. La historia demuestra que cada vez más, para amplios sectores de la clase trabajadora, solo puede garantizarse este derecho tomando la iniciativa en sus propias manos. Por eso, en la defensa de las familias que hoy toman tierras, rechazando la represión y hostigamiento del Estado y la Justicia, exigiendo a los gobiernos que entreguen las tierras e inviertan en un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores y generen trabajo genuino, allí está la posibilidad de comenzar organizar una salida de fondo al conjunto de los flagelos que vive a diario la clase trabajadora en esta sociedad.
Gastón Remy
Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.
