El proyecto de ley que discuten los diputados es una maniobra para no reconocer el derecho a decidir de mujeres y cuerpos gestantes. El movimiento de mujeres debe continuar la lucha por garantizar el aborto libre, legal, seguro y gratuito, así como métodos anticonceptivos gratuitos y educación sexual de acuerdo a las edades.
Viernes 13 de noviembre de 2020
El “derecho del niño y la niña por nacer” será un punto en la agenda a discutir en la Asamblea Legislativa el próximo 17 de noviembre, en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Este “derecho” junto con el proyecto de adopción anticipada, constituyen un ataque al derecho a decidir de las mujeres y cuerpos gestantes, ataque que proviene no solo de diputados religiosos, sino también del Gobierno del PAC.
El proyecto propone un supuesto derecho a la vida, a la integridad física, la familia, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, y la no discriminación, quedando prohibido cualquier procedimiento que detenga el embarazo. Además, exigen la no manipulación genética, por lo que también negaría la Fertilización In Vitro (FIV). También pretende que “el niño o niña no nacido” sea “cuidado más que cualquier otra persona, por parte de la familia, del Estado y la sociedad”, así como un llamado a que se “priorice el interés superior del niño por nacer”. El aborto es una realidad. Existe, ya sea de manera clandestina o segura, quedando la primera opción para las mujeres de clase trabajadora. El derecho a decidir, a la integridad física, a un aborto con todas las condiciones salubres necesarias, gratuito y sin ningún tipo de señalamiento, son derechos que el Estado debe garantizarle a las mujeres.
Frente a esta maniobra debemos responder con la organización del movimiento de mujeres. Rumbo al 25N, día contra la violencia hacia las mujeres, es necesario exigir Ni una menos por abortos clandestinos, así como Ni una menos sin derecho a decidir.
Si a los diputados que impulsan este proyecto les interesara tanto la vida de la juventud, la niñez y adolescencia, no impulsarían políticas de ajuste que precarizan cada vez más a la juventud, políticas que impulsan desigualdades sociales, afectando a niñez y jóvenes de la clase trabajadora, ni tampoco votarían a favor de recortes en educación y cultura, lo cual termina expulsando a la niñez y juventud de la educación pública y el acceso a la cultura. Al contrario, tanto desde la Asamblea Legislativa como dentro del Gobierno, pretenden que la crisis la pague la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, impulsando ajustes, impuestos y más endeudamiento que recae en la espalda de la clase trabajadora.
Si queremos hablar de derecho a la vida y de la no discriminación, tenemos que situarlo en las personas que existen en los hechos. Más específicamente, derecho a una vida digna, libre de explotación, opresión y discriminación hacia la clase trabajadora, la juventud y las mujeres. Es necesario exigir el no pago de la deuda externa, para que ese dinero se destine en solventar las necesidades de la clase trabajadora, juventud y mujeres, como, por ejemplo, educación y acceso a la cultura, salarios de cuarentena.
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Dentro de los nombres de las diputaciones que impulsan dicha propuesta, se encuentra la liberacionista María José Corrales, Patricia Villegas (PIN) y el también liberacionista Harrlan Hoepelman. Este último ha manifestado que el documento a discutir cuenta con el aval de la Conferencia Episcopal, la Universidad Católica, la organización Enfoque a la familia, entre otras entidades de corte religioso-institucional.
Una vez más, el Estado y la Iglesia son quienes se encargan de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra vida. Por ello es necesario oponernos al proyecto levantando la consigna ¡Por la separación real de la(s) Iglesia(s) y el Estado!, pues ha funcionado como un matrimonio bien convenido, una alianza entre las instituciones que sostienen el capitalismo y el patriarcado, que trae ataques y consecuencias para las mujeres, especialmente, las mujeres de clase trabajadora.
Ni las creencias personales, ni mucho menos la institucionalidad religiosa (que guarda silencio ante los múltiples casos de pedofilia realizados por sacerdotes) deben decidir sobre las condiciones materiales y las decisiones de las mujeres sobre su embarazo.
La moralidad cristiana, basada en el pecado y la culpa (curioso que no son los grandes capitalistas en quienes suele recaer el pecado y la culpa, sino que esta recae siempre en la clase trabajadora), no debe anteponerse a las necesidades materiales o decisiones personales de las mujeres que deciden abortar. Esta debe ser una decisión que le compete a las mujeres, y ante la cual el Estado lo que debe es garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante la decisión tomada. Se trata del derecho a decidir.
