El PRI en defensa de Lozoya. Caso Odebrecht en México de frente al próximo periodo electoral.
Lunes 23 de octubre de 2017
Primero fue el escándalo de la carta a través de la cual Emilio Lozoya pidió a Santiago Nieto, el fiscal destituido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), que declarara su inocencia ante la acusación de que había recibido 10 mil millones de dólares por adjudicar contratos directos a Odebrecht y que ese dinero se había destinado al financiamiento de la campaña electoral del actual presidente, Enrique Peña Nieto.
Luego vino el despido de Nieto. El argumento -dado a conocer por Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), pero que no es titular- fue “falta de ética” por haber denunciado las amenazas de Lozoya y dar a conocer la carta donde pide que lo declaren inocente.
Así operan el gobierno y los partidos que detentan el poder: se cubren las espaldas y a quien no esté alineado, le va mal.
La defensa de Lozoya
Lozoya ha llegado al extremo de buscar entablar una demanda contra Santiago Nieto, según declaró a Grupo Fórmula: “Le he instruido a mi abogado que demandemos por delitos que se configuren en violación a mis derechos. Esta denuncia continuará su cauce sea o no fiscal; evidentemente me ha generado un daño inventando una serie de falacias”.
Y respecto a la denuncia del exfiscal, Lozoya asegura que la carta enviada a la Fepade no fue para amenazar a Nieto sino para solicitar que lo citaran para aclarar el tema. Otro gesto de cinismo.
El principal argumento de la defensa de Santiago Nieto, que apelará la destitución este 23 de octubre ante el senado, es que Elías Beltrán no tiene atribuciones para despedir al funcionario. Los senadores tienen un plazo de 10 días para expedirse a favor o en contra.
La PGR cuestionada
Apenas el 16 de octubre, Raúl Cervantes, titular de la PGR, se vio obligado a presentar su renuncia ante la crisis por el nombramiento del fiscal general anticorrupción, al tiempo que se dio a conocer que es propietario de una Ferrari que domicilió en Morelos para evitar el pago de tenencia. El gobierno decidió entonces postergar el nombramiento del fiscal para después de las elecciones de 2018.
Mientras tanto, Ricardo Anaya, líder de Acción Nacional, y Miguel Barbosa, senador de la bancada del Partido del Trabajo y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), repudiaron la destitución de Santiago Nieto.
Anaya afirmó que la destitución es una maniobra para que Elías Beltrán nombre a un fiscal de la Fepade a “modo” para beneficio del PRI ante el próximo proceso electoral.
Por su parte, Barbosa señaló que “Es una sobrerreacción política del poder público del gobierno contra alguien que intentó avanzar en un procedimiento que sus conclusiones llevarían a la anulación del PRI y el actual gobierno por el dinero proveniente de sobornos para campañas políticas.”
El PRI ante su crisis
Lo que se expresa otra vez, es la debilidad del PRI y de Peña Nieto ante la amenaza de la bomba de Odebrecht, que finalmente explotará en las manos de su gobierno, así como sucedió en otros gobiernos latinoamericanos. Un caso en el que se han hecho anuncios de avances en la investigación. Y cuyas consecuencias le provocan gran preocupación ante las elecciones de 2018.
Esta crisis institucional del gobierno de Peña Nieto se suma a la crisis de legitimidad que arrastra desde 2014 cuando el Ejército –asociado con el crimen organizado- perpetró la masacre de Iguala y llevó a cabo la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y luego de sucesivos escándalos de corrupción, desde la casa blanca de Angélica Rivera en adelante.
Se da también en el marco de un gran retroceso político electoral del tricolor en su principal bastión, el Estado de México, donde retuvo la gubernatura, pero perdió 30% de su base electoral. Así se expresó el hartazgo de la clase trabajadora y los sectores populares en las urnas. Enfrenta para 2018 el gran temor de perder la presidencia, ya sea ante el Frente Ciudadano –integrado por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano-, o ante el mismo Andrés Manuel López Obrador y el Morena.
Aun así, ante la crisis política y social abierta con el sismo, el gobierno apostó a la desmovilización y la vuelta a la normalidad, apuntalado por la dirigencia sindical y los partidos al servicio de los empresarios. Mientras los damnificados del sismo, así como amplios sectores populares y de la clase trabajadora ven cómo se acentúa la carestía de la vida y la violencia. Aunque debilitado, el PRI no es un cadáver.
Entre los “de arriba” las aguas están agitadas. Todos quieren quedarse con el trozo más grande de pastel, en su propio beneficio, pero buscan evitar a toda costa que el descontento se exprese en las calles.
Urge poner en pie una herramienta política de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, independiente de los empresarios y sus partidos.
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