Torra, al igual que Jordi Pujol y Artur Mas, busca llevarse el “Peix al cova”. Un diálogo que engorda los bolsillos de los empresarios.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Miércoles 2 de enero de 2019
En su discurso de fin de año, Quim Torra insistió en el diálogo y la mediación internacional: “Hace falta que el Estado tenga la voluntad de generar un diálogo creíble, sincero y valiente para una solución democrática y política”. Y en que “Es por eso que no dejaremos de insistir en el diálogo, la negociación y la necesaria mediación internacional”. Estos versos no son originales de Torra, llevan muchos meses sonando.
Sin embargo, estas apelaciones al diálogo que llevan más de 6 años de procés no se cristalizan en permitir ejercer el derecho a la autodeterminación por parte del Régimen del 78, ni en la libertad de los presos políticos. Ni el Gobierno de Rajoy, ni el de Sánchez lo quieren negociar, por contrario permitieron la aplicación del 155 y la represión policial y facilitaron “la vía” judicial. Y, pensar que Puigdemont dijo que hacía el 1O para llevar al Gobierno (de Rajoy, en ese momento) hacia el diálogo (¡!).
Durante la oratoria Torra también hizo referencias a los presos políticos: “son inocentes, cumplieron con lo que les pedíamos y es necesario que vuelvan a casa”. También se quejó de que “haya exiliados y presos políticos”. Con alguna tímida referencia a la acción “redoblemos tiempo y esfuerzos en volver a tomar la iniciativa”. Pero nada sobre cómo luchar por la libertad de los presos políticos.
En el poder judicial, el Tribunal Constitucional ha sido la institución que más ha atentado contra la acción del Parlament catalán suspendiendo casi todas las leyes que salían de allí. El Supremo y la Audiencia Nacional se han encargado de sancionar, embargar y encarcelar a las caras visibles del 9N y del 1O con varios dirigentes en prisión preventiva. Y muchos juzgados hacen lo mismo con reconocidos activistas de los CDRs, intendentes y dirigentes sociales.
La medida “estrella” del President consiste en volver a votar en el Parlament “las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional”. En la primera reunión del año, el Govern aprobará una ley ómnibus que incluya todas las leyes que fueron vetadas por el TC. Lamentablemente, el orden institucional existente tendrá la posibilidad de volver a vetarlas. Una iniciativa que nace muerta. Estas medidas que benefician a millones solo podrán hacerse realidad imponiéndose sobre esa podrida institución de tan solo 12 personas del búnker.
Torra también apeló a la unidad de los demócratas para hacerse más fuertes “ante las embestidas” que sufren los “derechos sociales, civiles y políticos”. Sin duda alguna, JxCat y el PDeCAT están pensando en las municipales para evitar caer en un cuarto puesto y perder el bastón de mando. Parte de esta unidad consiste en sumar a los comunes, por ello en el discurso ni mencionó la independencia. Es la forma que tienen de “ensanchar” la base.
Las políticas de JxCat y de ERC no son muy diferentes. Ambas formaciones buscan negociar con el Estado español, mientras el Régimen del 78 busca reprimir al movimiento independentista catalán y sus dirigentes. Estos dirigentes están llevando al movimiento a un callejón sin salida. Mientras pasivizan las movilizaciones masivas, se dedican a hablar de negocios para las empresas catalanas.
Prueba de ello ha sido cómo se preparó la represión del 21D y la negociación entre Sánchez y Torra. Todo en beneficio de Foment del Treball, con los Mossos defendiendo al Gobierno central provocador y dando palos a quienes piden la libertad de los presos políticos. Aunque Torra hable de “rebelarse” y de “apretar más” está defendiendo al gran empresariado catalán.
Lo han dicho en varias ocasiones delante del juez o de los grandes medios de difusión: los dirigentes del procés buscaban con el 1O abrir una negociación con el Gobierno central. Y, eso es lo que están haciendo. Tratan de enterrar el 1O para volver con una nueva fórmula al aumento de presupuestos autonómicos que Artur Mas hiciera en 2010 con el “Pacte fiscal”. ¿Qué republica catalana podrá salir de una negociación con el Estado español? “Cap” (ninguna).
El hecho de que el PDeCAT dará luz verde al debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados es otra clara muestra. Los resultados de la reunión de Torra-Sánchez con algunas inversiones en el Principado, más de lo mismo. “Fem República” es un eslogan tan “válido” como “Todos somos Hacienda”. Mientras JxCat y el PDeCAT marean la perdiz, van acercándose a “su diálogo”, el de engordar los bolsillos del gran empresariado.
Mientras JxCat y ERC buscan negociar con el Presidente del Gobierno del Estado, el poder judicial del mismo Estado iniciará un juicio punitivo contra dirigentes de ambas formaciones políticas. Durante el mes de enero y con penas que llegan hasta los 25 años, el Régimen del 78 pretender castigar la “osadía” del 1O. Pero en el mensaje de Torra no oiréis llamada alguna a movilizarse (ni en el de Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Paluzie, Marcel Mauri, etc., etc.).
El 21D, también existieron varias decenas de miles que se movilizaron para denunciar la provocación del Gobierno Sánchez y por la libertad de los presos políticos. Que piden el cumplimiento del mandato del 1O y que de verdad se haga una República catalana como se votó en el referéndum del 1O. Las palabras de Torra no son solución para ellos.
Ensanchar la base entre trabajadores y estudiantes
La capitulación de JxCat y de ERC es evidente. Las dos organizaciones mayoritarias de la “sociedad civil”, esto es Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana se comportan con guante de seda ante dicha capitulación. La CUP debe romper en los hechos (y no solo en el discurso) con las mal llamadas fuerzas soberanistas para enarbolar una política independiente de la burguesía catalana.
La CUP influencia mayoritariamente los CDRs, tiene mucho peso entre el estudiantado y hegemoniza el espacio de izquierda anticapitalista en el Principado. Tiene la responsabilidad de reorganizar a todas esas decenas de miles que protestaron en las calles. La izquierda sindical que convocó la huelga del 3O también tiene mucho para hacer, puesto que el 80% del pueblo catalán reivindica su derecho a decidir.
Romper con JxCat y ERC significa que la CUP y la izquierda sindical impulsen asambleas y comités en los lugares de estudio y de trabajo. De ésta forma se podrá reagrupar a los miles y miles que quieren luchar como vimos el 21D. Ante la capitulación de JxCat y ERC y el abandono de las calles que han hecho Òmnium y la ANC, la izquierda debe dar un paso al frente para reagrupar la vanguardia del movimiento independentista.
Estos comités sumados a los CDRs serán quienes podrán organizar las protestas contra el juicio que comenzaría a finales de enero o principios del mes siguiente. Organizar manifestaciones de trabajadores, estudiantes y barriales y todo tipo de acciones para denunciar un juicio de castigo a quienes organizaron el referéndum del 1O y de castigo al pueblo catalán.
Este movimiento deberá apelar a la solidaridad del reto del Estado como sucedió en su momento con destacadas movilizaciones durante el período en que se organizó el referéndum y fue reprimido. Muchas universidades han realizado un referéndum contra la monarquía en la cual también preguntaban si estaban de acuerdo en abrir varios procesos constituyentes e incluso más de 100 organizaciones denunciaron la parcialidad del Tribunal Supremo..
En la UAM lo dejamos claro, no queremos heredar la monarquía y queremos procesos constituyentes para decidirlo todo!!!
También en @ReferendumUC3M @ForaCatBorbo y @ReferendUV
El 12D seguimos, @Refucm_upm @ReferendUNIZAR @ReferendumUdc ! Esto no lo para nadie! 🌊 #LaUniDecide https://t.co/seqAfAy52m— Referéndum UAM (@ReferendumUAM) 6 de diciembre de 2018
Si la CUP junto al resto de la izquierda y los sindicatos alternativos se pone a la cabeza de reorganizar el movimiento en los lugares de trabajo y estudios impulsando comités por la libertad de los presos políticos y contra la represión, podrá resurgir el movimiento popular catalán desde la perspectiva de los abajo, es decir de resolver los problema del paro, la precariedad y todos los derechos democráticos y nacionales que el estado español está pisoteando.
