Las reformas impulsadas en Buenos Aires sobre los plástico de un solo uso no han estado exentas de polémicas entre “prohibicionistas” y “regulacionistas”. Según recolectores, no hay proceso para hacer “el circuito de la comercialización”. Los recicladores argumentan que “las plantas no están capacitadas para el posconsumo”.
Sábado 14 de noviembre de 2020 14:11
Juan Ignacio Roncoroni/EFE
El pasado 6 de noviembre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso, aprobó un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos de un solo uso, aquellos que se calcula que tienen un promedio de uso de 20 minutos pero que tardan entre 150 y 500 años en desaparecer completamente.
La vicepresidenta de la Comisión, la diputada cordobesa Brenda Austin (UCR) ya había presentado en agosto de 2019 la iniciativa legislativa: “La contaminación por plásticos es un desafío ambiental que requiere acción inmediata. Todo el plástico que desechamos nos vuelve. Micropartículas y pedazos diminutos entran en nuestros ecosistemas y contaminan nuestra comida, agua y aire. Se calcula que comemos 5 gramos de microplásticos por semana: el equivalente a una tarjeta de crédito”.
No se trata de una iniciativa solitaria. En la Comisión de Ambiente de la legislatura porteña, tanto la banca del Frente de Todos, bajo la conducción de Cecilia Segura, como la de UCR-Evolución, bajo la conducción de Manuela Thourte, presentaron respectivamente proyectos para “reducir la generación de plásticos de un solo uso vinculados al consumo de alimentos” y “promover la transición a una economía circular”.
Sin embargo, las reformas impulsadas en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años sobre el uso de plástico no han estado exentas de polémicas y visiones cruzadas. A la oposición que la Cámara del Plástico y el Sindicato del Plástico han manifestado por el cierre de empresas y la pérdida de empleo, se suman los temores de pymes recicladoras ante los vaivenes del precio del petróleo y de las cooperativas recolectoras ante la inseguridad laboral y la exposición sanitaria.
La cruzada contra el plástico
En agosto de 2019 la Ciudad de Buenos Aires adhirió al Compromiso Global para la Nueva Economía de los Plásticos, un acuerdo impulsado por ONU Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur para erradicar la contaminación plástica desde su origen.
“La basura marina es uno de los ejemplos más visibles e inquietantes de la crisis de contaminación por plásticos que enfrentamos”, señaló Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, en el lanzamiento de la campaña. “Este compromiso es el paquete de objetivos más ambicioso que hemos visto hasta ahora en la lucha para vencer la contaminación por plásticos”.
Las noticias de animales marinos como ballenas, tortugas o aves que confunden los plásticos con alimentos se multiplican día a día. Se calcula que este material representa el 85 % de la basura marina y que cada año se arrojan más de ocho millones de toneladas a los mares y océanos, el equivalente en peso a 268 Congresos de la Nación por año.
El Compromiso Global fue firmado por 250 organizaciones, incluyendo multinacionales como Danone, L’Oréal, PepsiCo, Coca Cola y Unilever, entre otras, responsables del 20 % de todos los envases plástico a nivel mundial. También adhirieron empresas minoristas y recicladores, así como gobiernos y ONG.
Dos años antes, la ola de medidas contra el plástico en América Latina y el Caribe desembarcaba con la campaña Mares Limpios, también obra de ONU Medio Ambiente. La región cuenta con el segundo mar más contaminado del mundo con plástico, el Caribe. Para cuando fue lanzado el Compromiso Global, Mares Limpios ya agrupaba a 16 países latinoamericanos, más algunas ciudades de Brasil y México.
En la Ciudad de Buenos Aires la prohibición de la entrega de bolsas plásticas de un solo uso comenzó en enero de 2017, y para sorbetes en noviembre de 2019. Según informó el Gobierno de la Ciudad, la prohibición “evitó que más de 500 millones de bolsas por año terminen en rellenos sanitarios o en los desagües pluviales”.
Sin embargo, la medida contó con la oposición de la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP), de la ONG Ecoplas, vinculada a Dow Chemical y PetroPack, entre otras, y de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP). En síntesis, señalan que no es negocio prohibir, porque las pymes no tienen financiamiento para la reconversión tecnológica, y apuestan al desarrollo de la industria del reciclado.
Otros sectores, como los recicladores de botellas y las cooperativas recolectoras argumentan que bolsas y sorbetes “no tienen proceso para hacer el circuito de la comercialización” y que “las plantas no están capacitadas para el posconsumo”.
Una política sin transición
En septiembre de 2016 Ecoplas ya había denunciado que la inminente prohibición de bolsas era una medida “fundamentalista” y que “la mejor opción para el medioambiente y los consumidores” era “el consumo racional, reutilización y reciclado de las bolsas plásticas”.
Por su parte, UOYEP informa a sus afiliados que su objetivo como sindicato es “proteger los puestos de nuestros trabajadores frente a los proyectos de prohibición de plásticos”. Como contrapartida proponen fomentar el reciclaje y el desarrollo de la industria recicladora plástica. “Por eso dentro de nuestras actividades, trabajamos para asesorar en proyectos de reciclaje”.
“Más de 500 empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y los 12.000 trabajadores que directa o indirectamente allí se emplean, verán afectados y vulnerados su derecho al trabajo”, señaló Ecoplas ante la prohibición de bolsas. Para octubre de 2018, y ante la inminente prohibición de los sorbetes, el sector volvió al ataque denunciando la pérdida de 10.000 empleos.
Junto a la Cámara del Plástico, la ONG cuestionó los límites para una reconversión tecnológica. “Europa se tardó de cinco a diez años en la reconversión. Acá dieron tres meses para sacar las bolsas”, criticó Sergio Hilbrecht, gerente de CAIP. Mientras que Julio Bisio, directivo de Ecoplas, sostuvo que “para reconvertirse se necesita tiempo y capital. Hoy la financiación no existe y las tasas no dan para la rentabilidad del negocio”.
Para UOYEP, “la mala gestión de los residuos en el mundo ha terminado por contaminar el medioambiente. No obstante, la correcta separación en origen de estos materiales y su posterior gestión son una potencial e importante fuente de empleos para la industria recicladora”.
Argentina produce unas 45 mil toneladas de residuos, de los cuales el 12 % corresponde a plásticos. Hoy la industria plástica tiene el 50 % de capacidad ociosa para trabajar en el reciclado. En ese proceso se podría reciclar más de un millón de toneladas de plásticos. Sin embargo, el conflicto es mucho más complejo que el expuesto entre los “prohibicionistas” y los “regulacionistas”.
La vulnerabilidad del reciclado
Carlos Briones, gerente institucional de Ecopek, planta recicladora de botellas que abastece a Coca Cola, informó a este medio sobre la vulnerabilidad comercial del reciclado. “El galón del barril de petróleo hasta el 2015 estaba en 100 dólares, pero por una pelea entre los americanos y los árabes ese año se fue a menos de 30 dólares. Esto hizo que los insumos para fabricar los plásticos bajaran”.
Al bajar el precio de los insumos, baja el del producto, pero también el del reciclado, “porque los costos de mano de obra, de energía, flete, seguro, impuestos, todo estaba a un valor que no bajó, y la única alternativa que hubo fue la de bajar el precio de la botella usada”.
“Cuando hicimos eso, los recuperadores empezaron a bajar la recolección, se dedicaron más al papel y al cartón, que, si bien valen menos que el plástico, en un bolsón se pueden meter muchos más kilos bien dispuestos”, agrega.
“Tenemos un gran porcentaje de material reciclable que es plástico”, señala Leonor Larraburu, presidenta de la cooperativa 18 de abril y comisión de El Amanecer de los Cartoneros. En diálogo con LID, Leonor indicó que el problema de su sector consistía en una irregularidad de los precios ante el comprador.
“Nosotros nos tomamos el trabajo de preparar la botella según las exigencias de la industria, que son como cinco horas de trabajo. Eso vos me lo tenés que pagar a mí como se lo estas pagando a cualquier otra cooperativa. Nos unimos todas las cooperativas para pelear un mejor precio a todos por iguales”, aclara.
Leonor también nos explica sobre otro punto débil del reciclado: “La prohibición del plástico de un solo uso, como los sorbetes y bolsas, a nosotros no nos afecta en nada, porque no tienen proceso para hacer el circuito de la comercialización que nosotros tenemos”.
“Los plásticos chiquitos, las bolsas que son muy volátiles… yo estoy medio de acuerdo con ir reduciendo su producción e ir remplazándola por alternativas mucho más sustentables”, agrega Alejandro Valiente, del equipo técnico de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
En diálogo con este medio, Valiente señala: “El sorbete no hay quien venga a comprártelo. La Cámara del Plástico te va a decir que es reciclable. Su organismo técnico Ecoplas dice que es todo reciclable. Técnicamente es cierto, pero eso no quiere decir que haya una industria dispuesta a comprarle a una cooperativa de cartoneros un sorbete usado para reciclar. La bolsa de polietileno sí, se puede incorporar a un proceso de recuperación para hacer bolsas de consorcio o baldes de albañilería”, agrega.
“Acá el problema grave que hay en general es que las plantas no están capacitadas para el posconsumo. Entonces, no compran, y compran posindustrial”, se queja Carlos Briones. A diferencia del cartón, papel, vidrio o aluminio, “los materiales más nuevos como el plástico se tratan en plantas más nuevas. Ese uso se disparó, pero no hubo un acompañamiento en el conocimiento y el tratamiento de estos materiales”.
Desde hace varios años se han venido implementando toda una serie de reformas contradictorias en CABA sobre el tratamiento de residuos. Para habilitar la incineración de basura (una iniciativa polémica que generó una amplia oposición de ambientalistas, recicladores y organizaciones sociales) el Gobierno quiso modificar la Ley de Basura Cero de 2007.
Esta ley permitió el reconocimiento de los trabajadores recolectores y recicladores, lo que concedió a su vez a las cooperativas la responsabilidad de recolectar y separar los residuos reciclables en la Ciudad. Pero no ha sido suficiente.
“Desde la Federación estamos impulsando una ley de responsabilidad del productor que regule como tiene que ser el envase para que sea más fácil de reciclar, y que con ese envase se pague un pequeño impuesto para sustentar los sistemas de reciclado”, indica Valiente.
“Una ley que incluya todo lo socio-comunitario, el reciclado”, agrega Leonor. “Armar un combo de todo con una ley que lo ampare y que nadie se quede afuera. Porque tenemos más de cinco mil compañeros que no están reconocidos a pesar de estar prestando un servicio a la Ciudad”.
