A propósito de “Un peronismo para el campo argentino” de José Natanson.

En un reciente artículo de Le Monde, “Un peronismo para el campo argentino”, José Natanson propone una hoja de ruta para que la coalición gobernante se recomponga del cimbronazo electoral. Metiendo la cola en sus disputas internas y buscando claramente aislar a la fracción kirchnerista, reclama que el peronismo se desconurbanice (deje de pensarse en función de una base social “plebeyizada”) y asuma un programa para el campo, postulado como la vía realista a la modernización económica posible. Un programa de profundización del extractivismo para una época que demanda dólares. Políticamente, el planteo de un peronismo de y para la “Pampa gringa” busca que el Frente de Todos supere la crisis de la derrota electoral por derecha, recuperando los votos de la zona núcleo que hace años perdió a manos de Cambiemos y de variantes peronistas de signo conservador. En su línea de análisis, esos votos corresponderían a un sujeto emprendedor incomprendido por el peronismo nacional: el farmer imaginado por el proyecto sarmientino, una clase media rural históricamente hija de la colonización inmigrante y que hoy sería la portadora del progreso económico para el que la coalición gobernante carecería de programa. El modelo que postula es el del “cordobesismo” que hace ya dos décadas prohijaron Schiaretti y De La Sota. ¿Cuáles son las bases reales del modelo cordobesista? ¿Cuál es la sociología del agro pampeano realmente existente? ¿Cuánto de peronismo le falta al campo? Vamos por partes.

Esto no son los “Cien Chivilcoy”

Su reclamación de “un peronismo para el campo Argentino” remite, para quienes gustamos de la historia, a la metáfora halperindonghiana de “una nación para el desierto argentino”, la reconstrucción histórica de la invención de la nación por el Estado. Una empresa que, como señala Halperin Donghi, lejos estaba aún de lograrse en el inmediato orden post-rosista y vino a consumarse recién en la década del 80 con la imposición a sangre y fuego del “orden y progreso” roquistas: el triunfo de la elite terrateniente que marcó el ocaso definitivo del proyecto ilustrado de construcción de la nación sobre la base de la democratización de la propiedad rural. Como insistió Milcíades Peña, la vía argentina al “progreso” no fue la farmer norteamericana sino el modelo agroexportador basado en la propiedad latifundista. Al proyecto sarmientino de fundar “Cien Chivilcoy” sobre la base del reparto agrario le faltó burguesía rural emprendedora y le sobró oligarquía concentrada, una clase parasitaria pro-inglesa que se enriqueció absorbiendo la renta diferencial del campo: base inicial del carácter atrasado del capitalismo dependiente argentino.

Es sabido que el predominio del latifundismo capitalista ganadero-exportador relegó la colonización inmigrante a las tierras marginales respecto del circuito ganadero, es decir, donde la actividad no era lo suficientemente rentable. Esto explica que la provincia colonizadora por excelencia fuera Santa Fe –y secundariamente Entre Ríos– y no Buenos Aires. Córdoba (en buena medida como extensión de la colonización santafecina) recibió parte de los grandes contingentes migratorios –mayoritariamente provenientes del Piamonte italiano– asentados en la llanura pampeana. Como estudió Rossetto, a comienzos del siglo XX representaban el 10 % de la población de la provincia [1], siendo activos en la fundación de distintas colonias asentadas en tierras fiscales: Colonia Tortugas, Sampacho, Colonia Italiana (en Marcos Juarez), Colonia Deán Funes, etc. La “Pampa gringa” cordobesa para la que Natanson reclama un proyecto peronista de alcance nacional. Su planteo es subsidiario de una tesis histórico-sociológica defendida por Federico Zapata: sobre esta capa de productores directos de origen inmigrante se habría asentado la excepcionalidad del agro cordobés, la vía farmer al desarrollo. Pequeños y medianos productores familiares agrupados en cooperativas con cierta capacidad de acumulación, ubicados en los estratos medios de la estructura social agraria e integrados a los circuitos internacionales, define Zapata [2]. Sectores medios rurales, políticamente base social del proyecto macrista y de la versión cordobesista del peronismo local, que serían los agentes de la “nueva ruralidad”: el sujeto social de una modernización capitalista garante del “progreso”. “En Villa María no hay villas”, resume un Natanson, que no por muy intencionado es menos ingenuo. No solo porque en Villa María, según los propios registros oficiales, 3 de cada 10 personas son pobres, sino porque supone contra 200 años de historia que alta rentabilidad del campo equivale a distribución progresiva del ingreso. Basta preguntarse por qué el modelo cordobesista que defiende como exitoso bate el récord nacional de 45 % de pobreza.

En busca del sujeto farmer

Yendo a la tesis sociológica, el sujeto farmer al que se refieren Natanson y Zapata, cabe preguntarse cuánto gravita en la estructura productiva realmente existente, caracterizada por una creciente concentración de la tierra, de las explotaciones agropecuarias y de la apropiación de la renta agraria. En el país, la tecnificación de la agricultura que avanzó en las últimas décadas fue acompañada por un aumento en la escala media necesaria para optimizar la rentabilidad, lo que redujo la cantidad de productores directos. A diferencia de los colonos de inicios de siglo (que arrendaban algunas decenas de hectáreas a los grandes propietarios para la producción capitalista en pequeña escala), hoy muchos propietarios de parcelas medias o pequeñas se reconvirtieron en rentistas para grandes sociedades agropecuarias, que a su vez actúan en alianza con los grandes jugadores globales del negocio de la semilla y los agroquímicos como Monsanto, Nidera y Syngenta que monopolizan su producción provisión. Córdoba está directamente cruzada por la misma dinámica de decrecimiento de pequeños productores: el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018 reflejó que en la provincia existen 20.660 explotaciones agropecuarias, en las cuales 40.837 personas trabajaban de manera permanente, contra las 25.620 explotaciones y 63.489 trabajadores registrados por el CNA realizado en 2002. Una disminución del 20 % de los establecimientos productivos y una caída de 35 % de la mano de obra [3]. Como tendencia, priman las actividades capital-intensivas, como la producción de cereales y oleaginosas, por sobre las mano de obra-intensivas, como ganadería y tambo. Todas estas transformaciones, operadas a partir de los 90, derivaron en una tendencia a la concentración de la producción al incrementarse fuertemente el alquiler de las propiedades de menor tamaño a los pools de siembra y los nuevos grupos de capitalistas agrario-financieros como El Tejar o Los Grobo. Para darle proporciones concretas: en la provincia de Córdoba, mientras que en 2002 solo 25 % de la superficie de las explotaciones agropecuarias era arrendado, el censo de 2018 mostró que esa participación creció al 44 %.

Como señala Christian Castillo, estos nuevos y muy fuertes jugadores en la producción y comercialización agropecuaria, combinados con los grandes propietarios tradicionales son, junto a inversores internacionales como Benetton o Soros, los verdaderos dueños de la tierra. Hoy 4.000 de los principales propietarios tienen 84 millones de hectáreas (la mitad de todas las tierras cultivables del país, generalmente las de mejor calidad); 35 millones de las cuales están en manos de los 1.000 más poderosos. Al calor de la consolidación de estos grandes actores del negocio agropecuario, se desarrolló una capa de pequeños y medianos rentistas agrarios –no cuantificada con precisión–, cuyo ingreso depende directamente del incremento de la renta diferencial y está asociado con el capital proveniente de ámbitos como la industria y las finanzas, invertidos en el sector mediante la conformación de pools de siembra y fondos de inversión [4]. Polemizando con la tesis de que una multiplicidad de “chacrers” o farmers le habrían restado relevancia a la gran burguesía terrateniente tradicional, Esteban Mercatante señala que aunque los grandes terratenientes fueron –y continúan siendo– propietarios y productores, su posición estratégica está en la propiedad del suelo: “Aun si se demostrara que los burgueses terratenientes son actores de reparto en la ’revolución productiva’ de las pampas, se apropian de buena parte del valor creado por quienes producen bajo arriendo” [5].

Esta es la base social estructural que explica que en el conflicto del 2008 por la apropiación de la rentabilidad adicional del agro, la Federación Agraria haya actuado en un bloque social y político bajo la dirección de la Sociedad Rural Argentina, alianza que se explica por los cambios significativos operados en las últimas décadas. “Los productores agrarios de menor envergadura abandonaron la producción para transformarse en rentistas, empujados por el aumento de la escala mínima para una producción rentable. Si en otros momentos históricos las condiciones de competencia asimétrica enfrentaron a grandes y pequeños capitalistas del agro, la conversión de decenas de miles de estos últimos en rentistas los llevó a marchar junto a los primeros como propietarios en rechazo de las retenciones móviles para defender su renta. También los medianos y pequeños capitalistas, en algunos casos propietarios y arrendatarios a la vez, se plegaron ya que su rentabilidad se apoya también en la renta. Los administradores de pooles y sociedades agropecuarias acompañaron esta postura en defensa de su ganancia, que logra elevarse por encima de la media no solo gracias a métodos ahorradores de trabajo sino también a que logran apropiarse de una parte de la renta”, sintetiza Mercatante [6]. Este entramado social que deviene de la estructura productiva del agropower y revela la incapacidad estructural de emergencia de un sujeto farmer independiente, es el que luego se articuló como la base del proyecto de Cambiemos, expresión política directa de la zona núcleo. La “crisis del campo”, que tuvo en Córdoba uno de sus epicentros (como Laboulaye) con cortes de ruta y lock out agropecuario, ubicó al entonces recientemente asumido Schiaretti como uno de los pocos gobernadores peronistas que rompió con la Casa Rosada para militar en el bloque de la Sociedad Rural. Esta crisis recordó a la Córdoba reformista su orgullo rural: volcó el peso del campo sobre la ciudad y tuvo gravitación urbana con una importante incidencia sobre las capas medias, dando un renovado impulso al cordobesismo que explica en gran medida el conservadurismo social actual. Haciendo un forzado paralelismo histórico, dice Natanson: “tan lejos como en el verano de 1911-1912 el campo produjo su primera rebelión fiscal articulada, en este caso en rechazo a un incremento del impuesto rural en la provincia de Buenos Aires. Al igual que durante el conflicto del 2008, los productores se sentían protagonistas del gran momento que atravesaba la economía argentina, la de mayor crecimiento del mundo en el contexto de la ‘primera globalización’, y rechazaban los aumentos impositivos”. Nada más lejos de la realidad. El sujeto farmer que imaginan Natanson y Zapata estuvo en 2008 más cerca del gran capital agrario concentrado disputando conjuntamente la apropiación de la renta agraria que de los chacareros pobres que en el Grito de Alcorta de 1912 se alzaron contra los grandes terratenientes de esa misma Rural que los ahogaba con arriendos y créditos usureros.

La promocionada democracia farmer sería una en la que un puñado de grupos empresarios (Pérez Companc, la familia Werthein, Julio Alfredo Fraomeni, Eduardo Eurnekian, Luis Carlos Pedro Blaquier, la familia Born, Alfredo Coto, la familia Mayer Wolf, Brito, Federico Braun, etc., entre los que están los cordobeses Alejandro Pagani y la familia Urquía) son dueños de decenas de miles de hectáreas de campos, especialmente en la pampa húmeda; concentran los agronegocios produciendo soja, maíz, trigo, oleaginosas y sus derivados y monopolizan los diez principales grupos exportadores del país con sus empresas cerealeras y aceiteras, concentrando el 30 % del total de los dólares comerciales. También producen y comercializan –como el Grupo ARCOR de Pagani– todo tipo de alimentos, tanto para el mercado interno como para exportación, jugando un rol clave en la formación de precios de los alimentos esenciales mientras millones no llegan a fin de mes y más de 18 millones de personas están en la pobreza. La “democracia desde abajo” que imagina Natanson es en realidad una estructura crecientemente concentrada de la producción agraria en manos del capital financiero y grandes jugadores del agronegocio, multinacionales proveedoras de semillas y agroquímicos, y un puñado de oligopolios que controlan las exportaciones. Lejos del progreso, esta estructura garantiza la apropiación del grueso de la renta y la ganancia agraria nacional por un puñado de grandes propietarios y multinacionales exportadoras que someten al conjunto del país al atraso y la decadencia.

Elogio del extractivismo

Maristella Svampa ha señalado que los distintos gobiernos latinoamericanos que se postularon como progresistas sostuvieron lo que denominó el “consenso de los Commodities” como sustitución del anterior “Consenso de Washington”: un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas, basado en la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista generador de divisas al tiempo que de nuevos niveles de degradación social y ambiental. En un elogio sin tapujos a este consenso, dice Natanson: “Felipe Solá habrá cometido muchos errores en su vida política, pero Argentina le debe eterno agradecimiento por la temprana decisión de autorizar los transgénicos. En conjunto con la reducción del costo de la tecnología posibilitada por la convertibilidad, la siembra directa produjo un salto de productividad que se terminaría de consolidar una década después, cuando la demanda asiática impulsaría hacia arriba los precios de los commodities”. El salto en la productividad, cuyos frutos como dijimos se destinaron a una ampliación de los márgenes de rentabilidad del sector y lejos estuvieron de destinarse a paliar el hambre, tuvo como contrapartida una enorme destrucción de los ecosistemas naturales. El modelo cordobesista que defiende Natanson es uno de los más claros ejemplos, exhibiendo una de las tasas de deforestación más altas del país. De las 12 millones de hectáreas de bosque nativo existentes en la provincia a comienzos del siglo XX hoy quedan menos del 3 % en buen estado de conservación, apenas 360.000 hectáreas. En la revolución productiva iniciada en los 90, el área sembrada con soja –que en 1999 ya era de 2.564.600 hectáreas y para 2007 se había extendido 4.477.882 hectáreas– se devoró la mayor parte de los relictos del bosque chaqueño de las llanuras del noreste provincial, avanzando también sobre zonas tradicionalmente ganaderas. Los grandes ganaderos, a su vez, iniciaron la “conquista del noroeste”, con consecuencias socio-ambientales que sufrimos año a año como incendios, sequías e inundaciones, junto al creciente desplazamiento de los pequeños productores. Como explica Graciela Preda, la expansión agrícola se realizó en suelos ganados al monte y a pastizales naturales, con valores anuales de deforestación que alcanzaron los 146.000 kilómetros cuadrados durante la década del 90, siendo los departamentos del norte los que constituyen el más dramático ejemplo [7]. Contra este modelo se alzó una y otra vez la población de las distintas localidades, que junto a activistas ambientales, técnicos y profesionales lograron que se otorgara la máxima categoría de protección (roja) a la mayor parte de los bosques nativos cordobeses en la ley provincial 9.814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, algo que el gobierno burló una y otra vez para favorecer a los verdaderos dueños del modelo cordobesista: grandes sojeros y ganaderos.

La geografía socio-productiva de la provincia de Córdoba es más que la pampa gringa. El avance del extractivismo sojero y ganadero profundizó desigualdades regionales, con un noroeste crecientemente empobrecido que contrasta con el dinamismo económico de la zona pampeana del sur y el este provincial. Allí, los bosques fueron reconvertidos en tierras agrícolas, siendo los departamentos de Ischilín, Tulumba, Río Seco, Cruz del Eje y Río Primero los de mayor superficie deforestada. Dice Magalí Paz: “la que se encuentra al borde de la pérdida total de sus bosques, es la subregión semiárida límite Sur (Norte de Córdoba), denominada Árida de Traslasierra de producción Ganadera Extensiva del Noroeste de la Provincia, que está definida como una región cuya actividad principal es la ganadería, tanto de bovinos como de caprinos, dónde la cría se realiza de manera extensiva, utilizando las pasturas naturales y los recursos forrajeros del monte; siendo la agricultura secundaria, y el cultivo predominante el maíz. El clima es semiárido, y la provisión natural de agua es escasa” [8]. En esas regiones, las explotaciones familiares (unidades productivas de menos de 50 hectáreas) sufren el asedio de los desplazamientos por el avance de la frontera productiva y las crisis hídricas permanentes. Miles de jóvenes de la zona no tienen más destino que el sacrificado trabajo de sol a sol en la cosecha de la papa bajo condiciones de extrema precariedad. Uno de ellos era Joaquín Paredes, asesinado por la policía de la provincia en la humilde localidad de Paso Viejo. Otro signo de identidad del régimen cordobesista.

“Ciudad de mis sueños”

Con devoción casi noventista por las mieles del progreso extractivista, dice Natanson: “las ciudades medianas son las protagonistas de esta extraordinaria transformación de la ruralidad. Todavía hablamos de Olavarría, Junín o Venado Tuerto como ‘pueblos’, cuando en realidad podemos estar haciendo referencia a una ciudad de 100 mil habitantes con una concesionaria Toyota, locales multimarca que ofrecen los mismos jeans Jazmín Chebar que en los shoppings porteños y un PIB per cápita equivalente al de Recoleta o Madrid”. Un abordaje de la relación entre ruralidad y urbanidad que poco tiene en cuenta la realidad de grandes mayorías empujadas a vidas cada vez más precarias en entornos urbanos crecientemente degradados. En Córdoba, al igual que en toda la zona núcleo, el modelo extractivista no solo degrada los ecosistemas naturales sino que presiona de manera directa sobre el deterioro de la calidad de vida urbana, convirtiendo al suelo en un escenario privilegiado para la realización de los excedentes provenientes de la actividad agropecuaria. Tanto en las ciudades medianas como en las grandes, la tendencia es común: el avance de la especulación inmobiliaria coexiste con la proliferación de barrios y asentamientos sin acceso a servicios básicos en una relación directamente proporcional. En múltiples ciudades del interior provincial avanzan los proyectos inmobiliarios destinados a nichos de alto consumo con la construcción de barrios privados y countries (en muchos casos asentados sobre terrenos ganados al monte nativo), mientras las poblaciones locales padecen las consecuencias de la falta de acceso a obras y servicios, crisis hídricas, etc.

A su vez, el aumento del valor del suelo urbano presiona sobre la suba de los alquileres, negando el derecho a la vivienda a cientos de miles que sufren el déficit habitacional. Un sello identitario del cordobesismo fue la creciente imposición de un modelo de fragmentación socio-urbana que recluyó hacia la periferia a los sectores más golpeados por la pobreza, en áreas alejadas de un centro crecientemente organizado para disfrute de las clases medias. En la ciudad de Córdoba, los terrenos que pertenecían a los asentamientos que se encontraban en el centro y en barrios pericentrales que fueron relocalizados en los “barrios ciudad” (“Ciudad de mis Sueños”, “Ciudad de los Cuartetos”) establecidos fuera del anillo de circunvalación, fueron obtenidos a bajo costo por los Desarrollistas Urbanos para el despliegue de emprendimientos inmobiliarios de mayor rentabilidad. Lejos del idilio de consumo de lujo que imagina Natanson, la cartografía urbana de la República cordobesista muestra fragmentación socio-espacial y desigual acceso a los servicios, junto a niveles acuciantes de precariedad laboral. Más del 70 % de los jóvenes trabajan bajo diferentes formas de precarización: sin registración, sin aportes jubilatorios y obra social; expuestos a riesgos del trabajo, sin estabilidad laboral, con contratos a término, como monotributistas o con ingresos por debajo del salario mínimo.

El partido del “orden y progreso” 2.0

Más que el partido de la ruralidad media, el cordobesismo expresa desde hace dos décadas un bloque de poder entre las grandes multinacionales automotrices, las alimenticias, los capitales sojeros y ganaderos de la provincia. Ese fue el gran proyecto estratégico sobre el que se asentó el armado de Unión por Córdoba en 1998, surgido como una alianza entre el Partido Justicialista (PJ), la Unión Democrática de Centro (versión local del liberal partido Unión de Centro Democrático de Álvaro Alsogaray), Acción para el Cambio (Apec) y partidos vecinalistas menores que nucleó a dirigentes partidarios, empresarios y técnicos de la derecha local. El “Partido de la Fundación Mediterránea”, la herramienta de lobby que las grandes empresas locales institucionalizaron desde la dictadura para aportar sus cuadros neoliberales a los distintos gobiernos. Este bloque social dominante es la base de fortaleza que exhibe el régimen cordobés y de la cultura política conservadora que prima en el PJ local, que en más de un sentido “no tuvo su 2001”.

Ahora bien, más de conjunto, el planteo político de Natanson se asienta sobre una debilidad de origen: asignarle a la relación entre gobierno nacional y “modelo cordobesista” más contradicciones que las que objetivamente exhibe. No solo porque el extractivismo cordobés poco tiene de diferente al extractivismo que en todo el país defiende el Frente de Todos como supuesta meca del “progreso” y el “desarrollo”, sino porque la orientación del FDT para Córdoba ya es la de la asimilación creciente al modelo del cordobesismo en todos los terrenos. No por casualidad, sus principales candidatos en las recientes elecciones fueron los de “un peronismo para el campo”: Martín Gill, intendente licenciado de la “Villa María que no tiene villas”, y Carlos Caserio, hombre fuerte del departamento de Punilla, abierto promotor del agronegocio, la autovía de montaña y de la especulación inmobiliaria. Analizando las pasadas elecciones decíamos que dentro de su mala elección general, la mayor cosecha de votos que estos últimos obtuvieron en sus respectivos territorios en comparación con el promedio general de votos del Frente de Todos actúa como presión para fortalecer la orientación conservadora de asimilación al PJ local sobre la que el espacio kirchnerista viene avanzando hace años. No hay una contradicción de modelos entre el FDT y los “peronismos de la zona núcleo”, y ahí está la alianza con el santafecino Perotti para demostrarlo. La crisis que atraviesa la coalición gobernante, una suma de debilidades donde todas las alas se necesitan mutuamente y ninguna logra imponer un liderazgo claro, presiona en lo inmediato para sostener esta unidad. En el próximo periodo, signado por el intento del Gobierno nacional de afianzar el consenso fondomonetarista con el conjunto de la oposición, las tensiones políticas esperables se desarrollarán sobre la base de un acuerdo estratégico: profundizar el ajuste (lo que puede incluir devaluaciones que seguirán incrementando la rentabilidad de los sectores exportadores) y las actividades extractivas como fuente de divisas para el pago de la deuda externa. En este camino, el nombramiento de Julián Domínguez al frente del Ministerio de Agricultura como respuesta a la crisis política desatada post PASO fue un gesto directo hacia las patronales agrarias. En el mismo sentido, el Proyecto de Ley de Fomento del Desarrollo Agroindustrial, redactado por el Consejo Agroindustrial Argentino (que nuclea a representantes de 53 cadenas de valor) y presentado por Alberto Fernández y Domínguez, con el aval de Cristina, muestra claramente cuál es el rumbo. El verdadero “país inviable” es el que garantiza que los recursos estratégicos de la economía sigan en manos del capital imperialista y de grandes grupos económicos locales, condenando al conjunto de la economía al atraso y la dependencia.