Juan Monserrat, secretario general de UEPC, que salió a declarar que no necesitamos ningún bono, haciéndole el aguante tanto a Scioli como a Schiaretti, ahora posa de combativo contra la devaluación del gobierno de Macri.
Noé Silbestein Delegado departamental UEPC | Agrupación Docentes D-Base | Lista Unidad desde las Escuelas
Sábado 19 de diciembre de 2015
El ataque al salario no se desencadenó tras el anuncio de Prat Gay. En primer lugar, fue la devaluación más anunciada de la historia. Tanto Macri como Scioli tenían planteado hacer una devaluación, con distintos ritmos y modalidades, pero una devaluación es un golpe al salario. Y eso es algo que todos sabemos. Por otra parte la corrida de precios viene licuando los salarios hace un mes, generando una situación inflacionaria que la devaluación en curso no hace más que agravar.
Scioli, el candidato presidencial al que se jugaron con toda los burócratas de la CGT -Regional Córdoba y los que se que se quedaron por fuera de ella, también planteaba la necesidad de un ajuste. De hecho hoy Mario Blejer, el más importante economista que llevaba Scioli, declaró que con esta devaluación se avanza por el buen camino, porque devaluar resulta inevitable si se quiere reactivar la economía. Frente a estos hechos queda más que claro la denuncia que en la campaña electoral hiciera Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda de que tanto Macri como Scioli eran lo mismo.
Las conducciones gremiales reaccionan ahora porque se juegan a ser parte de un “pacto social” a la vez que tampoco pueden quedarse quietos al precio de su pellejo. Y hoy, cuando la inflación ya pegó de lleno, tienen que hacer algo si quieren salvarse. En el caso de UEPC, el plus que tiene esta situación es que los ubica en la negociación de la paritaria que funciona como paritaria testigo… y que negocian en un período en el que “no pueden” hacer asambleas.
En Córdoba, dos de los sindicatos más integrados al gobierno provincial han “mostrado los dientes”. Pihen, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y de la CGT-Regional Córdoba, a la vez que legislador provincial del partido gobernante, es todo un arquetipo del sindicalista peronista. Y ese dirigente, que ha garantizado todos los ajustes gubernamentales durante años, ha puesto al sindicato en “estado de conflicto en defensa del valor adquisitivo de los salarios”. Hasta anunció una pálida movilización para el próximo lunes. Monserrat, el secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el gremio que tiene los principales cargos políticos del Ministerio de Educación provincial desde el año 2007, convocó a una asamblea de delegados departamentales para decidir cómo enfrentar esta situación. Tuvo el cuidado de convocarla para el próximo lunes… el primer día hábil que tiene el calendario tras el cierre del ciclo lectivo.
No pueden ser más caraduras. Mientras se pintan de “combativos” para los medios, en la legislatura cordobesa los representantes de la burocracia sindical (Carmen Nebreda de UEPC, José Pihen del SEP, Franco Saillén del SURRBAC e Hilda Bustos de Gráficos) se negaron esta misma semana a tratar el proyecto de ley presentado por Laura Vilches planteando un plus salarial de $7000 para todos los trabajadores.
Los sindicatos deben romper la tregua con los gobiernos y enfrentar el ajuste. Debemos conquistar paritarias libres, combatir la precarización laboral y combatir los despidos. Exigimos el aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa. Rechazamos la emergencia en seguridad dispuesta por Patricia Bullrich ya que no es más que un avance en la criminalización de la protesta, como lo demuestra el intento del macrismo de poner en pie un protocolo para la protesta social.
Exigimos un bono que compense la pérdida del poder adquisitivo del salario y asambleas en las escuelas el primer día de 2016 para discutir los términos de la negociación paritaria, incluyendo tanto un salario mínimo igual a la canasta familiar con respeto del escalafón y cláusula gatillo para preservarlo de los efectos de la inflación, como el pase a planta de todos los trabajadores que hoy están precarizados en las escuelas, el 82 % móvil para los jubilados y el aumento del presupuesto educativo para resolver los problemas de infraestructura de las escuelas.
