Poder Judicial. El drama del fiscal Cartasegna: de “héroe” a paria en cuestión de semanas

Hace trece días, este sitio se hacía la pregunta de si el titular de la Unidad Fiscal 4 de La Plata, Fernando Cartasegna, está loco o se hace. La pregunta no era una provocación sino una inquietud real. Es que mientras el fiscal pasa sus días (desde el 17 de junio) en una exclusiva clínica platense bajo un cuadro formal de “depresión”, su situación como funcionario judicial está tornándose cada vez más complicada.

Esta semana el fiscal general departamental de La Plata, Héctor Vogliolo, informó que, además de la licencia a Cartasegna tras los supuestos ataques a su persona y de su procesamiento (a principios de esta semana) por diversas irregularidades en causas que tenía a su cargo, varios de sus colaboradores cercanos también fueron apartados de la fiscalía.

Se trata del exsecretario de la UFI Leandro Milone, del auxiliar del fiscal Juan Manuel Valdés y la empleada de la fiscalía Estela Lavalle. Los tres fueron suspendidos en las últimas horas por disposición Vogliolo y no podrán cumplir tareas oficialmente hasta tanto no se resuelvan sus situaciones administrativas y penales, visto que fueron citados a declaración indagatoria en el marco de la misma causa por irregularidades funcionales que involucra a Cartasegna.

Otra de las resoluciones de Vogliolo fue la disolución de la propia fiscalía 4 de Cartasegna, en un hecho sin precedentes para una oficina tan importante como aquella dedicada, en el marco del Ministerio Público Fiscal, a casos de trata de personas y pedofilia.

Desde la Procuración bonaerense, en la persona de su titular Julio Conte Grand, aseguran que las suspensiones y licencias del grupo comandado por Cartasegna son medidas de carácter puramente “preventivo”, mientras se sustancian las investigaciones.

Sin embargo, las mismas fuentes ya anticiparon que es muy probable que luego de terminada su licencia (si no antes, incluso) Cartasegna reciba la orden de parte de la Suprema Corte de Justicia provincial de no volver a asumir sus funciones. Eso, claro, siempre y cuando los médicos psiquiatras determinen en algún momento que el fiscal puede ser dado de alta.

Irregularidades

Según la información que el fiscal general Vogliolo dio a algunos medios de La Plata, los fiscales que tomaron la posta en las causas que Cartasegna se vio obligado a abandonar “advirtieron una serie de retrasos e irregularidades de distinto tenor en investigaciones penales” que se tramitaban en la UFI 4. Eso, dijo Vogliolo, “motivó la formación de sumarios administrativos, denuncias penales y redistribución de empleados y funcionarios que allí se desempeñaban”.

En una resolución de la Fiscalía General Departamental se determinó, por tanto, que “en virtud de esas denuncias penales, Cartasegna fue llamado a indagatoria, bajo sospecha de haber cometido los delitos de ‘violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de promover la persecución y represión de delitos, y falsedad ideológica de un documento público’”.

Con esas evidencias, Vogliolo consideró “procedente la disolución de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, y establecer los mecanismos para la prosecución de las causas en trámite ante la misma”. Es decir que causas como la que investiga el paradero del joven estudiante platense Miguel Bru, desaparecido en 1993 por acción de la Policía Bonaerense, o la que tiene a su cargo determinar abusos sexuales y pedofilia en el Instituto Provolo de La Plata, entre muchas otras, pasarían a manos de otras fiscalías.

Así, en pocas semanas, Cartasegna dejó de ser el casi “héroe” que habían llegado a pintar algunos medios y estudios de abogados. El fiscal que acumulaba en su haber varias liberaciones de personas esclavizadas por redes de trata, que había desbaratado algunas bandas de delincuentes y que en alguna que otra puesta en escena afirmó que su accionar había sido fundamental para obtener justicia, ahora se debate entre la supuesta depresión y la acusación de ser él mismo un delincuente con poder.

En lo que huele a una intensa interna judicial, a Cartasegna lo procesaron por pedido de otro fiscal, Álvaro Garganta, quien dijo estar convencido de que hay elementos para sospechar que entre el año 2012 y su reciente pedido de licencia se detectaron en la UFI 4 “faltantes de elementos que servían de prueba en diferentes causas”. Entre esos elementos ausentes habría medio centenar de teléfonos celulares, $ 30 mil y otras sumas de dinero extranjero, como dólares y guaraníes.

También faltarían billeteras, algunos DNI, discos compactos y cámaras fotográficas. Todos elementos secuestrados en diversas causas a cargo de Cartasegna, que habían sido originalmente guardados en un armario del despacho del fiscal y ahora no se estarían encontrando por ningún lado.

Vale aclarar que Cartasegna, mientras denunció ataques diversos contra su persona, entre ellos el ingreso de un desconocido en su oficina que lo maniató y tapó su boca con una cinta, no denunció nunca esos faltantes. Con lo cual las sospechas sobre él se acrecientan.

Y si algún dato faltaba para pensar que Cartasegna tiene, cuanto menos, varias cosas que explicar, esta semana también se supo que contrató como abogado nada menos que a Fernando Burlando, el penalista especializado en defender policías y mafiosos de toda índole.

Casi casi que la pregunta de si Cartasegna está loco o se hace, puede ir empezando a responderse.