En un informe publicado días atrás, la Cámara de Comercio de Córdoba presenta una serie de propuestas destinadas a ajustar el salario de los trabajadores estatales. Los gobiernos ya vienen aplicando el plan empresarial. Todo un plan de guerra para que el ajuste lo sigan pagando los laburantes.
Paula Schaller Licenciada en Historia
Jueves 18 de junio de 2020 14:37
En un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) que depende de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el empresariado nucleado en esa entidad deja claro su programa de mayor ajuste contra los trabajadores. Allí, se dice “al revisar el impacto de la pandemia en el empleo, se advierten marcadas desigualdades entre el sector público y el privado. Por un lado, más de 10 millones de trabajadores informales e independientes tuvieron sustanciales pérdidas de ingresos o empleos, ante lo cual reciben una ayuda parcial del Estado. Por otro lado, unos 6 millones de asalariados registrados del sector privado estarían manteniendo sus empleos, pero en gran magnitud están suspendidos y/o tuvieron reducciones de sus remuneraciones de más de 25%.
Esta delicada situación del empleo privado contrasta con la de los más de 3 millones de trabajadores del sector público, que conservan sus empleos y, en la mayoría de los casos, no vieron afectadas sus remuneraciones. Esta inmunidad del empleo público es muy costosa ante la pandemia.
La fuerte caída en recursos tributarios por la depresión económica, junto con los necesarios aumentos del gasto público para proteger a los afectados, comprometen severamente las finanzas públicas de Nación, provincias y municipios.” Atacar el salario estatal, todo un plan de guerra que el empresariado presiona para profundizar.
No es nuevo, ya es histórico que siempre que el empresariado y los gobiernos buscaron impulsar un ajuste más general atacan a los trabajadores estatales y desempolvan el discurso de que “son muy caros” y hay que achicar el gasto estatal. ¿Cómo hacerlo? Su propuesta esta vez la reducción de la jornada laboral hasta un máximo de 30 o de 35 horas por semana como forma de rebajar el salario, con lo que estiman se podrían “ahorrar” nacionalmente entre 210.000 y 370.000 millones de pesos. Este es exactamente el plan que viene aplicando el gobierno de Llaryora, que redujo la jornada laboral de las y los trabajadores municipales como forma de imponer un recorte salarial.
En igual sintonía, Schiaretti avanzó con la reforma jubilatoria para recortar los haberes de los trabajadores pasivos, algo con lo que el propio Ministro de Finanzas de la Provincia reconoció que “se quedaron cortos”, anticipando que el ajuste esté lejos de haberse consumado.
El empresariado cordobés también deja bien claro en su informe que su propuesta no es sólo una medida de contingencia sino que buscan aprovechar la pandemia para imponer una reforma laboral de hecho: “En ese contexto, la pandemia es una oportunidad para avanzar en reformas del sector público que permitan afrontar el problema coyuntural de financiamiento y, al mismo tiempo, corregir los desequilibrios estructurales, causados por el excesivo tamaño del Estado, que están en el origen del magro desempeño económico de la Argentina observado por décadas”.
Este plan viene siendo anticipado por las distintas medidas que se imponen no sólo a nivel municipal y provincial sino también nacional. A las suspensiones con rebaja salarial que ya afectan al sector privado, se sumó el anuncio del gobierno nacional de la postergación de las discusiones paritarias y del pago en cuotas del medio aguinaldo de los sueldos estatales iguales o mayores $80.000 brutos, es decir aquellos que tienen un medio aguinaldo igual o superior a $40.000 brutos.
Nuevamente, vemos como mientras a las grandes patronales se las financia mediante los recursos del Anses, la “solución” que nos presentan es afectar el salario de los trabajadores y diferir los pagos en un contexto de avance de la inflación y la crisis económica. Mientras estas medidas contra los trabajadores se toman a toda velocidad, ni noticias hay de un impuesto extraordinario a los bancos y grandes fortunas, que, como plantea el proyecto presentado por el Frente de Izquierda, es necesario para que todos aquellos que lo necesiten puedan tener un salario de cuarentena de $30.000, sin exclusiones, además de conseguir recursos para paliar las necesidades del sistema de salud frente a la pandemia y construir, por ejemplo, 100.000 viviendas en un año.
Si los gobiernos y empresarios tienen su plan de guerra los trabajadores tenemos que tener un plan propio sino queremos que nos hagan pagar una vez más los costos de la crisis. Mientras nos atacan de conjunto, es criminal seguir respondiendo por separado cada sector. La CGT Córdoba busca llevarnos a medidas aisladas porque mientras mantiene su alianza con el gobierno de Schiaretti quiere hacer de cuenta “como si” peleara para contener y, al mismo tiempo, evitar un verdadero plan de lucha unificado que ponga en acción toda nuestra fuerza social contra los ataques.
Contra esto, necesitamos imponer a las conducciones y centrales sindicales un Paro Provincial por el conjunto de nuestros reclamos. Un paro que sea preparado desde las bases, discutido y organizado desde los lugares de trabajo, que prepare una movilización masiva en las calles.
Por eso, además de participar de la masiva movilización de las y los trabajadores municipales, quienes integran la asamblea de trabajadores unidos (conformada por docentes, trabajadores municipales, de salud, de Luz y Fuerza, de limpieza, de comercio, metalmecánicos, jaboneros, metalúrgicos, aeronáuticos) impulsaron en el día de hoy un tuitazo con la consigna #CórdobaParoProvincialYa.
En el mismo camino, convocan a todos los sectores que están dispuestos a organizarse para enfrentar el ajuste a poner en pie una gran asamblea provincial de trabajadores que reúna a ocupados y desocupados, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados como los sectores precarizados e informales, jubilados, etc. que sea democrático y abierto a todas las organizaciones dispuestas a discutir cómo enfrentar el ajuste y qué salida necesitamos las y los trabajadores.
