Espionaje. El escándalo del Catalán Gate: espías y represión bajo el PP y el gobierno "progre"

El resultado de la investigación iniciada en 2019 que ha durado 21 meses concluyó con que habían existido, al menos hasta el año 2020, escuchas masivas mediante el programa Pegasus, que ha costado nada menos que 6 millones de dólares, sobre diferentes soportes tecnológicos que incluían un amplio abanico de personalidades políticas catalanas. Desde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a expresidentes como Artur Mas o Quim Torra, e incluso familiares de políticos como la esposa de Puigdemont y el propio Puigdemont, claro. También se incluyó en la nómina a diputados autonómicos, nacionales y eurodiputados En esta actuación de espionaje indiscriminado en el ámbito del procés, se ha investigado prácticamente a todo el mundo, incluyendo empresarios, abogados, familiares, activistas partícipes del procés y, con mucha probabilidad grupos de ciudadanos organizados como los CDR, o cualquiera que pasara por allí y le resultara sospechoso al encargado del CNI de fijar la diana de la investigación.

Un auténtico escándalo político y social que pone en entredicho los opacos mecanismos del aparato del Estado, “cloacas” en las que se dirimen de manera absolutamente oscura los destinos de cientos de personas investigadas que pueden ser acosadas, presionadas, aterrorizadas o incluso secuestradas y asesinadas (recordemos el caso Gal), por los servicios secretos de manera absolutamente impune porque se hace desde el propio Estado. Una violación a cualquier mínimo derecho democrático y las más esenciales libertades e incluso la mínima protección a los derechos humanos de los vigilados.

Aunque no hay sorpresa: esta es una práctica que realizan cotidianamente la totalidad de los Estados llamados liberales democráticos. Solo hay que recordar, por ejemplo, la bomba colocada por los servicios secretos franceses en la etapa Mitterrand en un barco de Greenpeace que causó varias muertes de inocentes activistas ecologistas. Por no hablar de la CIA y todos los casos de torturas, bombardeos con drones sobre personal civil, o secuestros como los producidos en los denominados aviones de la muerte americanos con complicidad de todos los gobiernos europeos, sobre personas de religión islámica. O la misma existencia de Guantánamo, una agujero negro al margen de cualquier legalidad incluida la norteamericana, donde se tortura, viola, asesina a supuestos terroristas islámicos que son detenidos con la información obtenida por las cloacas de los servicios secretos de EEUU.

Paradójicamente los Estados liberal-democráticos, sin embargo, presumen en todo momento de ser garantes de la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Como ahora, por ejemplo, hace el Estado español cuando saca pecho para justificar su intervención militarista imperialista en el conflicto ucraniano, para defender supuestamente las libertades de ese pueblo ante la invasión militar rusa.

Cuando lo cierto es que en Catalunya ha encarcelado a dirigentes y activistas, como parte de su represión general hacia el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, impidiendo la celebración de un referéndum democrático.

Y ahora, encima, bajo la gobernanza del autodenominado “Gobierno más progresista de la historia” del PSOE y Unidas Podemos, después de tender la mano a los dirigentes del procés con el indulto y la vía negociadora -que no era sino un bloqueo al derecho a la autodeterminación para reconducir todo el proceso de nuevo hacia el autonomismo-, se encuentran los políticos y activistas del procés con que han estado investigados mediante escuchas ocultas. Y todo esto ha sido llevado adelante bajo el paraguas del CNI, del Ministerio de Defensa y un solo juez del Supremo que supervisa las acciones (¿sin dar cuenta a nadie del Gobierno de todo esto?). Eso sería algo realmente increíble de creer, sin que al menos los ministerios de Defensa, Interior y la propia Presidencia del Gobierno tuvieran la información de esas operaciones.

Sin embargo, el sistema Pegasus solo se vende a gobiernos (o eso dice la empresa creadora y dueña del programa de hackeo espía) y, en consecuencia, todo parece indicar que todo se ha hecho bajo algún amparo por parte del Gobierno progresista. Por lo que todo apunta a que la labor de investigación subterránea iniciada por el PP con el programa Pegasus que fue comprado por el Gobierno de Rajoy, ha sido continuada por el Gobierno progresista con Unidas Podemos en su seno.

Uno de los aspectos más escandalosos de este caso denominado Catalan Gate es “el gran número de víctimas que hemos descubierto en un solo caso insólito”, y de largo el más elevado que cualquier investigación desarrollada hasta ahora por Citizen Lab, según ha afirmado el director del mencionado organismo. Incluyendo que en su actuar sin límites y con un “uso extremadamente imprudente” de la tecnología puesto que se ha pirateado hasta a amigos y familiares de políticos o activistas.

La justificación para realizar estas escuchas se basan en la ley reguladora del servicio secreto español que está vigente desde hace 20 años, ya en plena democracia liberal, que atribuye como misiones posibles “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”. De hecho, desde 2015, el servicio secreto dispone de una Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales cuyo fin es recoger información sobre movimientos separatistas y la Directiva Nacional de Inteligencia, aprobada por el Gobierno, los incluye como uno de los objetivos informativos del CNI.

Pero esto es solo la punta del iceberg de las personas investigadas, según ha señalado el propio director de la organización Citizen Lab. De hecho, se han investigado también a dirigentes de partidos nacionalistas o independentistas vascos, y seguramente a muchos activistas sociales, sindicalistas y de izquierda de todo tipo.

Todo bajo la única supervisión y autorización de un magistrado de la Sala Tercera del Supremo, del que no se da el nombre, sabiendo la ideología e idiosincrasia de quiénes alcanzan la judicatura a esas alturas de responsabilidad. Y, desde luego, con alguna supervisión o aprobación en las actuaciones, sin duda, del Gobierno de turno.

Por eso, resultan llamativos los aspavientos de Unidas Podemos, cuando formó parte a través de Pablo Iglesias de reuniones de la Comisión de Secretos Oficiales, en las que algo de la labor del CNI se tuvo que contar, que sin embargo mantuvo oculto cumpliendo la exigencia del silencio ante las violaciones en derecho del Estado. Además, existe una ley de Secretos Oficiales de la época franquista que sirve de cerrojo para que no se pueda conocer nada, ni transcurridos más de 30 años de sucesos tales como el golpe del 23 F que sigue clasificado, o de los archivos y actuaciones policiales. Por eso lo que hizo Billy el Niño en sus torturas fue denunciado por las víctimas, pero sin papeles de por medio, ni, por supuesto de las actividades de los servicios secretos del Estado.

Para terminar con estos mecanismos represivos y de espionaje hay que plantear una investigación independiente de las actuaciones del Estado, para determinar el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del espionaje. Otras medidas elementales son la disolución del CNI, la apertura de todos los archivos secretos, el fin de toda persecución política y la libertad de los presos políticos que todavía permanecen en la cárcel como consecuencia del procés y de todas las luchas sociales y ciudadanas.