El proyecto de Juntos busca abaratar y facilitar los despidos. Un retroceso de décadas en los derechos laborales. Además del relato de campaña, ¿cuál es el proyecto del Frente de Todos para los "derechos laborales"?
Miércoles 22 de septiembre de 2021 11:38
Se conoció el proyecto de ley presentado por el senador de Juntos y ex embajador en Estados Unidos que busca derechizar un poco más el debate político, sobre la base del ajuste que sufre el pueblo trabajador desde hace años, y la desmovilización y entrega por parte de las centrales obreras que pactan con cada gobierno. En ese marco, la idea hecha proyecto, agitada en las últimas semanas de campaña para complacer a los grandes empresarios y el FMI, ataca en toda la línea los derechos de las y los trabajadores.
Para resumirlo: propone reemplazar el actual régimen de indemnizaciones contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo por un Fondo de Cese Laboral al que aportarían las patronales y usarían cuando necesiten despedir, pero de forma más barata. Además busca atacar otros derechos en relación a la posibilidad de despido.
Aquí presentamos un primer análisis, que seguramente no abarque todos los aspectos del proyecto que es completamente regresivo en toda su magnitud, pero ilustra su carácter de conjunto respecto a unos cuantos puntos.
1) Termina con el pago sustitutivo del preaviso, y con la integración del mes de despido, lo cual representaría una parte sustancial de este plan de abaratar indemnizaciones.
2) Esta iniciativa no se trata sólo de una disminución de algunos rubros de la indemnización actualmente regulada. Es la consagración del nefasto período de prueba, base de la precarización laboral desde Menem para acá, la invitación a aplicarlo para toda relación laboral, sobre todo aquellas que rompen el cuerpo y la psiquis a quien trabaja.
Es ni más ni menos que la extensión a toda la clase trabajadora del convenio de la UOCRA para los primeros tres meses, esa licencia para despedir por "finalización de obra" a quien ya fue exprimido en tiempo récord y no conviene seguir teniendo empleado porque va a rendir menos o va a faltar por sus lesiones.
Desde las bancas de Del Caño y Bregman del Frente de Izquierda y con la participación del CEPRODH, hemos planteado proyectos para la derogación del período de prueba, en completa soledad durante años de gobiernos del PJ y de Cambiemos. Tanto en los autodenominados "años felices" del Frente para la Victoria, como en los años de gobierno de los CEOs del macrismo.
Los gobiernos progresistas no tocaron un ápice de la herencia neoliberal de la dictadura y del menemismo. Dejaron vivo el art 92 bis de la LCT que consagra la precarización permanente de la juventud durante años, y que hoy la derecha quiere potenciar.
Ahora, con toda esa herencia estructural vigente y ante el calendario electoral, la decepción, la pérdida de empleos e ingresos de millones, desde el gobierno del Frente de Todos nos explican una vez más la amenaza que representa la derecha mientras avanzan con el ajuste y las políticas del FMI. A su vez, la CGT, alineada con el actual gobierno nacional, y cómplice del anterior en casi toda la línea, convalidan cada ataque patronal, tanto en ajuste salarial desde hace años, como en flexibilizaciones de convenios (SMATA, UOM, petroleros de Vaca Muerta). Hoy vemos la extensión de la tercerización en decenas de sectores de la economía: electricidad, petróleo y gas, telecomunicaciones, en las grandes fábricas metalúrgicas o del neumático. Este gobierno lo defiende a muerte, como lo vemos hoy en el conflicto de tercerizados eléctricos. ¿No es eso acaso una forma de imponer en los hechos el modelo UOCRA de condiciones de trabajo y de indemnización? ¿Quiénes serán los que le abren la puerta a la derecha para que se envalentone con proyectos como el de Lousteau?
El proyecto, que es presentado como una "mejora" de otro aún más brutal de semanas atrás que había sido presentado por diputados, implica numerosos retrocesos que profundiza la gran poda que le asestó la última dictadura a la Ley 20.744. Además de pretender arrasar con los derechos conquistados por la clase trabajadora y reconocidos por la Constitución contra el despido arbitrario, pretende terminar con un eje central de los principios protectorios del derecho laboral: implicaría una pérdida retroactiva de derechos ya adquiridos por las y los trabajadores en sus relaciones laborales vigentes.
3) Propone la eliminación, además, del pago de los míseros 15 días de preaviso que están reconocidos en la actualidad para quienes se encuentran comprendidos en ese período de los tres primeros meses de relación laboral.
4) Asienta la práctica hoy controvertida, de poder despedir a quien en dicho período de prueba sufre un accidente o enfermedad laboral, y establece que la obligación de brindar las prestaciones de ley (lo cual implica el sustitutivo del salario, ¡y la atención médica!) no se extenderán más allá de los 3 meses del período de prueba. Luego, "que dios te ayude", propone Lousteau.
Una bendición para los empresarios, que según la derecha no soportan más cargas y por eso no pueden contratar más trabajadores...pero también para las ART, enormes mesas de dinero a los que no se puede atribuirles ninguno de esos problemas que dicen sufrir los empleadores del tamaño que sean.
De esa forma, queda desenmascarada la enorme mentira. Como denunció Myriam Bregman "El modelo de la UOCRA que ponen de modelo es rechazado por los trabajadores" ponen de excusa a una modesta PYME o comercio barrial para imponer los intereses del empresariado de conjunto, pero ahora se revela que es extensivo a las ART, enormes privilegiadas desde la década menemista hasta hoy.
5) Para rematar, como si no fuera lo suficientemente nefasto, el proyecto aclara, que si del accidente o enfermedad laboral derivara incapacidad absoluta para el trabajador, no regirá el pago de la indemnización del art 245 de la LCT si se hubiera producido en el período de prueba. En ese caso, tal indemnización no llegaría a un sueldo, pero igual se la niegan expresamente, además que como se señaló más arriba, este proyecto hasta le recorta al empleado el medio mes de preaviso hasta hoy vigente).
6) Si de conjunto representa un ataque brutal que marcaría época, al pretender aplicarse ese "fondo de cese laboral" a las relaciones laborales que ya rigen, roza lo increíble. Evidentemente la derechización de la agenda, a veces hasta el ridículo, es el objetivo del regimen político-empresarial.
Para solventar este fondo de cese laboral, se prevén "aportes" patronales de un 8% del total salarial anual a partir del segundo año de relación laboral. Con lo cual, lo que depositen los empresarios no alcanzarían para cubrir un sueldo por cada uno de esos años trabajados, ni siquiera para las indemnizaciones a la baja que supone este proyecto, que además elimina el preaviso, y otros muchos aspectos que desde hace décadas se toman en cuenta al momento de determinar el salario base para el cálculo de la indemnización.
Vale decir que además esos "aportes" efectuados en determinado año por los patrones, al momento de pagarse por el eventual cese laboral, se encontrarían desvalorizados. Ni siquiera se encuentra prevista claramente esa devaluación a causa de la inflación.
7) Algunos de esos aspectos que proponen ignorar para calcular la indemnización en base a un sueldo "pelado", son las horas extras, o las sumas no remunerativas, que cada vez representan un porcentaje mayor del salario, como las habituales sumas a cuenta de futuras paritarias, en un contexto inflacionario permanente.
Una de las mayores burlas de Lousteau se manifiesta en los fundamentos del proyecto, cuando asegura que la finalidad del mismo es dar estabilidad y modernizar la ley laboral redactada en 1974. Omite decir que fue bastante transformada (regresivamente) en 1976 y ello casi no se tocó hasta hoy. Pero en realidad viene a impulsar una estabilidad y "modernidad" propia de los jornaleros y trabajadores rurales de principios de siglo XX que trabajaban de sol a sol.
Además hay que aclarar algo importante. Todos estos proyectos que quitan derechos, desde la reforma laboral hasta los regímenes como el de UOCRA, se han demostrado inútiles para mejorar el trabajo registrado y aumentar el empleo. En los 90 y ahora, los números lo confirman
El último mal chiste se encuentra en los fundamentos del proyecto, al afirmar que el régimen de la UOCRA no presenta críticas ni controversias. Nos quieren llevar, a un régimen precarizador de hace 40 años, nacido durante la dictadura genocida. Si Lousteau quería ganarse un espacio propio en la agenda de la derecha reaccionaria, no hay dudas que lo logrará con comodidad. Que su proyecto retrógrado pueda imponerse fácilmente sobre millones de trabajadores, será bastante más difícil.
