Violencia contra las mujeres. Hacia el 8M: el estado de los cuidados y los cuidados del Estado

"¿Quién nos cuida de la policía?", preguntan las pibas en sus cartones pintados con fibrones que levantan en las manifestaciones reclamando "Justicia" por cada femicidio. "Me cuidan mis amigas", responden otras pancartas. El crimen de Úrsula condensó, de manera espeluznante, la responsabilidad de cada una de las instituciones del régimen político en que el hostigamiento y la violencia del agresor (¡además, policía!) denunciado por la víctima, culminaran en el femicidio.

Por otra parte, el escándalo de los vacunados VIP revela, casi como una metáfora, quienes son los privilegiados por el Estado: amigos de funcionarios, desde periodistas hasta empresarios e integrantes de la propia casta política que recibieron la vacuna antes que todo el personal de Salud y que ni siquiera se iniciara la vacunación de docentes a quienes, sin embargo, se las obligó a iniciar las clases sin las condiciones indispensables para evitar los contagios.

Las dos escenas, que pusieron al Estado en el foco de las noticias en los últimos días, develan que el problema no radica en "su ausencia", sino en la presencia indisimulable de los intereses que sostiene y defiende; en qué es lo que ese Estado capitalista patriarcal legitima, justifica y reproduce, a través del gobierno, la Justicia, el parlamento, sus fuerzas armadas y represivas.

La violencia contra las mujeres es norma en esta sociedad

La policía es un cuerpo armado por la clase dominante para la defensa de la propiedad privada; por supuesto que su objetivo primordial no es evitar que te roben la billetera en una salidera bancaria o el auto en un descuido. Su principal tarea es defender la propiedad privada de la tierra, de las empresas y fábricas, de los conglomerados inmobiliarios contra aquellos que están privados de toda propiedad, que no tienen más que su fuerza de trabajo para ganarse el sustento y, en las crisis, se ven empujados a ocupar terrenos y edificios destinados a la especulación, reclamar en las calles y ocupar fábricas para defender su existencia y la de sus familias de la voracidad capitalista.

Pero si ’la violencia contra la propiedad privada’ irrumpe como una anomalía y una violación al orden social, la violencia contra las mujeres forma parte constitutiva de ese mismo orden, está naturalizada e integra las normas socioculturales que establecen cómo deberían ser y comportarse las mujeres y los hombres (y cuál sería el ’justo castigo’ para quienes se atrevieran a desafiar esos estereotipos).

Por eso, los femicidios que causan repulsión a la gran mayoría de la sociedad, son el último eslabón letal de una larga cadena de violencias que son menos advertidas, porque forman parte de lo que está normalizado, es cotidiano, se invisibiliza y que incluye desde la ridiculización de las mujeres, la sospecha y el control de sus conductas, la intimidación, la condena de la sexualidad y de los comportamientos que no se ajustan a la heteronorma, la desvalorización de los cuerpos que no se corresponden a los modelos de belleza, etc. Pero también, las desigualdades legales y jurídicas, la inequidad salarial, laboral y educativa, la creciente feminización de la pobreza, el aumento descomunal de la precarización laboral y de la vida cotidiana de las mujeres, etc.

El mismo Estado que es responsable de no atender las denuncias de violencia que hacen las mujeres, que es responsable de no brindar refugios seguros y en condiciones apropiadas (cantidad, distancia, personal capacitado), que revictimiza con fallos judiciales plagados de prejuicios patriarcales, es el mismo que legitima, reproduce y justifica la desigualdad de las mujeres, sumiendo en la precariedad y la pobreza a la inmensa mayoría.

El mismo Estado que garantiza las ganancias extraordinarias de los capitalistas, es el responsable de que recaigan sobre las mujeres trabajadoras los mayores esfuerzos por mantener a sus hijas e hijos, frente a la pérdida del poder adquisitivo del salario, la inflación y el aumento del costo de la canasta alimentaria. El mismo Estado que, con la policía que reprime las manifestaciones sociales y ampara a los violentos en la impunidad, desaloja violentamente a las familias que toman tierras y luchan por una vivienda, con las mujeres a la cabeza de esta lucha. El Estado que nos pide que "nos cuidemos" para evitar los contagios, en barrios sin agua potable, en casillas precarias, viajando hacinados en el transporte público, mientras manda a las enfermeras y a las docentes a trabajar sin las condiciones adecuadas, ni la vacuna que reserva ante todo, para los amigos del poder.

Nuestro grito de guerra: ¡el Estado es responsable!

Cuando estallan los escándalos como el de las vacunas VIP o los brutales femicidios que pudieron ser evitados, surgen tarde las iniciativas de mayores controles, transparencia de la gestión, mesas y comisiones que prometen trabajar coordinadamente, reformas protocolares y judiciales. Pura cháchara.

Ni el gobierno de Cristina Kirchner, ni el de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández dispusieron nunca de una asignación presupuestaria para la Ley sobre Violencia de Género que permitiera concretar algunas de las mínimas medidas que ya mencionamos y que, si bien no eliminarían la violencia sexista, podrían evitar gran parte de los femicidios que hoy lamentamos a diario. Pero ni los gobiernos (nacional y provinciales) ni el régimen de conjunto quieren ni pueden avanzar siquiera en esas medidas mínimas ya que cuestionan el presupuesto de ajuste, donde las partidas están destinadas a pagar a los usureros internacionales y al FMI, subsidiar a las empresas de servicios, solventar las ganancias de los capitalistas.

Por eso, nuestro feminismo es aquel que pelea por una ley de emergencia para la atención de las víctimas de violencia de género, como la que presentaron los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda desde hace más de seis años; pero combate con la fuerza de las mujeres trabajadoras, las que luchan por tierra y vivienda, las jóvenes precarizadas y estudiantes, contra el Estado capitalista patriarcal y su régimen social de explotación y opresión.

Porque el patriarcado no cayó con la aprobación de una ley por la que las mujeres nos movilizamos durante más de una década en la Argentina. Ni mucho menos por la voluntad de un presidente.

Porque el patriarcado no va a caer, sino que lo tenemos que tirar con nuestra fuerza organizada en una lucha sin cuartel contra el Estado capitalista y este régimen social que solo nos reserva miseria, oprobios y desigualdades.

Por eso nos organizamos y nos movilizamos el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Porque queremos el pan, pero también las rosas.

Fotos: Enfoque Rojo