Una vez más, familiares de víctimas de la represión estatal y la violencia institucional, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, se movilizaron en Mendoza en el marco de una nueva Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad.
Viernes 26 de agosto de 2022 20:49
Como en varias ciudades del país, cientos de personas se movilizaron por las calles del centro de Mendoza para denunciar la represión estatal, que encuentra a sus víctimas entre los sectores más vulnerables.
Lamentablemente, cada vez son más los familiares que integran este espacio, lo que habla del incremento de los casos. Muchos de los últimos casos se dieron durante la pandemia, cuando las fuerzas represivas fueron empoderadas por el gobierno de Alberto Fernández y Rodolfo Suarez. Además del aumento de víctimas de gatillo fácil, se incrementaron las muertes en contextos de encierro, desapariciones forzadas, criminalización de la protesta.
“Exigimos al Estado respuestas por la inactividad judicial frente a los casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias en todos los departamentos de la Provincia, como también aquellas prácticas de hostigamiento sistemáticas, arbitrarias e ilegales ejecutadas por la fuerza policial” fueron las principales denuncias de la movilización.
Entrevistamos a Ana Sosino, Trabajadora Social y parte de las organizaciones que convocaron a la marcha para conocer más a fondo la situación represiva en la provincia.
¿Cómo consideras que ha sido la política en materia represiva del gobierno de Suárez en el último año?
El Gobierno provincial actual, no ha sido la excepción en materia de represiva y violencia estatal en relación a los demás gobiernos de los últimos años en Mendoza, vemos con gran preocupación desde las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos el engrosamiento del presupuesto destinado a fortalecer el aparato represivo al mismo tiempo que aumentan los niveles de desigualdad social. En este sentido, la Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad, en el marco de la Marcha Nacional, viene a repudiar un año más el avance de mano dura desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta gestión ha venido a profundizar la criminalización de la pobreza y la protesta social, la hostilidad policial en los barrios populares y mecanismos que garantizan mayor impunidad, se trata de una gestión que de una forma autoritaria hace oídos sordos a los reclamos por mejoras salariales, por creación de vivienda, acceso real a la salud, educación y justicia.
En una entrevista reciente, Sergio Berni insistió con la baja de edad de imputabilidad, incluso sin edad tope. ¿Qué opinas al respecto?
La baja de edad de punibilidad es un tema que resuena en todos los gobiernos, es un claro mecanismo de campaña electoral que intenta saciar el deseo de venganza de algunos sectores, no reconociendo la ausencia de políticas sociales que en principio incluyan las niñeces y juventudes en la agenda estatal.
En Mendoza el sistema de protección de derechos está vacío de contenido, con un rumbo en el que prima lo penal en los abordajes de la problemática, a claras se trata de continuar con mecanismos selectivos y discriminatorios que tiene como único objetivo castigar, encerrar, como si eso resolviese alguna de las tantas problemáticas sociales, pues contrariamente se convierte en una escalada de violencias. Seguramente es momento de pensar una nueva ley de régimen penal juvenil, pero éste deberá abandonar lógicas del viejo paradigma sobre la niñez y avanzar en propuestas tendientes a garantizar los derechos que ya existen y que no se garantizan.
Una de las consignas de la convocatoria fue la denuncia del vaciamiento del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, ¿Cuál es la tarea del comité y que implicancias tiene el desmantelamiento?
El Comité de Prevención de la Tortura junto a la figura del Procurador de las personas privadas de libertad, principalmente tienen la tarea de identificar y denunciar la tortura y tratos crueles en espacios de encierro, generar estrategias que impacten en el plano jurídico como en la política pública, en la administración de las penas y las condiciones de detención.
En Mendoza el Gobierno de Cornejo propició la modificación de la ley que crea este mecanismo de control, decimos que se trató de un desmantelamiento en tanto las organizaciones sociales dejan de tener un rol protagónico desde la objetividad y la especificidad en materia de derechos humanos, ubicando en este lugar a figuras funcionales a la gestión de turno, de esta forma se garantiza en los espacios cerrados -que en su esencia ya resultan hostiles- mayores niveles de impunidad ante prácticas violentas y las condiciones de vida inhumanas.
¿Qué es la ley de salud mental y por qué exigen un órgano de revisión?
La Ley de salud mental en principio es una conquista social, resultado de la visibilización de prácticas y abordajes que lejos de promover la autonomía y la protección de los derechos de las personas que atraviesan alguna problemática en su salud mental agudizaban la complejidad y amedrentaba la libertad de las personas, patologizando problemáticas de índole principalmente social.
En el Marco de la Marcha Nacional contra el gatillo fácil y la impunidad, repudiamos las muertes y torturas en los hospitales de salud mental, como así también la ausencia de control sobre el cumplimiento de la ley de salud mental en clínicas, “granjas terapéuticas” y espacios cerrados abocados a la temática. Insistimos en que el abordaje de las problemáticas de consumos y de índole de la salud mental, deben darse en el marco del respeto por los derechos humanos y abolir aquellos mecanismos tortuosos. Para ello, es sumamente significativo que el Estado escuche la voz de los usuarios de estos servicios y sus familiares, que las organizaciones sociales formen parte de un órgano que controle la real efectivización de la ley, que los tratamientos sean transversales, con perspectiva de género y desde un enfoque comunitario.
