Fabián de Sousa, hasta ahora socio de Cristóbal López e involucrado en el escándalo por una multimillonaria deuda con la AFIP, la defendió como práctica “absolutamente legal” para financiarse.
Esteban Mercatante @EMercatante
Lunes 14 de marzo de 2016
Fabián de Sousa, el hasta ahora socio de Cristóbal López que ahora con la división del Grupo Indalo retendrá las empresas de medios y combustibles, salió ayer en Ámbito financiero (uno de los diarios que manejaba el grupo) a hacer su descargo sobre las denuncias y presentar su plan para las empresas ahora a su cargo.
Recordemos lo que se reveló en estos días. Por cada litro de nafta, al precio de salida de la refinería Oil le cargaba –como todas las empresas del ramo– un 62 % por el valor del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. Pero el monto así retenido no iba a la AFIP, sino que quedaba en los bolsillos de la empresa para financiar la expansión del Grupo Indalo.
Uno de los puntos salientes de sus definiciones fue el momento autoincriminante cuando sostiene que dejar de pagar impuestos para financiarse es “absolutamente legal”. El empresario abundó que “lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el Grupo”. Lo “que hemos tomado es la estructura de financiamiento que está disponible en la Argentina”, concluye.
El mayor escándalo de esta afirmación es que es completamente cierta, pero es una de esas verdades que no deberían confesarse. La “absoluta” legalidad y “normalidad” de usar fondos impositivos para financiarse, no deja por eso de escandalizar. El hecho de que esto sea impensable sin el aval del fisco, ilustra la obsequiosa actitud del Estado cuando se trata de estimular la acumulación de capital sacrificando fondos públicos. Estímulo que conlleva, además, la posibilidad de que ocurra la preferencia de algunos grupos por sobre otros, como efectivamente observamos en los últimos años (y en los ’90, y en los ’80, y en el proceso, y en… así sucesivamente).
El investigador Juan Iñigo Carrera también nos dice –sólo que en su caso como una crítica y no como un intento de escudarse en el accionar colectivo para evadir responsabilidades como hace de Sousa– que desde los años ’50 hasta acá la evasión tributaria es una de las formas concretas en las que se lleva a cabo la acumulación de capital en la Argentina. Es decir, que los empresarios utilizan el desfalco al fisco, eventualmente saldado en cómodas cuotas como una de las fuentes normales para solventar su operatoria, sobreponiéndose de esta forma en parte a las desventajas que padecen en términos de productividad (Juan B. Iñigo Carrera, “La acumulación de capital en la Argentina”, CICP, 1998). En los casos del capital más concentrado que opera en el espacio nacional (lo que Iñigo Carrera define como “capital medio fragmentado”), ya durante los años ’50 la “evasión impositiva deja de tener el carácter ilegal que alcanza al pequeño capital, para tomar la forma legal de los regímenes especiales de promoción”. Pero el contenido de evadir al fisco para sostener la acumulación se mantiene.
El caso de la empresa Oil y su desfalco con el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, se distingue cuantitativamente, pero no cualitativamente de otras operatorias tradicionales, que cuentan con la venia del Estado. La empresa del Grupo Indalo dejó de pagar un impuesto que ya había recaudado. Lisa y llanamente, uso plata de otros para la jugarla en la timba de sus negocios. Es esto lo que de Sousa define elegantemente como “estructura de financiamiento”.
Es lo mismo que diariamente hacen decenas de miles de empresarios, grandes y medianos, y que tiene en el incumplimiento de los aportes patronales al sistema previsional uno de los blancos preferidos históricamente. Pero también en el caso del IVA, cobrado a todos los consumidores pero muchas veces desviado antes de llegar a la AFIP. Organismo que, tarde o temprano, les permite a todos los defraudadores volver al redil con moratorias a la medida de los evasores, que en una proporción abrumadoramente mayoritaria (tanto en cantidad de evasores como en los montos involucrados) se encuentran entre los sectores empresarios.
No sorprende entonces la conclusión (que demostramos en este artículo de Ideas de Izquierda) de que el Estado con su estructura impositiva regresiva se financia proporcionalmente más a costa de la clase trabajadora (mientras que gasta preferencialmente en beneficios para los capitalistas). Sorprende, sí, que De Sousa lo reconozca con tanto desparpajo.
