Cheyre es investigado por su presunta participación en una serie de torturas cometidas al interior del Regimiento Arica y de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle en 1973. Hace meses niega cualquier participación. En forma extraña, el propio Ejército lo involucró, y ahora desde el gobierno y la Justicia salen en su defensa.
Viernes 3 de noviembre de 2017
La investigación de aquellos crímenes es en calidad de cómplice en 15 homicidios en el paso de la denominada Caravana de la Muerte por La Serena, el 16 de octubre de 1973.
Cheyre es uno de los generales democráticos favoritos de la Concertación/Nueva Mayoría. Fue uno de los que hizo el hipócrita mea culpa. Al retirarse fue nombrado en la Universidad Católica en un centro de estudios internacionales. Después, designado por el gobierno al SERVEL, al que tuvo que renunciar con la investigación de este caso.
Siempre negó toda participación. Solo la persistencia de los denunciantes, torturados tras el Golpe, permitió que el caso perseverara.
En un giro inesperado y llamativo, la investigación está impactando nuevamente en la política nacional. El propio Ejército dio a conocer que Cheyre sí tuvo una participación en aquellos hechos, participando en 26 Consejos de Guerra.
Inmediatamente salieron en su defensa. El juez Carroza, insólitamente, descartó que la participación de Cheyre en consejos de guerra sea determinante. Aunque los Consejos de Guerra fueron uno de los dispositivos donde se determinaba el “destino judicial” de los perseguidos. Sabemos que ese destino fue la muerte y desaparición en una gran mayoría de los casos.
Desde el Gobierno, tanto la vocera Paula Narváez como el Ministro del Interior Mario Fernández, declararon que desconocían los antecedentes sobre la presunta responsabilidad de Cheyre en violaciones de derechos humanos a la hora de ser nombrado comandante en jefe el año 2002, aunque su participación en los Consejos de Guerra figuran en el Informe Valech.
Opuesta a la reacción de los organismos de DDHH. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) denunció que la tónica en las FFAA es negar los hechos en los que participaron y acusar persecución por parte de la Justicia.
Por su parte, el abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte Cristian Cruz, afirmó que este antecedente reafirma la responsabilidad de Cheyre, como tantos otros oficiales en retiro, en torturas.
Es llamativa la información entregada por el Ejército, en este momento. ¿Tendrá que ver con otra información, revelada por el New York Times, de la quema de microfilmes de la DINA y la CNI bien entrada la democracia, en el año 2000? ¿O con el caso “milico-gate”? ¿Buscan distractores, sacrificando a uno de los suyos, son pasadas de cuentas entre sectores del Ejército? Hay mucho ruido, y también, muchas nueces.
