MÉXICO. El financiamiento a los partidos, un debate con WikiPolítica y el Morena

En el Congreso de Jalisco la propuesta del diputado local Pedro Kumamoto fue aprobada a partir de un acuerdo con el PRI, Movimiento Ciudadano, PAN y otros partidos, y en particular con el gobernador Aristóteles Sandoval. En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio visto bueno a la ley, para ser aplicada en Jalisco a partir de 2019. La misma, como planteamos aquí, vincula el financiamiento público a los votos validos emitidos y promete una reducción de los recursos que reciben los partidos con registro.

Kumamoto presentó su iniciativa como parte de la “democratización de la política” (“los muros sí caen”) y para que los partidos se preocupen por generar interés en la participación política, apostando a recuperar a los mismos para la ciudadanía. #SinVotoNoHayDinero es impulsado nacionalmente por Wikipolítica (WP), que tiene a Kumamoto como su referente.

Pero, a pesar de las intenciones de los integrantes de WP, #SinVotoNoHayDinero es retomada por los partidos del régimen político para mejorar su imagen, reformando aspectos puntuales y no sustantivos de la ley electoral. Aquellos pretenden contrarrestar su distanciamiento con amplios sectores desilusionados de la población.

El costo es pequeño: toda reducción de recursos públicos será compensada con las contribuciones privadas que reciben de cualquier forma. O porque no, con el desvío de recursos gubernamentales a los cuales tienen acceso. La propuesta de Kumamoto fue recibida también con beneplácito por la gran patronal de distintos estados: en días recientes la Coparmex de Durango anunció que presionará para su aprobación.

No cabe duda que la actual ley electoral beneficia a los partidos del régimen y les proporciona cuantiosos recursos públicos. Sin embargo, la iniciativa Kumamoto no cuestiona su carácter antidemocrático ni los intereses de esos partidos. Tampoco pone en cuestión que “la política” esté al servicio de los grandes empresarios agrupados en la Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial. Por eso es que cosechó apoyos y aliados en el PRI o Movimiento Ciudadano, en independientes como el ex panista Manuel Clouthier, así como el reconocimiento público del gobernador priista de Jalisco.

Estas son las consecuencias de pensar que se puede recuperar “para la gente” a los partidos del Pacto por México y de Ayotzinapa. Con ellos, que defienden los intereses de los grandes empresarios, no se puede construir una “nueva política”.

Ackerman: ¿piso parejo con las mismas reglas?

En su perfil de Facebook, John Ackerman referente de Morena criticó a Kumamoto en un post titulado “Yo no le creo a Pedro Kumamoto, ¿y tu?”.

Ackerman propone combinar la reducción del financiamiento publico a los partidos, con la prohibición del privado, y acotar drásticamente el gasto en campaña. Pone como ejemplo que los funcionarios de Morena donaron el 50% de sus ingresos al proyecto Escuelas Universitarias gratuitas. Y propone “un verdadero piso parejo entre los candidatos con respecto a la cobertura mediática, la organización de debates, etc. para reducir la necesidad de gastar tanto en materia electoral.”

La diferencia esencial de Ackerman con Kumamoto está en la actitud ante el financiamiento privado, que efectivamente genera condiciones desiguales en el proceso electoral y favorece a los partidos que tienen mayores vínculos con los capitalistas y el narco. Si bien su crítica a Kumamoto por su alianza con el PRI y otros partidos es atinada, su propuesta de “piso parejo” –aunque pueda sonar bien– no dice nada de las restricciones del INE que impiden que las organizaciones obreras y de izquierda participen de las elecciones.

Su crítica está en sincronía con lo que López Obrador dijo de los candidatos independientes, quienes “le hacen el juego a la mafia en el poder”. Sin duda, el Bronco y otros “independientes” están más cerca del PRI o del PAN que de la izquierda. Pero AMLO descalifica también “por hacerle el juego al PRI” a todo lo que esté por fuera de Morena y a su izquierda. Lo dijeron de los independientes en el 2016, cuando participamos con Anticapitalistas al Constituyente. Y lo repitieron ante la candidatura independiente del Concejo Indígena de Gobierno.

La realidad es que somos los socialistas quienes enfrentamos consecuentemente al régimen actual, en tanto que AMLO se alía con empresarios y ex integrantes de la “mafia del poder”.

Mientras tanto, lo que no encontramos en Kumamoto ni en Ackerman es una denuncia del carácter antidemocrático de la ley electoral y una propuesta que lo ataque de raíz.

Para que caigan los muros, enfrentar al régimen

La legislación actual y el Instituto Nacional Electoral sirven a un régimen profundamente antidemocrático, que pretende que sólo los partidos al servicio de los empresarios participen de las elecciones. El único resquicio para las organizaciones obreras, populares y de izquierda son las candidaturas independientes. Pero los requisitos son un obstáculo casi insalvable: desde la recolección de firmas en un corto periodo hasta onerosos tramites administrativos. El financiamiento asignado es siempre menor al que se otorga a los partidos con registro. Sin mencionar que las organizaciones no pueden participar con su nombre, sino a través de candidaturas individuales.

¿Que dicen Kumamoto y Ackerman de esto? Aparentemente, nada. Si se quiere atacar los aspectos más regresivos de la política y “que caigan los muros” (Kumamoto) u ofrecer un “piso parejo” (Ackerman) es elemental pronunciarse sobre eso.

En primer lugar, exigir que no haya ninguna restricción, disfrazada de “requisito”, que impida las candidaturas independientes a cualquier cargo de elección popular. Y exigir también el registro como partido político para todas las organizaciones sindicales, populares, democráticas o de izquierda que lo busquen. Esto es una reivindicación elemental que corresponde a los mínimos y básicos derechos democráticos que cualquier progresista debería defender.

Junto a eso, pronunciarse para que el financiamiento público sean distribuido equitativamente entre todos los participantes en el proceso electoral –candidaturas independientes y partidos–, al igual que el acceso a los medios de comunicación. Son reglas básicas para que los partidos y candidatos que no respondemos a los intereses empresariales, intervengamos en las elecciones en igualdad de condiciones ante los partidos patronales que hoy monopolizan los recursos públicos, y que gozan del financiamiento directo de los capitalistas y del narco.

Ackerman habla en su texto de la donación de los ingresos de los funcionarios de Morena, en tanto que Kumamoto donó parte de su salario. Sin embargo esto es insuficiente: no ataca al conjunto de la “casta política”. Hay que proponer que todo funcionario publico cobre como un trabajador medio o una maestra, tal como sostuvimos desde Anticapitalistas a la Constituyente de la CdMx. Para los socialistas esta medida es parte de la lucha contra el régimen al servicio de los capitalistas y por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

A Kumamoto y Ackerman no les pedimos que sean socialistas ni anticapitalistas; las diferencias políticas e ideológicas están claras. Pero una actitud verdaderamente democrática debe cuestionar radicalmente los aspectos autoritarios y restrictivos constitutivos de este régimen político. Si en lugar de eso se presentan propuestas moderadas que modifican aspectos puntuales sin afectar la esencia antidemocrática de las instituciones, se colabora, quiérase o no, a que el régimen político se reforme de forma cosmética. Esto repite el camino del año 2000, cuando la “transición democrática” del PRI, PAN yPRD aceitó las instituciones para atacar mejor las conquistas del movimiento obrero y popular.

Contra los partidos al servicio de los empresarios, hay que construir una nueva herramienta política de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que no tenga miramientos en luchar contra este régimen autoritario, que defiende los intereses de los poderosos.

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