Así lo determinó el Juzgado Federal N°2 de San Martín. Es por su participación como miembro de Inteligencia de la Bonaerense en secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Miércoles 26 de agosto de 2020 19:04
El ex agente de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) y actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello será juzgado por la privación ilegal de la libertad y tormentos de los militantes del Partido Comunista Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, ocurridos el 23 de julio de 1981.
El entonces integrante de la Dippba participó del operativo que fuera coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También serán juzgados por los mismos hechos los ex agentes Ricardo Coronel, Guillermo Horacio Ornstein, Jorge Norberto Apa, Hugo Daniel Cammarota, Daniel Eduardo Ríos y Hugo Carlos Ramón Trasguerras.
La jueza María Alicia Vence rechazó una serie de nulidades presentada por la defensa, entre ellas, el pedido de sobreseimiento de los imputados ya que los delitos de los que se lo acusa, no se tratarían de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, la acción penal estaría prescripta. La magistrada remarcó que dicha cuestión ya había sido discutida y que “este argumento demuestra que el planteo no obedece a otro motivo que el de entorpecer y evitar de cualquier modo que sus defendidos sean sometidos al debate oral y público”.
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Gracias a la información brindada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se acredita de forma contundente su participación en estos hechos. Señalan que “sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del Terrorismo de Estado”. Se conoce también su participación en operaciones conjuntas con el ejército en la zona norte del conurbano bonaerense, para el secuestro, tortura y asesinato en febrero de 1982, de la marplatense Ana María Martínez, militante del PST.
Desde la CPM afirman que “el valor de la prueba del expediente reafirma que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado”.
A la espera del sorteo del Tribunal que llevará adelante el juicio urge que Fernández Garello quien goza de una impunidad sostenida por los gobiernos provinciales y municipales a lo largo de los años, sea apartado de su cargo como funcionario público.
