El fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, se reunía la mañana del miércoles con la Junta de Fiscales para debatir su propuesta de querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, tras la celebración de la consulta ciudadana por la independencia el pasado 9N.
Jueves 20 de noviembre de 2014
Torres-Dulce ha recibido el apoyo mayoritario de los veinticuatro fiscales de la Junta que se han personado para emprender acciones legales contra Mas, Ortega y Rigau por delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la consulta. Tan solo dos de ellos se han mostrado reticentes, sin embargo la junta tiene carácter consultivo y la decisión final compete exclusivamente al fiscal general.
Por su parte, Torres-Dulce señala en su tesis sobre la querella que ha presentado a la junta que la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre fue planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, articulándose a través de la web.
El fiscal general considera desobediencia del ejecutivo catalán a la “absoluta, tajante e inequívoca orden de suspensión” que ejecutó el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de Consultas, la convocatoria del 9N y el proceso de participación ciudadana.
Torres-Dulce denuncia que Artur Mas nombrara a los miembros de la Comisión de Consultas Populares, a la Comisión de Seguimiento y las declaraciones públicas del propio Mas manteniendo el objetivo de la consulta para el 9N.
Así mismo, el fiscal general subraya también las peticiones por orden de la consejera de Educación a los directores de institutos para la cesión de locales e instalar las mesas electorales, y destaca las comparecencias de la vicepresidenta durante el 9N dando cuenta de la participación ciudadana.
Y en relación a los supuestos delitos de malversación por parte de la Generalitat, el fiscal general se ampara en los gastos realizados en telecomunicaciones, elaboración de material electoral, costes de mensajería y difusión institucional, todo ello sufragado por las arcas públicas.
Al término de la reunión de la Junta de Fiscales, Torres-Dulce ha anunciado que ordenará a la Fiscalía Superior de Cataluña que presente la querella contra Mas, Ortega y Rigau esta misma semana.
Sin embargo, la orden del fiscal general del Estado, pone más de relieve las desavenencias existentes entre el Estado español y Cataluña, en este caso judiciales. Ayer mismo, José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña, comunicó a Torres-Dulce la decisión por unanimidad de no considerar procedente una querella contra el presidente de la Generalitat por parte de los fiscales de Cataluña, ya que entienden que no existe una orden expresa del TC que prohibiera la preparación del 9N.
De esta forma, con la querella de Torres-Dulce el Gobierno central lleva a cabo una estrategia a dos bandas con relación al movimiento por el derecho a decidir de Cataluña, tras los resultados de la consulta ciudadana del 9N en la que participaron más de dos millones de personas.
Por una parte, sigue mostrándose intransigente hacia el proceso soberanista, impulsando medidas como la querella, escudándose en la fiscalía. Por otra parte, el presidente Rajoy anuncia un viaje a Cataluña para el próximo fin de semana, mostrándose más abierto al raciocinio sobre el proceso independentista.
