El pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechaza hacer una multiconsulta que incluía la pregunta de si se debe municipalizar el agua. Nos preguntamos porque no se municipaliza directamente.
Pere Ametller @pereametller
Jueves 12 de abril de 2018
Foto: EFE
El pleno de este martes ha rechazo la propuesta ciudadana de realizar una multiconsulta que incluía la pregunta de si el Ayuntamiento debe municipalizar el servicio del agua, actualmente en manos de la multinacional Agbar.
La propuesta decayó al,contar solo con el voto a favor de Barcelona en Comú, ERC y la abstención del regidor no adscrito de Demòcrates. La otra cuestión sobre la que se quería preguntar era sobre el cambio de nombre de la plaza Antonio López y López (antiguo esclavista) por el de Idrissa Diallo (un inmigrante víctima mortal de un CIE). En este caso también fue rechazada con los mismos votos a favor más los de la CUP.
Desde Barcelona en Comú se ha acusado a la oposición de cambiar la intención de voto en el último momento y de partidismo. Recriminan al PSC haber cedido a las presiones de la empresa Agbar y a la CUP de haberse mostrado paternalista ante una iniciativa ciudadana que es la que proponía dicha multiconsulta.
La CUP ha respondido a través de su regidora Maria Rovira, quien ha declarado que ellos entienden que “un derecho que es fundamental, un derecho que está declarado un bien humano como es el derecho al agua, no puede ser consultado sino que se ha de ejercer”. También ha insistido en que “si quieren municipalitzar el agua tienen instrumentos, porque había una propuesta de noviembre del 2016 para hacerlo directamente y recibió el apoyo de BComú, ERC y la CUP”.
Desde que se puso sobre la mesa la posibilidad de hacer esta consulta, Agbar ha iniciado una fuerte campaña publicitaria en la que intenta mostrar una falsa cara social, con demagogia sobre los supuestos descuentos en el precio del agua a las persona con menos recursos. Lo que no dice es que esos descuentos van a costa de las arcas públicas, que son las que los sufragan.
Más allá de la campaña de recogida de firmas que han iniciado los promotores de la consulta, y que sin duda ha sido un factor importante para abrir una discusión que el equipo de gobierno estaba posponiendo (como todo el resto de remunicipalizaciones de servicios a las que se han renunciado), cabe preguntarse porque Barcelona en Comú no está dispuesta a votar directamente ambas propuestas: tanto la muncipalización del agua como el cambio de nombre de la plaza.
Hay que recordar que esta propuesta era parte de su programa electoral de 2015, donde se proponía “hacer uso de los instrumentos que el Ayuntamiento tiene al alcance para lograr la municipalitzación del agua y poder hacer una gestión pública y democrática.” En vez de ello, parecía querer ganar tiempo con una consulta no vinculante, que al menos le serviría para cubrir el expediente el próximo año y llegar a la siguiente cita electoral con argumentos en contra de quienes le acusaran, con razón, de haber dejado pasar cuatro años sin tomar ninguna iniciativa de calado en este sentido.
Escondiéndose detrás de una supuesta “democracia participativa”, el gobierno de Colau se pretende mantener en la posición de no cuestionar, con medidas concretas y eficaces, los grandes poderes económicos de la ciudad. ¿Acaso tendría sentido plantear un referéndum sobre si la sanidad y la educación han de ser públicas? O sobre si se deben derogar las reformas laborales laborales o la ley de extranjería.
El deber de cualquier organización de izquierda es defender la implementación de estas medidas y implementarlas directamente si está en sus manos. Lo más extraño es que para sus medidas más continuistas con los gobiernos municipales del PSC-ICV o el del mismo Trias, Colau no propone consulta alguna.
¿Por qué Barcelona en Comú no propone una consulta sobre si Barcelona ha de seguir siendo la sede del Mobile World Congress? O ya puestos, ¿Por qué no una consulta sobre si la Guardia Urbana debe seguir persiguiéndo a los manteros y los lateros? Esta última incluso tendría más sentido, ya que es un incumplimiento flagrante del programa con el que ganaron las elecciones que proponía la descriminalización de la venta ambulante.
Por lo tanto parece que el gobierno de Colau se está escudando en la multiconsulta para no afrontar el reto de municipalizar el agua. Algo coherente con la política de su gobierno sobre los grandes servicios externalizados. Hay que tener en cuenta que tampoco se trata de ninguna medida revolucionaria de extraordinaria dificultad de llevar a cabo. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Terrassa, con un alcalde del PSC, ha realizado recientemente esta medida sin ningún tipo de consulta.
No es solo el caso del agua, muchos otros servicios como el Bicing, la atención domiciliaria o los socorristas que han vivido ellos conflictos laborales contra las empresas contratistas y los y las trabajadoras han levantado la demanda de municipalización.
La respuesta del Ayuntamiento de Barcelona ha sido continuar dejando en manos de grandes empresas estos servicios, en teoría exigiéndoles cláusulas sociales. Una auténtica farsa, como demuestran los mismos conflictos laborales que hemos mencionado. Como muestra el ejemplo de la atención domiciliaria, que se dejó en manos de nada menos que el señor Florentino Pérez.
Acabar con con estos negociados millonarios, lograr el pase a titularidad pública y el control de trabajadores y usuarios de estos servicios esenciales, solo será posible por medio de la organización y movilización coordinada de todos los trabajadores de las contratas municipales, en alianza con las asociaciones de vecinos y plataformas de usuarios.
