El debate educacional vuelve a tomarse el escenario con el giro del Gobierno al “realismo sin renuncia” y la anunciada presentación del proyecto de ley de gratuidad en educación superior en septiembre y su adelanto vía discusión del Presupuesto para el 2016.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Lunes 20 de julio de 2015
El giro del gobierno
Como informamos aquí en La Izquierda Diario el “realismo sin renuncia” es el retroceso de la promesa de “reformas estructurales” a la “protección social” justificada en las restricciones económicas.
En el ámbito educacional significa tres anuncios centrales: que para el 2016 se cubriría al 60%, que se excluiría de esto a las universidades fuera del CRUCH (Consejo de Rectores), y que se comenzaría a implementar vía discusión presupuestaria por el retraso en la presentación del proyecto de ley, como también aquí informamos en La Izquierda Diario.
Cambio de eje
El cambio de eje es el abandono del objetivo declarado de la educación como “derecho social” a una forma de focalización amplia, que alcanzaría hasta el 60%, quedando en veremos si alcanza a cubrir hasta el 70%.
Con esto se abrieron distintos debates simultáneos. Los Rectores de las instituciones privadas no seleccionadas, fuera del CRUCH, para el inicio de la gratuidad el 2016, junto con la derecha y la DC, critican la “discriminación” de sus estudiantes. Aunque su preocupación no son sus estudiantes, sino que migren a instituciones gratuitas, y pierdan estudiantes, clientes, ingresos.
Otro debate, desde otro ángulo pero en la misma dirección, lo ponen los dirigentes de las Federaciones estudiantiles de las Universidades privadas. Critican también que queden fuera sus casas de estudio. Asumen el discurso del “sentido público” que pusieron años atrás organizaciones como las Juventudes Comunistas y hoy reponen los rectores de estas instituciones.
Otro debate es cómo financiarlo. En estas discusiones, se perdieron anteriores avances del propio movimiento estudiantil, y de intelectuales que los apoyaron.
La educación pública y gratuita es posible
Una de las herencias de la dictadura es la destrucción de la educación pública, impulsando la formación de un mercado de la educación. En este, y en el ámbito de la educación superior, las Universidades públicas están sometidas al mercado, teniendo que auto-financiarse, mediante alzas de aranceles, venta de servicios, y reducción de costos. Las Universidades privadas funcionan igual, además de recibir transferencias del estado por distintos medios, uno de ellos el CAE, en la mayoría de ellas su fin es el lucro, en otras, el matrimonio entre lucro y proyecto ideológico.
Según un estudio de académicos para una publicación de la UC, en el año 2013 el costo bruto de financiar hoy a los casi 1.100.000 alumnos que estudian en los 11.779 programas que se imparten es de US$4.800 millones. De esto, el Estado financió casi US$ 2.315 millones de dólares en 2013 en ES con un 70% correspondiente a becas y créditos estudiantiles. Agregan que el costo fiscal neto (costo bruto menos gasto del Estado) sería de US$ 1.942 millones de dólares, para financiar la gratuidad. Advierten que una vez sea gratuita, más costos para aumentar la calidad, la cifra podría elevarse por sobre los US$ 8.000 millones de dólares anuales, casi tres puntos del PIB. Y concluyen que, de ser así, los recursos disponibles de la reforma tributaria no serían suficientes para financiarla.
Como informamos en La Izquierda Diario aquí, ya se han elaborado distintos documentos que sustentan la posibilidad de la gratuidad universal. Entre ellos el de septiembre de 2011 de la Mesa Técnica de la Confech que entre otras propuestas plantea: aumentar el Impuesto Adicional a la Renta de 35% a 50%, disminuir el gasto público destinado a las FF.AA a un 1%, un aumento al impuesto Royalty del 30% a las exportaciones de recursos naturales (esto solo significaría US$ 16.000 millones), la renacionalización del cobre.
Economistas como Julian Alcayaga han escrito que las grandes empresas mineras extranjeras pagaron poco más de 3.000 millones de dólares de impuestos produciendo el 70% del cobre chileno, mientras que Codelco, con sólo el 27% de la producción, aportó cerca de 7.000 millones de dólares al Estado.
Otros economistas plantean otras medidas como ajustar la actual regla fiscal a un déficit estructural de 2% en lugar del 1% en aplicación por este gobierno (equivale a aproximadamente US$ 2.200 millones). Terminar con la elusión tributaria. Fiscalizar la subdeclaración en las exportaciones de cobre. Habría que agregar poner fin a los subsidios a los privados.
La otra renuncia
Las dirigencias de la CONFECH han criticado ante estos anuncios, la discriminación a los estudiantes de las instituciones privadas. La falta de criterios claros para la selección, exigiendo criterios como la democratización interna. Y, aunque respondieron como organización del movimiento estudiantil ya desde el 2011, piden ahora “que se abra el debate”, en palabras de Valentina Saavedra tras la reunión de la CONFECH en la USACH del día de ayer. Es la otra renuncia, que permite el giro del Gobierno.
