Mundo Obrero. El gobierno acelera el cierre de la minería

El pasado martes 18, la Ministra Teresa Ribera, reiteró en un Comisión del Congreso, el objetivo firme del gobierno socialista, de acabar con la producción de carbón. Esto supone ratificar el cierre de siete centrales térmicas que no han realizado ninguna inversión. La supervivencia de las otras ocho existentes que sí que han invertido para continuar funcionando a diferentes circunstancias tampoco está asegurada.

Ribera, afirmo que “no tiene sentido mantener el carbón, porque es caro y esta trasnochado”. Aludió directamente a su poca rentabilidad y aseguró que no tiene sentido mantener un recurso que está produciendo el 17% de la energía eléctrica que se consume al mismo tiempo que emite el 58% de la contaminación que se produce a través de la producción energética.

Por último, también culpó al carbón de la última subida espectacular de la luz debido, ya que el precio de la tonelada de éste ha pasado de 53 euros a 76 euros en dos años y el coste de la tonelada de CO2 ha pasado de 5 a 25 euros.

Malestar y gran preocupación en las Cuencas Mineras

Las palabras de la ministra han provocado una inmediata reacción de desaprobación en los pueblos afectados. Algunos alcaldes socialistas de estos pueblos, la han acusado de “demonizar” el carbón. La Ejecutiva local del PSOE del municipio minero de Fabero en la provincia de León, señala que “no se puede hablar de una transición justa para las comarcas y los mineros si se establecen plazos tan limitados, que dejarían a un número importante de trabajadores en el más absoluto desamparo y a una comarca, con más de cien años de historia minera, abocada a su desaparición”.

Esta gran preocupación afecta también a la Comarca de las Cuencas Mineras de Teruel ya que la Central Térmica de Andorra, al ser una de las siete que no ha recibido las inversiones exigidas por la Comisión Europea, y por tanto debería cerrar en 2020.

Francisco Montull, representante de minería de UGT Aragón, se preguntó cómo pretende Teresa Ribera cubrir ese 17% medio de consumo si el carbón desaparece “de un plumazo” del mix energético. “Hay picos en los que el carbón supone hasta el 23%”, reflexionó. Asimismo recordó que lo que defiende el sector minero turolense es que se mantenga el lignito como recurso autóctono que “garantice el suministro eléctrico” en momentos de alta demanda. “Esto se puede conseguir al mismo tiempo que se apuesta, claro que sí, por las renovables”, concluyó.

Su homólogo en CCOO, Antonio Montoyo, se refirió al porcentaje de contaminación. “¿Qué centrales suponen el grueso contaminante? ¿Las que queman carbón autóctono o las que queman carbón de importación?”, se preguntó. Subrayó que de los 20 millones de toneladas que se quemaron el año pasado, sólo dos son de carbón procedente de las minas españolas.

Además, recalcó que si finalmente se acometen las inversiones que necesitan las térmicas para seguir operando más allá de junio de 2020, los niveles de contaminación se reducirían. Cabe recordar que en el caso de Andorra, se necesitan unos 190 millones de euros que Endesa no está dispuesta a desembolsar si no se garantiza el futuro del carbón.

Por una lucha independiente de los mineros y mineras en defensa de su futuro

Estas declaraciones demuestran, una vez más, como las burocracias sindicales siguen ligando el futuro de la minería y de los pueblos y familias que dependen de ella al interés de la patronal. Su única salida a este “desafío energético” es que se siga subvencionando a la patronal minera con dinero público, para mantener una industria en un declive imparable. Todo esto sin intentar impulsas otras vías industriales alternativas. Una patronal, que recordemos, que lleva años viviendo de las subvenciones públicas, recibiendo cientos de millones de euros que luego no invierte en mejores condiciones laborales y salariales.

Esto no nos debe extrañar, ya que es la misma que frenó la gran lucha de los mineros en 2012, tras la emocionante “Marcha Negra” a Madrid. La misma que en junio de 2016, firmo un acuerdo con patronal y varios partidos políticos que sólo servía para que la misma siguiera recibiendo estas grandes ayudas públicas.

Esta burocracia sindical no sólo pone palos en la rueda de la movilización o hace “frente común” con los patrones del sector, sino que en el caso de algunos miembros de la misma aparecen casos de corrupción. Hablamos del “histórico” líder minero de la UGT durante 35 años, José Ángel Fernández-Villa, que recientemente ha sido condenado a 3 años de cárcel por robar más de medio millón de euros destinados a ayudas a los mineros.

El futuro de los mineros y mineras no puede está ligado a que los gobiernos sigan subvencionado a esta patronal “chupóptera”. Deben garantizar, si fuera necesario, vías alternativas de empleo, pasando por la implantación de un nuevo modelo energético, que deje de estar basado en productos tan contaminantes como el carbón.

Este debe basarse en el fortalecimiento y aumento de las energías renovables y alternativas, harto difícil en el Estado español, con una casta política firmemente unida con la patronal eléctrica, que impone medidas como el “impuesto al sol” que no hace mas que impedir el impulso de este nuevo modelo de producción de energía.

Además, de producirse, este cierre de la minería no puede hacerse de la noche a la mañana. Debe ser un proceso paulatino y controlado por los trabajadores, que asegure que ningún minero se quede abandonado a su suerte. De no ser así, uno de los sectores más combativos de la clase obrera será atacado y abandonado, tanto por el gobierno, la patronal y la burocracia sindical.

Los compañeros y compañeras mineros no pueden esperar nada, ni confiar en esta burocracia “vendida” y “ladrona”. Deben retomar su siempre permanente espíritu de lucha. El mismo que les llevo a protagonizar una autentica Revolución en 1934, a ser los primeros en empezar a luchar contra la dictadura franquista o a protagonizar heroicas luchas contra la brutal reconversión industrial de los años 80 de los gobiernos socialistas.