La autorización del Ministerio de Industria a empresas de cable para vender servicio de Internet es un ataque directo a las empresas públicas para favorecer a los privados. Hay que frenar los planes privatizadores y neoliberales del gobierno de Lacalle Pou
Miércoles 22 de junio de 2022
El gobierno a través del Ministerio de Industria autorizó a empresas de cable a vender el servicio de transmisión de datos (Internet). El servicio por cable o fibra óptica era hasta ahora monopolio de ANTEL y esta medida favorece directamente a empresarios amigos, fundamentalmente los dueños de los canales 4, 10 y 12, además de abrir las puertas a una mayor privatización y concentración en el área de las comunicaciones
Se trata de una vieja reivindicación de los operadores de cable que venían planteando el recurso de inconstitucionalidad de la ley de medios que data de 2014; la que planta en su artículo Nº 56 la incompatibilidad entre prestar servicios de comunicación audiovisual y prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos.
Si bien la Suprema Corte había definido que esto era inconstitucional (dando la razón a los empresarios) no había hasta ahora voluntad política de dar pasos concretos para habilitar que los operadores de cable dieran servicio de Internet.
Con la resolución del Ministerio de Industria se abre la puerta a que los dueños de los canales privados amplíen sus negocios.
Al mismo tiempo el gobierno también anunció que Antel, a través de Vera, pagará a estos mismos canales más de 10 millones de dólares en 3 años, para retrasmitir sus programaciones a través de la plataforma Vera. Se trata de la programación de los canales abiertos, a la que cualquier persona del área metropolitana puede acceder libremente y que en el interior se difunden a través de los cables de cada localidad. Evidentemente es una suma muy grande para un público muy acotado y parece más bien otro “negocio” a la medida de los canales 4, 10 y 12.
Negocio para los privados
El sindicato SUTEL ha denunciado esta medida como un ataque a la soberanía, alertando además sobre la falta de personal que sufren las empresas públicas y la política intencionada del gobierno de no reponer la plantilla, otra forma más de vaciamiento y debilitamiento de las empresas públicas.
Mientras el gobierno, y su propaganda neoliberal quiere hacernos creer que esto amplia la competencia y las opciones y alternativas a las que pueden acceder los usuarios la realidad es que se favorece a unas pocas empresas que podrán concentrar en algunas manos áreas enteras de las comunicaciones. La medida no se puede entender sin los favores que han hecho estas mismas empresas al gobierno, cuando tergiversan la realidad y difunden una visión parcial de lo que sucede, a tono con lo que quiere que se difunda el gobierno.
Tampoco podemos olvidar que los tres grandes de la escena mediática uruguaya, canales 4, 10 y 12, obtuvieron las licencias para prestar cuasi exclusivamente servicios de televisión por cable durante el gobierno del padre del actual presidente, el Dr. Luís Alberto Lacalle Herrera en el año 1994, es decir que esta medida que toma Lacalle Pou es algo que desde la derecha se mantiene a través de las décadas.
La concentración y el fortalecimiento de estos empresarios es un ataque a la libertad de expresión, pero además abre las puertas a que grandes empresas internacionales ingresen al mercado del servicio de Internet en el país si compran paquetes accionarios de algunas de las empresas favorecidas con la medida anunciada.
El ataque neoliberal
Superada la pandemia y en el contexto de la Rendición de Cuentas el gobierno avanza con su programa antipopular y entreguista.
El anuncio no es una medida aislada sino parte de un paquete que incluye el Proyecto Neptuno y la privatización del agua así como los ataques a ANCAP y UTE y más en general la reforma educativa y de la seguridad social.
El freno a estas medidas solo vendrá de la movilización popular, por eso se pone a la orden del día un plan de lucha del PIT-CNT discutido democráticamente desde las bases obreras.
Que Lacalle pueda avanzar sobre las empresas públicas a pesar de los plebiscitos y referéndums que mostraron la oposición mayoritaria de la población a este tipo de proyectos muestra las limitaciones de los caminos institucionales para frenar a la derecha.
La derecha desconoce cuando quiere la “voluntad popular” y se valen de todos los medios para avanzar con su programa neoliberal.
Los trabajadores organizados y movilizados son los únicos que pueden frenar al gobierno y luchar por empresas públicas bajo control de usuari@s y trabajador@s y que estén al servicio de las necesidades populares.
