La semana pasada el gobierno “progresista” anunció su más reciente medida “anticrisis”, aunque parece más bien una medida anticrisis para los grandes capitalistas. Autorizó a BlackRock, uno de los mayores fondos buitre del mundo, la compra del 20% de las acciones de Naturgy. Sin embargo, la relación del progresismo con este fondo buitre no es nueva y tiene ya cierto recorrido.
Miércoles 25 de septiembre
Como decía más arriba la venta del 20% de las acciones de Naturgy fue aprobada el pasado 17 de septiembre por el Consejo de Ministros del gobierno PSOE-SUMAR esto con la idea de poder atraer más inversiones extranjeras que sacar tajada con intereses fundamentales de la clase trabajadora como la energía o la vivienda.
No olvidemos que BlackRock se hará dueño de la próxima residencia de estudiantes en el centro de Madrid, también es inversor para la construcción de viviendas de lujo y que busca posicionarse como uno de los ‘holding’, es decir, especuladores de vivienda más grandes del Estado Español y Europa. El economista J. F. Kennedy Junior apunta que para 2030 los fondos buitre dominarán el 60% del mercado de la vivienda y, por supuesto, BlackRock no quiere quedarse sin su parte.
Esta noticia puede poner de muy buen humor a los grandes capitalistas y al gobierno que un gobierno responsable del Régimen del 78 y que busca el diálogo con los agentes sociales de la patronal. Pero la noticia supone un duro golpe para la clase trabajadora pues ahora el precio de la luz y el gas se verán afectados (más aun) por los intereses imperialistas de un fondo buitre estadounidense.
Por supuesto, esta decisión no podía quedar sin su maquillaje “progresista” ya que la condición para esta venta ha sido el que las decisiones en la junta directiva sean orientadas en base a la transición energética, como ya hizo el gobierno con IFM (otro fondo buitre) en su anterior legislatura, aquella vez con Podemos en el gobierno, que criticaba la venta a BlackRock, pero debemos suponer que la venta de acciones en energía a fondos buitre solo es progresista si ellos lo hacen.
El Estado Español, bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha destinado grandes cantidades de dinero a proyectos relacionados con la descarbonización, las energías renovables y la digitalización, sectores en los que BlackRock ha invertido activamente. Esta confluencia de intereses podría haber facilitado una colaboración indirecta en la inversión en proyectos de infraestructura verde como la compra de Naturgy.
Lo más más importante es que esta venta pone los intereses de la producción de energía y su precio de venta al servicio de otro fondo buitre más y esto, como se ve con el caso de la vivienda, solo tiene beneficios para los especuladores. Actualmente Naturgy se encuentra comprada por fondos de inversión y también por bancos como la Caixa (su mayor accionista), quedando bastante lejos esa promesa de la regularización de los precios de la luz y el gas que el Gobierno ya ha demostrado que no pretende hacer. Pero la relación del gobierno progresista con este fondo buitre viene de largo.
La historia de amor entre el progresismo y el fondo buitre BlackRock
Entre 2019 y 2023, el gobierno en un inicio del PSOE y Unidas Podemos, reeditado ahora con SUMAR, ha mantenido relaciones con grandes fondos de inversión como BlackRock. Las relaciones entre gobiernos y estos fondos suelen estar marcadas por la inversión, la regulación del sector financiero y la gestión de la deuda pública y privada. Aunque no hay evidencia pública de una relación directa específica y constante entre el gobierno español y BlackRock en este periodo, se pueden identificar varias áreas de interacción potenciales y críticas hacia la influencia de este tipo de fondos:
BlackRock es uno de los mayores accionistas en empresas y bancos españoles, como Banco Santander, BBVA, Telefónica y otras grandes corporaciones cotizadas en el IBEX 35. Esto lo convierte en un actor relevante en la economía española con el que el gobierno mantiene relaciones de conveniencia, en especial con la cuestión de la vivienda.
Uno de los temas más polémicos de esta etapa fue la crisis de la vivienda y el aumento del precio de los alquileres, en parte por la adquisición masiva de inmuebles por fondos de inversión, incluidos BlackRock y otros considerados "fondos buitres".
BlackRock, a través de su división inmobiliaria, invirtió en activos inmobiliarios en el Estado, adquiriendo cientos propiedades para alquilar y gestionando fondos que participaban en la especulación del mercado de la vivienda, entre estas actividades se encuentra la venta de un edificio estatal para la construcción de una nueva residencia de estudiantes, del que espera beneficios económicos millonarios.
BlackRock, como uno de los mayores fondos de inversión del mundo, también tiene una presencia relevante en los mercados de deuda. Esto significa que ha podido adquirir deuda española durante este período, dado que los fondos internacionales suelen comprar bonos emitidos por gobiernos para financiarse. De esta manera BlackRock tiene un interés especial en los mercados españoles, de lo cual el gobierno saca su propio beneficio, dando la imagen del Estado como un vergel para las inversiones extranjeras.
Allá por 2021, la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz criticaba el papel de los fondos buitre en el mercado de la vivienda pero parece que la derechización llega al progresismo o, más bien, nace de él. Los gobiernos progresistas han servido para la proliferación de las inversiones extranjeras que ahora ponen precio a la vivienda, la luz, el gas… es decir, controlan la vida de la clase trabajadora.
Para acabar con los problemas de la vivienda y de todo lo que tiene que ver con ella se nos presenta cada día más claramente que la solución no está en el “libre mercado” que permite a fondos buitre actuar como sanguijuelas de nuestro trabajo sino el de acabar con ellos.
La necesidad de expropiar las grandes eléctricas para reducir los precios a través de crear una sola empresa pública eléctrica que también pueda realizar una transición verde bajo el control de los trabajadores y que responda a las necesidades de las mayorías sociales se hace más y más clara. Necesitamos conseguir ese objetivo pero es imposible sin ligarlo a la lucha contra los fondos buitre que también poseen grandes parques de vivienda y con la lucha general contra las grandes empresas y bancos que nos acercan a una crisis sin retorno y a la guerra.
