Puigdemont respondió al requerimiento del gobierno español diciendo que, si sigue adelante con la aplicación del artículo 155, entonces el Parlament votará la independencia de Catalunya.
Jueves 19 de octubre de 2017
A las 10 am de este jueves se vencía el plazo legal fijado por Mariano Rajoy para que Carles Puigdemont respondiera si “retornaba a la legalidad”, es decir, para que dijera que no se había proclamado la independencia ni se iba a hacer en el futuro.
Puigdemont ha respondido con una carta breve diciendo que el pasado “10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular.”
En su misiva ha reiterado su propuesta de “diálogo” con el gobierno central, señalando que esta propuesta no fue atendida. Al mismo tiempo, dice que “tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium Cultural y del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática.”
Finalmente, termina diciendo que “si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre.”
La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar; aplicará el 155, como ya venía anunciando. Con este objetivo se han reunido representantes del PP y el PSOE, para acordar las medidas concretas que se aprobarán este sábado en un Consejo de ministros extraordinario.
Durante el día de ayer circularon otras versiones, fuentes del gobierno aseguraron que si Puigdemont no declaraba la independencia y convocaba a elecciones anticipadas, no aplicaría el 155. Por otra parte, segun informan varios medios catalanes, la posibilidad de convocar elecciones también ha formado parte de los debates entre los partidos soberanistas, pero ha primado la posición de que primero hay que proclamar la independencia y después se verá cómo se sigue.
En los últimos días ha pegado un salto la política represiva del gobierno español, con el encarcelamiento sin fianza de los Jordis, dirigentes de la ANC y Omnium. La aplicación del 155 será un nuevo ataque sobre la autonomía catalana y la antesala de una mayor represión sobre el movimiento democrático catalán, después de la represión del 1-0 y mientras se mantiene la presencia de las fuerzas de ocupacion policiales enviadas por el Estado central.
Este jueves están convocadas nuevas movilizaciones a las 18 horas en Catalunya, y se prepara una gran jornada de movilización para el próximo sábado convocada por la Taula per la democracia (integrada por CCOO, UGT, ANC, Omnium, y patronales pequeñas como PIMEC y CECOT) que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones.
El Gobierno central no está dispuesto a permitir que se avance en la independencia y jamás respetará la voluntad del pueblo catalán expresada el 1O. Por eso es clave volver a las calles y profundizar la lucha, con una política independiente de la dirección del procés, que sigue llamando a confiar en una mediación de la UE o en un "diálogo" que se muestra imposible.
La izquierda sindical y los dirigentes de CCOO y UGT deben convocar una huelga general para que los trabajadores puedan intervenir con fuerza en la escena política, al mismo tiempo que se fortalecen los Comités de Defensa del Referéndum, para luchar por un proceso constituyente libre y soberano y por todas las reivindicaciones sociales postergadas. En este camino, desde la CRT pensamos que el objetivo no debe ser instaurar una nueva Republica capitalista más, sino luchar por una República catalana socialista.
En el resto del Estado español, los dirigentes de la izquierda reformista de Unidos Podemos siguen apelando al "diálogo" desde una posición "equidistante" y hablando a favor de un referéndum pactado, mientras el Estado central avanza con su ofensiva represiva. Es necesario que abandonen esa política que solo favorece al régimen del 78 y al "bloque constitucionalista", para convocar masivas moviizaciones en todo el Estado en apoyo al pueblo catalán, contra la represión y para que se respete la voluntad expresada el 1-O.
