El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, llevó el caso ante el Poder Judicial. En un comunicado, el gobierno de Kicillof, informó que pide que la justicia investigue un “atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública”. La figura ya fue utilizada para encarcelar manifestantes contra la reforma previsional de Macri. Ya comenzaron a llegar notificaciones.
Ulises Valdez @CLAVe
Miércoles 5 de abril de 2023 13:43
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó este martes una denuncia ante la justicia para que investigue los incidentes que sucedieron en una protesta de choferes de la Línea 620 y otras empresas de colectivos. Recordemos que se encontraban protestando en General Paz y Avenida Juan Manuel de Rosas por el asesinato de su compañero Daniel Barrientos, cuando se hizo presente el ministro de Seguridad Sergio Berni para levantar el piquete.
Ante la sorpresiva y prepotente incursión de Berni algunos trabajadores reaccionaron expulsando al ministro, que recibió heridas. También fueron heridos trabajadores, por la represión que desató en ese momento la Policía de la Ciudad.
Como justamente es jurisdicción de la Ciudad, pero el gobierno bonaerense opina que exceden la justicia contravencional, presentó una denuncia en el Poder Judicial de la Nación. Según el comunicado oficial, “los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública”.
Según informó el gobierno de Kicillof en un comunicado, la presentación de la denuncia estuvo a cargo del ministro de Justicia provincial, Julio Alak, que considera que “no solo constituyen delitos que afectan personalmente al funcionario, sino que son hechos que, por su gravedad institucional, obstruyen el normal desenvolvimiento de las instituciones bonaerenses”.
Según pudo saber La Izquierda Diario, la policía ya estuvo en líneas de la zona oeste buscando notificar a choferes por los incidentes.
Sorprende la velocidad del gobierno para hacer una acusación penal a los choferes. Por un lado, porque viene tardando años en dar respuesta al reclamo de los trabajadores del transporte, que piden cabinas y otras medidas de protección, así como mejoras en las condiciones de trabajo. Por otro, por la gravedad de las acusaciones. Estamos hablando de artículos del Código Penal que fueron usados, por ejemplo, en las acusaciones del gobierno de Macri contra quienes protestaban contra la reforma previsional en 2017. Con esa figura fueron condenados y encarcelados César Harakaki y Daniel Ruiz. También fueron procesados seis manifestantes tras las protestas contra el FMI en el Congreso, el 8 de abril de 2022.
Se trata de una figura tan “amplia”, que puede ser utilizada indiscriminadamente contra el derecho de protesta. El artículo 211 del Código Penal, bajo el título de Intimidación Pública, asegura que “será reprimido con prisión de dos a seis años” quieren realizan acciones “para infundir un temor público”, también a quién “incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
Desde el oficialismo han aprovechado el caso para apuntar también contra Patricia Bullrich. La Izquierda Diario contó en esta nota en qué consistió la visita de la candidata derechista a una línea de la zona Oeste. Las estrellas de la mano dura de ambos lados de la grieta, Bullrich y Berni, pueden resolver sus asuntos como quieran. Lo que no pueden es ensuciar y acusar con semejantes cargos a trabajadores que reaccionan ante una provocación en medio del dolor por el crimen de un compañero.
Hay que rechazar cualquier persecusión contra los trabajadores que protestan por el asesinato de su Barrientos.
