Se convocó para este lunes a una nueva reunión de Consejo Permanente para votar de nuevo la "Carta Democrática interamericana" contra Venezuela. Inicialmente Bolivia, que a partir de abril preside esta instancia, había desconvocado la reunión, que se realizó finalmente por la tarde. El gobierno mexicano había protestado airadamente apoyando la injerencia diplomática contra el gobierno de Maduro.
Raúl Dosta @raul_dosta
Martes 4 de abril de 2017
Por la mañana México salió a protestar, en voz del embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, quien consideró "un abuso" y una "falta muy grave" que Bolivia haya suspendido hoy de manera "unilateral" y "sin justificación" la sesión de urgencia. "Es un abuso del ejercicio de la presidencia y me preocupa mucho porque hoy es el primer día hábil de su presidencia".
Al saberse de la suspensión de facultades de la Asamblea Nacional decretada por el TSJ, Peña Nieto anunció haber dado la orden a Videgaray para que “la voz de México se escuche nuevamente en la OEA y en todos los foros pertinentes, con claridad y firmeza, fiel a nuestros principios y con entrañable cariño al pueblo venezolano”.
Y ese entrañable cariño significa ponerse a la cabeza de los planes diseñados por Luis Almagro y Capriles. Desde el viernes, el plan injerencista era aplicar la Carta Democrática Interamericana, según decían, respaldada por 20 de 34 países, pero la propuesta no pasó.
A pesar de conocerse el retroceso de las medidas del gobierno de Maduro, los planes diplomáticos se siguieron intentando. Finalmente se realizó por la tarde una reunión del Comité Permanente a espaldas de los representantes de Bolivia y Venezuela, como se relata aquí, elaborando una resolución con la que estará presionando al gobierno venezolano, para "normalizar la institucionalidad democrática" bajo la "amenaza" de suspensión como integrante de la OEA.
Así es como el gobierno mexicano hace la tarea al servicio de la diplomacia estadounidense en la OEA. Una postura que es parte de la ofensiva de la derecha latinoamericana. No es de extrañar la postura del gobierno mexicano: desde Salinas de Gortari hasta la administración actual, han estado alineados con EE. UU. en el acoso de los gobiernos chavistas y los ataques de la oposición burguesa a los mismos apoyada por EE, UU, y la OEA.
Como se explica en otro artículo, está en curso un “nuevo salto en el giro bonapartista del gobierno de Maduro y nada en absoluto tiene que ver con los intereses del pueblo trabajador. Sin embargo, los trabajadores y el pueblo de Venezuela tampoco pueden esperar nada positivo de organizaciones como el Mercosur y la OEA, o de la derecha regional que solo busca fortalecer a la oposición en el país por medio de una mayor injerencia y persiguiendo sus propios intereses.”
Peña Nieto, incondicional al imperialismo estadounidense
En esta ocasión el presidente Maduro, tres días antes de la decisión contra la Asamblea Nacional, había cabildeado con algunos países, uno de ellos México.
En llamada a Peña Nieto, Maduro le “alertó” de una “flagrante violación a las normas de la OEA y del Derecho Internacional consumada con la convocatoria para la realización de un Consejo Permanente sobre Venezuela sin contar con el consentimiento requerido de Caracas”. Dándole por su lado, Peña Nieto expresó su “respaldo al diálogo en curso en Venezuela como mecanismo para dirimir las diferencias políticas en el marco de la normalidad democrática”.
Bonitas y huecas palabras, en momentos en que el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA sostenía una serie de reuniones con Héctor Capriles, gobernador de la provincia de Miranda y principal figura de la oposición “escuálida”, para organizar los ataques diplomáticos aprovechando que dicha oposición está en mejores condiciones de pelear políticamente luego de ganar la mayoría de la Asamblea Nacional.
¿Cuál es el papel de la OEA?
La OEA convocó a reunión de sus acreditados para deliberar, a petición de 14 de los países integrantes encabezados por la representación mexicana, acerca de un cronograma electoral, la liberación de políticos presos y la posible la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela sin el consentimiento de este país.
Auspiciada por Estados Unidos cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial para asegurarse el dominio y la no injerencia de otras potencias en la región, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha estado al servicio de los intereses estadounidenses, avalando invasiones y golpes de estado organizados por la CIA y el Departamento de Estado gringo, sobre Guatemala, República Dominicana y Panamá entre otros países, y, por supuesto, el infame bloqueo al pueblo cubano.
En el caso de las últimas administraciones del gobierno estadounidense, Venezuela ha sido una de sus más fuertes preocupaciones. La crisis e inestabilidad venezolana originada con la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992 mediante la movilización popular, los famosos cacerolazos, reventando el bipartidismo tradicional de Acción Democrática y el partido socialcristiano COPEI, sólo se estabilizaría con el ascenso del carismático general Hugo Chávez.
Sin embargo, Chávez, como se explica en esta nota, “a pesar de ciertas concesiones al movimiento de masas y de sus roces con la Casa Blanca, sobre todo bajo la presidencia de Bush, Chávez no fue un ‘revolucionario’ o un ‘antiimperialista’. Chávez, basándose en las Fuerzas Armadas y apoyándose fundamentalmente en los pobres urbanos, construyó un régimen con rasgos de lo que los marxistas llamamos ‘bonapartismo sui generis de izquierda’ en sus momentos más de izquierda, es decir, regímenes que otorgan ciertas concesiones al movimiento de masas para ganar su apoyo y maniobrar frente a la presión imperialista y el capital extranjero, sin llegar nunca a superar la dependencia y el atraso en los marcos de la propiedad privada capitalista.”
La diplomacia de la OEA se convirtió en la herramienta idónea para cuestionar al gobierno chavista y desde hace una semana ha tenido la oportunidad de lanzar una andanada más contra el régimen venezolano. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulaban el poder de la Asamblea Nacional, una medida que apuntaba a un endurecimiento del gobierno de Maduro, fueron catalogadas inmediatamente como golpe de estado y las “protestas” de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no se hicieron esperar.
El pueblo trabajador es quien sufre las consecuencias
La disputa entre la oposición venezolana apuntalada por EE.UU. y la OEA, y el gobierno chavista en decadencia, hace que éste pierda credibilidad en tanto las condiciones económicas golpean al grueso de la población trabajadora minando la base social chavista, tal como se expresa en los avances de la derecha en la composición parlamentaria.
El gobierno tuvo que retractarse porque su medida generó también descontento popular, que la oposición intenta transformarlo en movilizaciones callejera, y fuertes tensiones internas dentro del chavismo, como fue la protesta de la Fiscal General por la medida arbitraria contra la Asamblea Nacional.
Los trabajadores y el pueblo pobre no deben ser furgón de cola ni del gobierno ni de la oposición, como decimos aquí.
En cuanto al gobierno mexicano, para reafirmar su subordinación al imperialismo estadounidense, respalda los cuestionamientos a las instituciones de la democracia venezolana, cuando sus propias instituciones están cuestionadas internacionalmente por los escándalos de corrupción, por los vínculos de altos funcionarios públicos con el crimen organizado, y por la sistemática violación de derechos humanos con el despliegue de la guerra contra el narco –financiada por EEUU-, que tiene como saldo cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y desplazamientos.
Es necesario que la clase trabajadora y los sectores populares de México y todo del continente repudien toda intervención de la OEA en el destino de Venezuela. Hay que levantar bien alto la bandera “Fuera yanquis de América Latina”.
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