El programa de privatizaciones y concesiones que prevé el gobierno de Temer representaría un ingreso de entre 20 y 30.000 millones de reales en las arcas del Tesoro Nacional en 2017.
Martes 5 de julio de 2016
El equipo económico de Temer definió como objetivo cerrar el próximo año con un déficit primario menor que el de 2016, que podría alcanzar hasta R$ 170,5 mil millones. Y busca que el de 2018 sea aún menor al de 2017. El aumento artificial del déficit sirvió para que el golpista Temer pudiese “implementar dosis de lealtad” a las cúpulas del Legislativo y el poder Judicial, con dinero público – a cuenta del golpe institucional – mientras se busca transferir a los bolsillos del capital extranjero todo lo que es público, a través de la entrega de los activos nacionales, como la venta de parte de la empresa energética Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) a la china State Grid.
La “duda” en las filas del gobierno de Temer es a cuánto podrá llegar el déficit de las cuentas del país en 2017. No es posible saber de antemano lo que tendrán que vender a los bancos y empresarios para “mejorar la situación económica”. Según un asesor presidencial, el programa de concesiones y privatizaciones tendrá que generar un “ingreso efectivo de dinero a la caja del Tesoro” por el orden de R$ 20.000 millones y R$ 30.000 millones para ayudar a superar la crisis del presupuesto del gobierno federal.
El equipo de Temer aún está armando la lista de lo que puede ser privatizado y entregado al sector privado, pero ya está incluida la venta de la Caja de Seguros IRB, participación en la Infraero (la empresa brasilera de infraestructura aeroportuaria) y concesiones de carreteras, puertos y aeropuertos. Las carreteras, principal medio de transporte de carga para el sector primario de granos y materias primas para la industria, tendrán sus contratos de concesión renovados en este período. En cuanto a los aeropuertos, Temer no le pide nada a cambio al capital extranjero: permitirá que 100 % de los aeropuertos sean entregados a la iniciativa privada.
Estas promesas de entrega no se cumplirán antes de la votación definitiva del impeachment en el Senado. Son los gestos de Temer y su ministro de Hacienda, Meirelles, para generar un apoyo más contundente de la patronal nacional y extranjera que fortalezca el golpe. Temer orientó a su equipo a relevar en sus áreas “todo lo que pueda ser privatizado y concedido al sector privado”, con dos objetivos. Primero, recaudar recursos para reducir el déficit público y contribuir a la caída de la deuda pública (la deuda bruta subió de 66,5 % a 68,6 % del PIB en los cinco primeros meses de este año). Segundo, entregar a la iniciativa privada empresas involucradas en los esquemas de corrupción, sea a través de los políticos de la derecha como el PSDB, PMDB, el DEM o el PP como los del PT para “ayudar” a la recuperación del crecimiento de la economía brasilera.
Temer pretende imponer el clásico discurso de la derecha, y adoptado por el PT, que para “terminar con la corrupción” es necesario entregar los activos nacionales y las empresas estatales a la iniciativa privada y los sectores empresariales, ligados por mil vínculos a los políticos del Congreso y del poder Judicial. Es uno de los principales objetivos de la reaccionaria Operación Lava Jato: lavarle la cara al golpe institucional en el plano político y ganar apoyo para un plan de privatizaciones noventista a una velocidad que el PT no logró alcanzar. La Operación Lava Jato busca simplemente instaurar un esquema de corrupción con el rostro de la derecha en lugar de los esquemas con rostro petista.