El gobierno de Carlos Alvarado continúa el ataque para que la clase trabajadora pague la crisis económica actual, sin tocar un solo centavo a los grandes empresarios.
Jueves 16 de julio de 2020
Carlos Alvarado a través del proyecto de Ley 22.081, ha propuesto una reducción de jornada laboral de 15% para asalariados del Estado que ganen más de 1 500 000 colones (unos 2600 dólares). La medida excluye a la policía, los bomberos, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. La reforma de ley indica que se deberá reducir el 15% del salario a esos sectores y que ese dinero será centralizado por el Ministerio de Hacienda. De esta manera el gobierno avanza en un ataque contra el salario público. Mientras tanto el país se endeudará más con el FMI, al mismo tiempo que no se vislumbra ningún escenario de recuperación del empleo ni tampoco el fin de la pandemia.
En los motivos de la ley, el gobierno reconoce que la Ley 9830 de Alivio Fiscal 19 de marzo del 2020 tuvo como objetivo “dotar de mayor liquidez a las empresas y a las personas físicas con actividad lucrativa”. La consecuencia fue que los sectores que ya tenían liquidez, tuvieron más, que son los empresarios que se rigen por la lógica de buscar su propio lucro individual. Pero no usaron esa liquidez extra en la contratación de empleos, que “generó como consecuencia que el Estado se quedará prácticamente sin ingresos tributarios”, por lo que el gobierno propone esta nueva ley de modificación de la jornada.
El gobierno espera que con la nueva ley de Reducción de Jornadas se resuelvan problemas de la Ley de Alivio Fiscal, que obviamente no habría generado ningún alivio fiscal, salvo como ya vimos para los sectores que ya de por sí contaban con liquidez. Así es como el gobierno ataca el salario y la jornada de empleados del Estado para resolver un problema que generó el mismo gobierno permitiendo a los empresarios despedir a diestra y siniestra. Hechos que en sí mismos no tienen nada que ver con la pandemia.
El gobierno del PAC lanza así una política brutal de ataque para paliar una crisis que, como siempre, generaron las empresas y personas físicas con actividad lucrativa. Es decir, para el lucro de unos pocos en medio de la pandemia más grande la historia humana, se han sacrificado cientos de miles de despidos en la empresa privada y ahora decenas de miles pagarían en el empleo público.
Esta coyuntura de pandemia ha demostrado como las diferencias salariales en el sector público y privado son usados por el gobierno y los partidos de los empresarios, para mantener separados a los dos grandes sectores trabajadores del país. Logrando así reducir los salarios de ambos grupos, así como reducir sus jornadas de trabajo, con el objetivo último de que durante la crisis se salvaguarden las riquezas privadas. Trabajadores públicos y privados sufren por igual con la política “pro lucro privado” del gobierno del PAC.
El gobierno, además, anuncia que el clima de medidas de contención de la pandemia han afectado la actividad económica (cosa que cualquier persona sabe y por tanto no tiene nada de especial). Pero anuncia que hasta tanto no haya una vacuna este escenario de medidas de contención lo seguiremos sufriendo.
Sin embargo, lo que no dice el gobierno, es que esas medidas que él mismo ha tomado se demuestran ahora absolutamente insuficientes para librarnos del Covid-19. El gobierno durante meses ha negado la existencia de contagio comunitario, ha obligado a miles a trabajar con el objetivo del lucro privado en trabajos no esenciales, ha sido reticente en la aplicación masiva de test, única política clara para la contención del contagio e incluso, en medio del dinamismo logrado por las empresas de implementos médicos (que se calcula ha tenido un crecimiento de 16%) no ha nacionalizado esas empresas para garantizar los insumos necesarios para enfrentar la pandemia.
La lógica del gobierno, tal y como ellos mismos los han expuesto en la nueva ley de Reducción de la Jornada para trabajadores públicos, ha buscado privilegiar la riqueza de los millonarios, misma que es obtenida a través de la explotación del trabajo, y haber sacrificado a la clase trabajadora, sea pública o privada, costarricense o migrante.
Políticas para enfrentar las políticas de lucro privado del gobierno
Es necesario rechazar el proyecto de Ley 22.081, que los sindicatos del país inicien una fuerte campaña contra esta política del gobierno, rechazando el empobrecimiento de sectores medios y su efectos “derrame” sobre los más pobres. También son necesarios impuestos progresivos a los grandes grupos económicos y fortunas así como dejar de pagar la deuda externa.
Dinero hay, está en los bolsillos de los grandes empresarios y en el dinero que puntualmente se paga de deuda externa. Pero el gobierno prefiere atacar a los trabajadores y a la clase media baja para garantizar las ganancias y priorizar el pago a los acreedores internacionales.
Ligado a esto proponemos que en el propio Ejecutivo, las y los diputados, jueces y toda la alta jerarquía del Estado pase a ganar un salario promedio igual al de un docente.
Además es necesario el pago del 100% de los salarios. Ningún despido ni suspensiones con rebaja salarial. Es necesario ilegalizar los despidos en las actuales condiciones de crisis y pandemia. Llamamos a los diversos sindicatos a sumarse a esta exigencia y exigimos derogar las leyes de ataque a la jornada laboral y al salario que dieron desde el Gobierno y en la Asamblea Legislativa. Esto implica el regreso al trabajo de los centenas de miles de despidos.
Trabajo genuino y con derechos para todes. Ninguna flexibilización laboral. Con la crisis que se agrava hay cierres de empresas y despidos en muchos lugares. Además los empresarios avanzan con sus medidas de flexibilización, recortando jornadas, salario e intentando avanzar contra derechos adquiridos como los aumentos por anualidad. Quieren perpetuar el teletrabajo y otras formas de precarización. Tenemos que luchar para que haya trabajo genuino y con plenos derechos laborales, que tanto nos costaron conseguir. Se puede. Si se rebajara la jornada laboral sin reducir el salario y a su vez se hiciera un plan de obras públicas habría trabajo para todos, que se repartan todas las horas de trabajo entre toda la clase trabajadora.
Salario de cuarentena idéntico a la canasta básica. Para todas y todos aquellos que perdieron su trabajo o sus jornadas fueron suspendidas o reducidas. También para las y los pensionados que reciben menos de la canasta básica mensualmente.
Medidas para atender la pandemia
Comisiones o comités de higiene y seguridad en cada lugar de trabajo. Que sean electos por asamblea de trabajadores para controlar las condiciones sanitarias en que se trabaja y garantizar que todos tengan elementos de protección según un protocolo científico. Y exigir que sean reconocidos por los empresarios y el Gobierno. Ante el aumento de contagios en los lugares de trabajo se impone el aislamiento preventivo de los que tuvieron contacto con el infectado.
Testeos masivos y aislamiento. Más testeos permitirían encontrar a las personas infectadas, saber en qué zonas se desarrollan más contagios y actuar con precisión. Además, proteger a las trabajadoras y trabajadores de “primera línea”, los esenciales que salen todos los días a trabajar. A pesar de los anuncios, nuestro país es uno de los que menos testeos ha hecho.
Unificar la salud privada con la pública. Esto permitiría centralizar los recursos cuando llegue el pico de contagios y nadie se quede sin atención. No más especulación con la salud de la población.Es necesario unificar todo el sistema sanitario público y privado en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) -que es una conquista de la clase trabajadora del país- para que clínicas, hospitales, laboratorios públicos y privados, los EBAIS, así como la infraestructura y recursos de las universidades, pasen a estar bajo control de los profesionales, trabajadores y usuarios de todo el sistema de salud, mediante comités.
