Ley de Empleo Público. Trabajadores públicos de Costa Rica se movilizan contra los ataques y el ajuste del FMI

Varios sindicatos del sector público costarricense están llamando a sus afiliaciones a movilizarse contra la aprobación de la Ley de Empleo Público, durante este martes 30 de noviembre a las 2 de la tarde frente a la Asamblea Legislativa.

El contenido de este proyecto de Ley pretende centralizar todo el sistema de empleo público en manos del poder Ejecutivo, específicamente a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Se trata de una reforma pedida expresamente por el FMI para aumentar el control político del Gobierno sobre las condiciones laborales de los trabajadores públicos, reforzado con otros ataques como la Ley Antihuelgas firmada en enero de este año.

Por otro lado, el ataque al salario es directo. La aprobación de la Reforma Fiscal en 2018 garantiza que la medida del Salario Global congele una porción de los salarios a la baja por años. El actual proyecto de Ley de Empleo Público no ataca la desigualdad salarial, sino que la perpetúa.

Este proyecto de Ley es parte de los compromisos con los que el Gobierno de Carlos Alvarado busca un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de $1.700 millones; atacando los salarios más bajos para garantizar la política crediticia del FMI. Al igual que en cada país donde se firman acuerdos con el organismo internacional, los recortes y ajustes recaen sorbe los trabajadores y los sectores populares.

Es por esto que además de las movilizaciones de trabajadores estatales de este martes, se han convocado en Costa Rica una serie de acciones durante toda la semana. Sin embargo, la reacción frente a este ataque llega con varios meses de atraso desde que la discusión sobre la ley y en general el ajuste comandado por el FMI está presente en el escenario político nacional. Es que la política de las dirigencias sindicales, en lugar de apostar a la movilización en las calles durante este tiempo, ha sido esperar que las consultas a la Sala Constitucional sean suficiente para que el proyecto sea considerado ilegal por la vía de la justicia y de esa manera hacer que se detenga su aprobación.

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El presidente Carlos Alvarado, busca presionar y dijo a la prensa el pasado 26 de noviembre que "el acuerdo con el Fondo está en riesgo porque aún no tenemos reforma al empleo público y no tenemos avance en los proyectos esenciales". La política económica del Gobierno se compone centralmente del endeudamiento con el FMI sobre la base del ajuste a los salarios de la clase trabajadora. Agregó que: "Si allá no lo quieren aprobar y se cae el acuerdo con el Fondo, que no es algo que yo quiera, eso ya está fuera de mis manos".

Sin embargo, las convocatorias como la de este martes pueden expresar el descontento que ha surgido con el gobierno en las bases de los sindicatos, y pueden ser un importante punto de apoyo para que la clase trabajadora del país defienda sus intereses, por fuera de la política conciliadora de las direcciones sindicales.

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