Pedro Sánchez expresó el pasado lunes en TVE la posibilidad de reformar el código penal. Las penas de rebelión y sedición podrían entrar dentro de esta reforma. En ningún caso sería un indulto para los líderes del procés presos.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 22 de enero de 2020
Pedro Sánchez está dispuesto a abrir el melón de la reforma del código penal, tal como anunció el pasado lunes ante las cámaras de TVE. El presidente del gobierno ha encargado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, que elabore una propuesta de modificación amplia del Código Penal.
Esta modificación, aseguran fuentes gubernamentales, podría ser presentada en solitario por el partido socialista, puesto que no es un punto incluido en el pacto de gobierno con Unidas Podemos.
El anuncio de Sánchez, aún ser aún ambiguo e inexacto por ser un proyecto de reforma en estado absolutamente embrionario, ha despertado las críticas airadas de la derecha, especialmente por el punto de reforma de sedición y rebelión, especialmente por ser los delitos que llevaron al banquillo a los líderes del procés, y posteriormente y con sentencia firme, a la cárcel.
El mismo martes por la noche portavoces de populares y Ciudadanos se apresuraron a señalar la propuesta de Sánchez como un “indulto encubierto”, un favor a ERC en el marco de las relaciones bilaterales entre ambas formaciones, de vital importancia para los socialistas para la aprobación de los futuros presupuestos.
Pero nada más lejos de la realidad, desde Moncloa no hay ninguna intención de ofrecer un indulto, ni explícito ni encubierto, a los líderes sociales y políticos del procés. No hay que olvidar que estuvieron desde el primer minuto del lado del Partido Popular y la Corona en el 155 y que han sido acusación en el juicio del procés a través de la Fiscalía.
La reforma, tal y como la presentó Sánchez, busca “adaptarse a los tiempos que le ha tocado vivir a España”, en relación al procés del 2017 en Catalunya. Se centra especialmente en las modificaciones de las penas de sedición y rebelión al constatar que una autonomía puede “retar”, en palabras de Sánchez, al Estado central sin el uso de las armas.
Hasta que no exista el informe por parte del ministerio de Justicia se desconoce el alcance de la reforma y la afectación que puede tener sobre las penas a los procesados en juicio del procés.
La Constitución española establece en sus artículos 9.3 y 25.1, la irretroactividad de las leyes penales. Esto apunta en dos direcciones. La primera es que nadie puede ser condenado por acciones que no estén tipificadas como delito en el momento de producirse. Se trata del principio del derecho romano “nullum crimen nulla poena sine lege” [“no hay delito ni hay pena sin ley”]. La segunda cara de este principio se basa en que las normas que se aprueben se aplicarán de forma retroactiva si son más beneficiosas para el reo, aunque este esté cumpliendo sentencia firme.
Sería esta segunda vertiente la que se aplicaría a los presos políticos, previa iniciativa de sus defensas frente al Tribunal Supremo que impuso las penas de cárcel.
Sin mayores datos, y a pesar del mensaje incendiario de la derecha, lo cierto es que la reforma del código penal planteada por Moncloa no puede considerarse ningún tipo de avance, por mucho que reduzca penas de cárcel en acusaciones de sedición y rebelión.
En muchos de los países de la Unión Europea, que tampoco sería paradigma de la libertad y justicia y que cuentan con delitos de “alta traición” al Estado, ni tan siquiera existen esos delitos en los códigos penales. Independientemente de la reforma, si es que se realiza, en el Estado español seguirán habiendo presos políticos y activistas encausados por expresar su opinión, sea del modo que sea, poniendo urnas, subiendo un tweet o participando de una manifestación.
Sin olvidarnos de incluir en la ecuación que este anuncio, en la línea de ambigüedad en la que le gusta moverse al presidente del Gobierno, se enmarca en las negociaciones con ERC, el inicio de la mesa de diálogo y el encuentro con Torra en febrero. Pero Sánchez es el mismo que hace 2 meses competía contra Vox en plena campaña electoral por ser el mayor represor al pueblo catalán, atacando la escuela o la televisión catalana en su discurso.
