La reaccionaria destitución de Dilma Rousseff, casi sin resistencia, deja a la luz los límites estratégicos de la construcción política de los gobiernos progresistas latinoamericanos.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Jueves 1ro de septiembre de 2016
Fotografía: EFE / Cadu Gomes
En el libro ¿Por qué retrocede la izquierda? -recientemente publicado por Capital Intelectual- José Natanson y Martín Rodríguez sostienen que los gobiernos pos-neoliberales “lo que han empoderado no es tanto a las sociedades sino al mismo Estado. Y esta quizá es también otra clave: el volumen del Estado que han dejado atrás, más que el nivel de la organización en la sociedad”.
La afirmación –con lo discutiblemente abstracto que suena el concepto de “sociedad”- tiene su fundamentación en realidad. Las últimas horas, como condensación de los últimos meses y años, han mostrado que el poder estuvo en el mismo lugar en el que ha estado siempre. En el Estado, valga la redundancia.
La destitución de Dilma Rousseff tuvo lugar en el Senado de Brasil. Allí el presidente del Tribunal Supremo hizo de juez inquisidor que garantizó el final del mandato de quien había sido votada hace apenas menos de dos años. El poder del Estado pasó, formalmente, a Michel Temer.
El golpe institucional, que tomó la forma de impeachment, vino a mostrar el peso y el poder de la superestructura política que rinde tributo al gran capital internacional y brasilero. Nadie debería sorprenderse entonces de que la agenda inmediata de Temer tenga la marca de agua del noventismo neoliberal, privatizaciones a gran escala incluidas.
Lo que también deja en evidencia el triunfo del golpe es el fracaso del llamado “empoderamiento popular”. El conjunto de organizaciones obreras, populares y sociales –entre ellas la poderosa Central Única de Trabajadores (CUT)- que responden a la conducción del PT fueron incapaces de liberarse de la estrategia política conciliadora que desplegó la dirección de ese partido.
La apuesta de la dirección petista estuvo estratégicamente orientada a la compra de voluntades de los integrantes del fragmentado Congreso brasilero. Si esa estrategia fracasó cuando se votó la suspensión de Dilma hace meses, nada indicaba que pudiera tener efectividad en estas horas.
Ese fracaso no debe atribuirse con exclusividad a las organizaciones sociales. Fue el propio PT, desde la cumbre del Estado, el vehículo para el fortalecimiento de la derecha que ahora da el golpe. Los años de integración a un régimen político sostenido en base a la corrupción extendida no hicieron más que degradar cualquier rasgo progresivo de ese partido. Entre el Mensalão y el Lava-jato median pocos años y muchos millones.
Eso tuvo profundas consecuencias en el terreno de "lo social". Las organizaciones que respondían políticamente al Gobierno del PT se convirtieron en peones de toda política impulsada desde la cumbre del poder estatal. Si la apuesta ante el impeachment fue la compra de voluntades, el accionar "por abajo" no podía tener más que un limitado objetivo de presionar apenas sin presentar batalla contra los golpistas. El PT fue así el elemento contralor para evitar que la lucha contra el golpe –denunciado desde el primer día- tomara forma efectiva y real en las calles.
El “empoderamiento popular”, tan declamado por gran parte de la intelectualidad progresista latinoamericana, faltó a esta cita. Simplemente porque no existía.
Ese fracaso no se registra solo en Brasil. Se extiende como una mancha de aceite por el subcontinente que hizo propio el discurso contra el neoliberalismo. En Argentina se pone en evidencia al mensurar el papel de las organizaciones sindicales, otra de las instituciones presentadas como parte de la “herencia” de ese “empoderamiento popular” que sería capaz de poner límites al ajuste que se cernía sobre el país.
La realidad es que esa casta burocrática enquistada en la cúpula de las organizaciones sindicales es la garante de la gobernabilidad macrista. Las centrales sindicales, a pesar del extendido descontento social, declaman y ejercen la “prudencia” de la que hizo gala Luis Barrionuevo el pasado 22 de agosto.
La derrota del “empoderamiento” de las organizaciones populares expresa los límites estratégicos del reformismo burgués que ocupó el poder estatal durante el ciclo de la llamada izquierda latinoamericana. Izquierda que declamó relatos de profunda transformación, pero mantuvo casi intacto el poder del gran capital, abriendo el camino a la derecha que festeja, casi exultante, el momento actual.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
