En una peleada asamblea, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aceptó la propuesta salarial del gobierno. Hubo represión y cinco detenidos. El titular del gremio salió a desmentir que hubiera pedido la intervención de las fuerzas represivas.
Miércoles 25 de febrero de 2015
Los trabajadores docentes conocen de traiciones gremiales. Por eso este año decidieron, desde mediados de enero, realizar asambleas de autoconvocados en la puerta de UEPC. Todos los jueves se reunieron exigiendo que la pauta salarial fuera decidida democráticamente en las escuelas cuando los docentes retomarán sus puestos de trabajo.
Este reclamo, que fue creciendo en fuerza y en número de docentes, fue uno de los primeros que Monserrat, secretario gremial de UEPC, escuchó. No para acompañarlo sino para lanzar desesperados gritos de auxilio al ejecutivo provincial pidiendo que acordaran rápido así “los docentes llegaban tranquilos a las aulas”. Un pacto en enero o los primeros días de febrero evitaría asambleas numerosas, ya sea en las escuelas o en las asambleas de delegados y, por sobretodo, cortaba de raíz toda posibilidad de organización. No pudo ser, otras urgencias solicitaban la atención del ejecutivo provincial, entre ellas el sueño presidenciable.
Con el correr de los días los docentes autoconvocados, crecían en número y su voz reproducía la de muchos más: “aumento del 50 % al básico, respetando el escalafón docente y la antigüedad”.
En ese momento el gremio protagonizó una de sus tantas comedia de enredos, cuando llegó la mísera propuesta del gobierno, se envalentonó y sostuvo en todos los medios de prensa de la provincia que “negociará con el Gobierno Provincial un aumento salarial de 40%, lo que corresponde a un básico de $9.000. “No me gusta hablar de ‘por ciento’ sino de ‘piso salarial’ porque cuando los ingresos son tan bajos parece que pedimos mucho en porcentaje y no es así”, sostuvo el titular del gremio.
Desde el ejecutivo desmintieron que hubieran hecho llegar a UEPC una propuesta. Monserrat no emitió ninguna palabra que pudiera relacionarse con consulta a las bases, democracia o asamblea. Solo sostuvo que aguardaría una respuesta del Gobierno provincial hasta el viernes 13 de febrero ya que los docentes se reincorporaban a sus actividades el miércoles posterior al feriado por carnaval.
Mientras, en la calle, los docentes seguían movilizados. Fue entonces el momento de sembrar una nueva división entre los maestros y profesores. “Están los docentes que quieren cobrar y los docentes que quieren luchar” espetó el gremialista. “Después hay que aguantar los descuentos” remarcó, por si había alguien al que no le quedara claro que él no iba a estar del lado de los trabajadores y, menos aún, de los que salen a la calle a luchar. Su única tarea iba a ser poner en marcha la democracia formal de UEPC y llamar a asambleas escolares en días de examen, asamblea de delegados por departamentos luego, e inmediatamente después asamblea departamental.
La cual se caracteriza por cómo desvirtúa el porcentaje de afiliados por departamento. Siendo el ejemplo más claro el de Capital que, teniendo algo más del 40% de los docentes de la provincia, tiene una representación de alrededor de un 15%.
Contamos ayer en Izquierda Diario cual fue el resultado de la votación en departamento Capital. El día lunes 23 de febrero, 376 delegados, respetando los mandatos de sus escuelas, rechazaron con su voto la propuesta salarial frente a 155 que la aceptaban. En esa nota delegados de Docentes D-Base preveían que, ante esa derrota, el escenario para la Asamblea de delegados departamentales iba a ser duro, y que los burócratas iban a hacer todo lo posible para maniobrar la votación.
Los docentes de Córdoba tiene varias lecciones sobre la formal “democracia” de este eslabón último en las decisiones: deliberaciones a puertas cerradas como la de hoy, delegados que llegan en el último segundo a levantar la mano votando en contra de los mandatos, y la constante cantinela “les van a descontar los días si van al paro”. Es el instante de la foto que fija, en cada uno de nosotros, cómo gremio y gobierno están unidos para ir contra los trabajadores y en este caso, también contra la educación pública.
Lamentablemente, este martes 24 de febrero el evento formal de Monserrat no sólo sesionó a puertas cerradas, con las calles cortadas por la Policía sino que, en una maniobra desesperada, relevó a los delegados de votar de acuerdo al mandato que traían de las departamentos y después de una ajustada elección en que 66 votos aceptaban la propuesta del gobierno contra 42, llegó la represión a quienes afuera alentaban con sus cantos a los delegados para que no cedieran a las presiones y los cantos de sirena de los que hace años no escuchan a sus bases y no entran a una escuela a trabajar. Solo esa maniobra antidemocrática de desconocer los mandatos de los docentes de base permitió que ganara la moción de la conducción.
El grito de “traidores”, que explotaba en las puertas del hotelito céntrico de la UEPC, era demasiado para los oídos de esos “demócratas”. Necesitaban salir de ahí escoltados por la Infantería. La cual no sólo los escoltó sino que, de paso, reprimió, pegó palos, tiró gas pimienta a los ojos y se llevó cuatro docentes detenidos.
La primera declaración de Monserrat fue “nosotros no llamamos a la infantería”. Nos quedan dos interpretaciones: la fuerza represiva llegó sola para salvar a los representantes de los trabajadores de la furia de sus representados que reclaman un salario digno o, ¿quién la llamó para proteger a su aliado? Y mostrar que las decisiones se respetan, y la criminalización de la protesta es ya algo natural a lo que debemos acostumbrarnos.