La organización ha reincidido en su uso de la “furgoneta de la infamia” poniendo signos de interrogación a su lema de odio a las personas trans.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 3 de marzo de 2017
El viernes 3 de marzo, el grupo derechista y ultracatólico “Hazte Oír”, que durante varios días ha conducido por Madrid un autobús con lemas transfóbicos, ha reiniciado su campaña de odio tratando sortear las críticas incorporando interrogaciones a su lema tránsfobo. Con este “apaño” iniciaron de nuevo su circulación por los alrededores de Madrid.
Tratan de que su nuevo vehículo acompañe al autobús, inmovilizado por orden judicial, que dicen sacarán el lunes y pondrán a circular. Ante el rechazo popular, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid ha abierto diligencias para investigar al autobús por delitos de odio.
El escándalo del “autobús del odio” ha alcanzado tales proporciones que hasta el presidente de la conferencia episcopal Ricardo Blázquez, una institución archiconocida por su homofobia y sus escabrosos postulados acerca de la violencia machista, se ha visto obligado a pedir “respeto para los niños”.
Hazte Oír comenzó con su campaña reaccionaria para intentar acallar a la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, que en enero comenzó con nuevas iniciativas para concienciar a la sociedad sobre la transexualidad infantil en Euskadi y Navarra.
Esta asociación pegó 150 carteles en marquesinas y estaciones de metro de varias ciudades con el siguiente mensaje pedagógico: "Hay niñas con pene y niños con vulva".
Entonces, el grupo ultracatólico inició una recogida de firmas para su retirada. No consiguieron su objetivo, aunque en Zabalgana (Vitoria-Gasteiz) los medios locales notificaban el destrozo de una marquesina acristalada y del cartel de la asociación Crysallis, en un ejemplo de actos vandálicos.
Su nueva táctica fue entonces pasear un autobús con el lema: "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo".
De forma inverosímil, han intentado presentarse como adalides de la libertad de expresión y víctimas de la “inquisición gay”. Pero la base de la gira es la promoción de la discriminación y el odio contra las personas transgénero y acabar con las pequeñas concesiones que los colectivos LTGBI han arrancado al Estado.
Además, al igual que otros colectivos reaccionarios, intentan imponer modelos de familia que aprobaría un tribunal inquisitorial (de los de verdad, de los católicos) a la totalidad de la población.
Esta organización, dirigida por un pariente de Rodrigo Rato, cuenta con unos ingresos anuales de más de 2,6 millones de euros y privilegios fiscales concedidos por el ministro Fernández Díaz en 2013. No podemos confirmar si esta decisión ministerial fue consecuencia de otra epifanía mariana similar a la que el ministro tuvo en las Vegas.
La plataforma 28J ha convocado movilizaciones contra la transfobia en varias ciudades del Estado Español a partir del próximo día 4 marzo.
La asociación reaccionaria apunta contra las leyes de educación sexual en las escuelas. Sin embargo, como ya planteamos anteriormente en Izquierda Diario: estas leyes lejos de suponer un cambio radical en la terrible situación para adolescentes LGBTI en los institutos, abarca cambios que, aunque suponen un avance, no ofrece ningún tipo de solución a los casos de bullying LGBTIfóbicos que afecta a la práctica totalidad de las personas abiertamente no heterosexuales en los centros educativos.
La realidad es que la transmisión de normas represivas sobre la sexoafectividad está presente en numerosos libros de texto bajo un discurso reduccionista y biologicista, y especialmente en los libros de Religión Católica. Así mismo, la educación sexual es testimonial en los centros educativos, y pese a su casi inexistencia, se suele explicar bajo patrones heteronormativos que excluyen la diversidad de orientación y percepción del género y sin comentar el machismo en las relaciones entre otras múltiples opresiones patriarcales.
Así, pues, no sólo resulta irónico que sectores vinculados a la Iglesia Católica afirmen sufrir una “persecución inquisitorial”, sino que además es una de las instituciones más patriarcales y LGBTIfóbicas históricamente hablando. El Papa Francisco, siguiendo la línea tradicional de la Iglesia Católica, llegó a afirmar que la "familia estaba amenazada por el matrimonio homosexual" y que el "matrimonio gay estaba motivado por el diablo”.
La exigencia de que los asuntos religiosos, incluida su moral conservadora, se mantengan en el ámbito de lo privado es absolutamente necesaria para la defensa de la libertad de expresión y el fin de la represión sexual. Para ello es indispensable comenzar por la separación total de la Iglesia (que cuenta con, entre otros privilegios, un tercio de los centros educativos del Estado Español) de la educación y el Estado.
