Huracán Agatha. El huracán es natural, la tragedia no: afectaciones se agravan en Oaxaca

Antes de tocar la región costera del estado de Oaxaca, el huracán Agatha tenía una velocidad de desplazamiento de 6 km/h, con fuertes rachas de vientos sostenidos de más de 110 km/h el domingo. Sin embargo, durante el lunes y martes pasado, conforme ha pasado el huracán de categoría 1 por las comunidades, ha perdido su fuerza de arrastre hasta quedar degradado a bajo remanente, con vientos sostenidos de poco mas de 40 km/h.

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Ante los hechos, el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal y la Coordinación Nacional de Protección Civil aseguraron que activaron el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, sucesor del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para “entregar recursos que se destinen a atender a los damnificados, alimentarlos y darles refugio”; aunque no se ha declarado todavía nada sobre la reconstrucción de las viviendas y edificios públicos destruidos.

Recordemos que el Fondo Nacional para Desastres Naturales fue “extinto” en octubre de 2020, pero se reactualizó este apartado presupuestal con la finalidad -según la presidencia- de que “se entreguen los recursos de manera directa a lxs damnificadxs”, aunque se usa a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana como institución receptora y quién se encarga de distribuir los recursos. Esto significa que, por la vía de los hechos, no se eliminó la “intermediación”, solo cambió de manos a una corporación policiaca.

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 11 personas y 20 más permanecen en calidad de desaparecidxs. Los municipios más afectados de la entidad son Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto y San Pedro Huamelula, dónde se emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria desde el pasado 30 de mayo.

¿Por qué la tragedia no es “natural”?

En cuanto a pérdidas materiales, se han reportado deslaves y desplazamientos de laderas, lo cual ha provocado los fallecimientos antes mencionados, como los fallecidos en las localidades de Santa Catarina Xanaguia San Juan Ozolotepec, tras desgajarse un cerro sobre una vivienda.

También se ha reportado desabasto del servicio eléctrico en hospitales y desgajamientos que afectaron los tramos carreteros, en particular el tramo de la carretera Pochutla-Miahuatlán; la CFE aseguró que los trabajos de reabasto del suministro eléctrico van en 35% de las comunidades afectadas.

Como lo planteamos durante la tragedia de los sismos del 2017 en la capital del país, pero cuyas consecuencias más devastadoras se dieron en los estados de Oaxaca y Morelos, en cada desastre incide no solo la amenaza de padecer un fenómeno natural que puede provocar daños, sino también y fundamentalmente la vulnerabilidad en que se encuentre la población ante éste.

Generalmente, los fallecidos y lesionados se dan por la falta de planeación y ordenamiento de los espacios habitados por las familias de los sectores populares, en su mayoría gente trabajadora y humilde, así como por la omisión de las autoridades que permiten construir en zonas de riesgo, vulnerables ante desastres naturales, sin ofrecer opciones para poder habitar en espacios seguros. Lo cual se ve agravado por las condiciones precarias de sus viviendas, construidas con materiales de mala calidad, debido a su situación de pobreza.

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Es decir, la falta de planificación de los asentamientos humanos desfavorece a las mayorías laboriosas. Si bien han existido casos de zonas de “alta plusvalía” que se han visto afectadas por desastres naturales, es evidente que quienes padecen el golpe más duro de estos fenómenos son el sector de la sociedad con menores ingresos, a la que pertenecemos la mayoría de la población. Los millonarios tienen contratados seguros que inmediatamente cubren sus pérdidas, mientras que la gente común a duras penas llega a fin de mes.

Pero, ¿cuál es el papel de las autoridades frente a estos hechos? En el sexenio anterior, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, fue evidente y causó mucha indignación como llegaban los elementos del Ejército a sacar las cajas fuertes de los talleres derrumbados en las inmediaciones del Centro Histórico, dónde quedaron más de 5 costureras atrapadas, evidenciando que la prioridad institucional era proteger la propiedad privada y no las vidas de las personas pobres sepultadas bajo toneladas de escombros.

En este sexenio, pese a que pasaron ya más de 4 años de aquel desastre, siguen sin terminar de reparar los daños que ocasionó, dando largas y poniendo “trabas institucionales” a los familiares y damnificados.
Para lograr justicia, reparación del daño, espacios seguros para vivir y evitar que haya nuevas catástrofes, las comunidades deben organizarse y movilizarse, con el respaldo de las organizaciones obreras y populares, sin confiar en las autoridades y sus instituciones.