Teniendo ya un cierto control de los incendios en el sur, el gobierno comenzó a entregar las primeras viviendas de emergencia para quienes perdieron todo. ¿El problema? el tamaño de los hogares. Mientras el Estado subsidia de forma millonaria el negocio forestal a través del DL 701 y el copago de seguros, a las familias pobres les entrega pequeños hogares de 24 mts2.
Jueves 16 de febrero de 2023
Con un saldo de decenas de muertos y cientos de miles de hectáreas quemadas, esta semana comenzaron a llegar las primeras ayudas estatales para las familias afectadas por los incendios forestales en el sur.
La primera vivienda de emergencia entregada fue en la comuna de Cobquecura, donde una familia señaló que estaba agradecida pero que la casa era muy pequeña, tanto así que tuvieron que separarse en dos espacios, una parte de la familia está viviendo en una pequeña bodega que quedó del incendio.
Si bien este plan de viviendas de emergencia no impide postular a futuros subsidios a quienes las reciban, es a todas luces insuficiente e incluso indigno frente a la enorme cantidad de recursos que el Estado entrega a la industria forestal, principales responsables de los incendios.
Recursos comparados
Según señaló el gobierno, a quienes hayan perdido sus viviendas se les entregará un “bono” de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) y a otras se les entregará viviendas como las que señalamos anteriormente. Además, las municipalidades han destinado personal social para el apoyo físico y psicológico a los afectados. Hasta ahora se han catastrado más de 1.500 viviendas destruidas, 7.039 personas damnificadas, 324 albergadas y 25 fallecidas.
Mientras se entregan migajas a las familias afectadas, desde 1998 hasta 2014 el Estado entregó más de 400 millones de dólares como subsidios a las empresas forestales de los cuales el 6% fue a parar a los grandes grupos como CMPC o Arauco.
Según constató el sitio de Radio Biobio, de ese dinero, CMPC recibió un subsidio para Forestal Mininco de un millón de dólares (US$1.095.483) para 1.975 hectáreas.
Arauco, por su parte, también se benefició con 621 mil dólares por 1.676 hectáreas. La exForestal Valdivia, también propiedad del grupo Angelini, consiguió aportes por 878 mil dólares por 2.440 hectáreas.
Otro de los “grandes” que ha sido beneficiado, ha sido Bosques Cautín propiedad de Wolf von Appen, con 430 mil dólares por 670 hectáreas.
Forestal Comaco, propiedad del conocido empresario Ítalo Zunino, por ejemplo, obtuvo 553 mil dólares -305 millones de pesos-, mientras que Maderas Cóndor, del mismo dueño, recibió 2,3 millones de dólares por 4.394 hectáreas.
No contentos con estos subsidios, los empresarios también reciben copago de los seguros a través del Ministerio de Agricultura y su programa de “Seguro Agrícola”. Según El Mercurio, en las zonas afectadas por los incendios, existen hoy 7051 pólizas vigentes de las cuales 5171 son cultivos forestales, 726 bovinos y 543 frutales, en estos casos el Estado subvenciona el 40% del valor neto de la póliza y hasta el 65% del costo del seguro.
Además, en cuanto a la bonificación por recuperación de suelos degradados y forestación, entre el 2000 y 2014, se entregaron US$228 millones, siendo la Región de La Araucanía la que recibió mayores aportes por este beneficio, por un monto de US$73,7 millones.
Un plan de viviendas real para las familias afectadas
Mientras el Estado, año a año, desembolsa miles de millones de pesos en financiar a las empresas forestales, recursos que benefician los bolsillos de un puñado de familias que se han hecho ricas a costa de destruir y dañar el ecosistema en el sur del país, las familias afectadas por la actividad de las forestales solo reciben migajas.
Si bien las casas de emergencia son para eso, cubrir la emergencia, es más urgente que nunca luchar por un plan de viviendas definitivas que permitan vivir dignamente a una familia (ajustando su tamaño según la cantidad de integrantes). Frente a la emergencia, el Estado debería entregar subsidios habitacionales para la compra o construcción de viviendas no menor a las 3000 uf y complementariamente préstamos bancarios opcionales a tasa 0% para la compra de enseres y otros.
Estos planes deberán ser discutidos y resueltos por las comunidades afectadas para determinar los usos de los suelos y limitar la actividad forestal de ser necesario. Es necesario dejar de financiar la industria forestal y destinar esos recursos para las familias pobres y afectadas por los incendios.
