Esta semana, el informe de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud, que relaciona causal entre muerte y Listas de Espera AUGE hasta el 2016, desnudó crisis del sistema de salud.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Domingo 20 de agosto de 2017
Siguiendo con la terrible saga de los 25.000 fallecidos que esperaban por atención con especialista en el sector público y, en particular, en relación con las enfermedades catalogadas dentro del sistema GES; este jueves se entregó el informe solicitado al MINSAL en mayo del año en curso. La comisión médica asesora responsable del documento llegó a lamentables conclusiones al detectar graves falencias en el sistema de registro que "no permiten un estudio de causalidad que explique y vincule la causa de muerte con la derivación en espera".
Dichas vicisitudes se relacionan, según declaró a CNN la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, con que "no hay sistema de información hoy día que permitan llegar, con esa complejidad técnica y en forma centralizada a poder determinar si realmente la causa de haber fallecido radicó en haber estado en una lista de espera".
Sin embargo, se atreven a informar que el documento establece que en el 2016 no fueron 25 mil las personas que murieron esperando una atención AUGE, como había informado el ministerio al Congreso, sino 15.625 (ver tabla adjunta).
Como medidas para amilanar tan insensible falta de responsabilidad por parte del sistema de salud, desde la cartera apostarán por reformar el sistema de registro de los pacientes en lista de espera, terminando con el actual Repositorio Nacional de Listas de Espera y desde noviembre de este año iniciar con el denominado SIGTE (Sistema de Información de Gestión de Tiempos de Espera).
Así como también anunciaron que ejecutarán, con un presupuesto de $4.800.000.000, un plan extraordinario que prestaría 160.000 nuevas consultas de especialidad, de las cuales 47.000 serían en "colaboración" con el Colegio Médico, además de que prometen efectuar 1.400 intervenciones quirúrgicas: "Ver para creer".
Si analizamos el total de muertes durante el 2016 y se extraen quienes pertenecían a FONASA y en qué tramo de edad se encontraban, vemos que un 87.6% pertenecían a FONASA y que el promedio de edad de los mismos era de 71.5 años.
Justamente la población más pobre y envejecida, la misma que es discriminada por las Isapres, cuyos cotizantes que perciben un salario de 300 mil pesos o menos corresponden a tan sólo el 4% de sus afiliados y donde el 72% tiene sueldos superiores a los 700 mil pesos. Las mismas que según el Superintendente de Salud, Sebastián Pablovic, han logrado aumentar sus ganancias en más de un 131% (55.646 millones de pesos) en el primer semestre del 2017, en comparación con el mismo período del año pasado.
En esta misma línea, el Superintendente detalló que los resultados por Isapres abiertas fueron los siguientes: Banmédica (GRUPO PENTA) $15.231.000.000; Colmena $10.039.000.000; Nueva Mas Vida (Ex Óptima) $9.911.000.000; Cruz Blanca $7.764.000.000; Vida Tres $5.629.000.000; Consalud $5.151.000.000.
Tan aberrantes contrastes entre la salud para los más pobres del sistema (FONASA) y la salud privada (Isapres), en conjunto con un fragmentado sistema de registro informático refleja que los cambios que propone el ministerio no serán más que suaves alicientes en un corto plazo. Ya que la problemática es multifactorial, es decir, existe una brecha de oferta de especialistas en el sector público (menos del 50% para el 75% de la población), existen múltiples sistemas de registro informáticos licitados a operadores políticos (ej. Sydex, ligado a la Nueva Mayoría) y no hay un sistema que integre a toda la red asistencial; hay deudas de cientos de miles de millones de pesos de los hospitales públicos con prestadores privados para cumplir garantías AUGE y se desestima la Atención Primaria como organizador del sistema de salud, entre otras.
¿Qué hacer frente a esta crisis?
Si no nos agitamos para luchar por la cobertura de atención de calidad y oportuna para toda la población, sin distinción de género, edad o nivel de ingresos e integrada en un sólo sistema, jamás lograremos ejercer el derecho a la vida y a la salud; y el genocidio, sólo comparable con la cantidad de muertos en Dictadura, seguirá aturdiendo a miles de familias que no sólo ven morir a sus familiares, sino que también ven precarizadas sus condiciones económicas cuando dejan de percibir ingresos por este motivo. La Salud, las Previsiones y la Educación son tres pilares que se tambalean, pero que sólo la organización de los trabajadores y sus familias logrará remecer definitivamente.
Y ¿de dónde sacar recursos? En primer lugar, nótese que de nuestros bolsillos surge toda esta ganancia que está atentando con nuestras vidas y, por otra parte, se hace más urgente que nunca avanzar en la conquista de renacionalizar los recursos naturales para obtener, de sus multimillonarias ganancias, la cobertura de derechos tan esenciales que de no asegurarlos veremos como las siguientes generaciones seguirán muriendo en condiciones de indignidad e injusticia social.
