El viernes se aprobó en Congreso de Ministros la esperada medida del gobierno PSOE-UP del Ingreso Mínimo Vital, al que, según el Gobierno se podrían acoger 850.000 hogares con bajos ingresos. Pero ¿es la medida tan inclusiva como la pinta el gobierno? ¿es tan “socialista” como la pinta la oposición?
Elías Lavín Madrid
Irene Olano Madrid
Martes 2 de junio de 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado la medida del Ingreso Mínimo Vital, con el ruido de fondo de Vox, Ciudadanos y PP. Marcos de Quintos de Ciudadanos la calificó como “un sueldo Nescafé para toda la vida” y entre las esperpénticas exageraciones de Vox se cuenta la que tilda la decisión del Ejecutivo como su “última victoria comunista”. También resulta insólita su calificación de “clásico discurso bolivariano” atribuido nada menos que a la neoliberal vicepresidenta tercera Nadia Calviño.
La patronal de la CEOE también ha mostrado su rechazo, Garamendi afirma que “no entendemos que se haya aprobado una medida estructural en pleno estado de alarma”. Estos sectores no se conforman con que la primera medida del ejecutivo ante la crisis fuera aprobar un paquete de avales de hasta 100.000 millones de euros con el respaldo de las arcas públicas a las empresas o la flexibilización de la tramitación de los ERTEs, sino que buscan que los trabajadores y sectores empobrecidos paguen todavía más la crisis.
Si bien en las últimas horas el PP y Ciudadanos han ido cambiando de parecer y mostrado que votarán a favor, la medida ya había sido apoyada por sectores de la derecha como Luis de Guindos, ministro durante el gobierno de Rajoy y vicepresidente del Banco Central Europeo desde 2018. También la Comisión de la UE había recomendado en un informe sobre la economía española adoptar una medida como esta.
Y es que, si tomamos perspectiva y nos alejamos de la hiperbólica polarización política del parlamento y las tertulias mediáticas, la medida deja mucho que desear como medida social. El ruido de la derecha no puede hacernos perder de vista las grandes limitaciones de esta medida, que no pasa de ser un “parche” frente a la magnitud de la crisis.
En primer lugar, el gobierno del Estado Español no es el primero en impulsar una medida semejante. Ya existe en otros 20 países de Europa, independientemente de si se trata de gobiernos “progresistas” o no. Entre ellos, se encuentran países tan poco sospechosos de ser socialistas como Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido. Pero el Ingreso Mínimo en el Estado Español se caracteriza por ser uno de los que permite más distancia entre el Salario Mínimo y los ingresos máximos a partir de los cuales puede solicitarse la prestación, amparándose en que en España existen pensiones no contributivas con esa cuantía, que serían el “mínimo garantizado” en cada hogar del Estado.
Pero la realidad es otra. En primer lugar, equiparar el IMV a las pensiones no contributivas, que son de por sí una miseria, no parece tener por objetivo garantizar la renta mínima imprescindible para vivir, sino dar más bien una limosna a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad al mismo tiempo que se consigue adornar al “gobierno progresista” con concesiones materiales muy modestas.
Hay que decir que la medida está enfocada hacia los sectores que se encuentran en “pobreza severa”, que se calcula en el 5,4% de la población y está claro que para esos sectores será un aliciente recibir algún tipo de ayuda en medio de esta grave crisis. Pero solo supondrá sacarlos de la “pobreza extrema” para ubicarlos en la pobreza o en el “riesgo de pobreza”. Una situación que, ya antes de la crisis del Covid, afectaba al menos a un cuarto de la población (12 millones de personas), que se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. A esto se suma que más de la mitad de los españoles ya tenía alguna dificultad para llegar a fin de mes, antes de la crisis actual, que ha agravado todas esas dificultades.
Pero, además, ni siquiera la totalidad de esos hogares vulnerables entran dentro de los supuestos del Gobierno, porque, como apunta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, existen elevados niveles de “no acceso” para amplios sectores.
La afirmación del gobierno de que el IMV “supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema” está bastante lejos de la realidad. Del mismo modo, resultan sospechosas las afirmaciones hechas este viernes por el diario El País de que “el Estado de bienestar da un paso adelante”. No hay más que ver los datos de paro del mes de abril para darse cuenta: casi 300.000 personas perdieron su puesto de trabajo definitivamente, las afiliaciones a la seguridad social cayeron en más de medio millón de personas y 3.4 millones de trabajadores se vieron afectados por ERTEs que en su mayor parte se convertirán en EREs y despidos masivos definitivos en los próximos meses.
Los casos de personas que pueden solicitar la ayuda también resultan bastante limitados. Pongamos por caso que una estudiante que trabaja y vive sola intenta solicitarla. Salvo que lleve tres años viviendo de forma independiente y tenga más de 23 años no podrá solicitarla. Tampoco pueden solicitarla un trabajador informal ni una persona migrante sin permiso de residencia o cuyo permiso de residencia lleve en vigor menos de un año, que son algunos de los perfiles más golpeados por la crisis sanitaria del coronavirus. Tampoco pueden solicitarlo aquellas personas que comparten piso con personas que sí llegan a los mínimos salariales estipulados, pese a que la inmensa mayoría de jóvenes emancipadas lo están en pisos compartidos.
Iglesias y Escrivá reproducen implícitamente la lógica neoliberal, pues se piensa bajo el supuesto de que una ayuda más elevada que realmente supla las carencias materiales de muchas familias, como sería por ejemplo una renta mínima de desempleo equivalente al SMI, supondrá una falta de incentivos a la búsqueda de trabajo. La renta mínima del gobierno no pretende ofrecer suficiente protección, ni ofrecer un derecho colectivo, sino seguir la lógica neoliberal de ayudas públicas individuales (basadas en un determinado modelo de familia) a través de las cuales, los trabajadores tienen que seguir viéndose obligados a competir por trabajos con un sueldo miserable. Una medida cosmética que no alivia la competencia entre trabajadores ni resuelve los problemas estructurales que arrastra el mercado de trabajo. Se trata, pues, de una medida que se ajusta a las exigencias de la patronal, la cual necesita que siga habiendo un “ejército de reserva” que sigan aceptando unas cada vez más deterioradas condiciones laborales. De este modo los empresarios pueden seguir presionando los salarios a la baja y sacar pingües plusvalías del deterioro de las condiciones de vida que acompañarán a la crisis.
La medida va acompañada con la de crear un “sello social” para las empresas que ofrezcan trabajo a las personas que perciban el ingreso mínimo vital, marketing a coste cero que acompañará a la precariedad laboral. Para más inri el Gobierno ha descrito la reforma como una medida de “redistribución” social, nada más lejos de la realidad, ya que no cuestiona el actual modelo fiscal profundamente regresivo y favorable a los capitalistas. Y si no hay impuestos extraordinarios a los más ricos, entonces la medida será financiada por la ya atacada clase trabajadora y los pequeños autónomos, porque el endeudamiento del Estado se pagará más adelante con más recortes. Si cabe hablar de “redistribución” es una redistribución entre la clase trabajadora y sectores populares, entre los grupos de población más empobrecidos. Porque las grandes empresas, mientras tanto, reciben ayudas mil millonarias.
Esta medida, que ni si quiera se adapta al programa inicial de la formación de Iglesias (que contemplaba un salario mínimo vital de 600 euros), constata una vez más la hipótesis del reformismo en tiempos de crisis como un reformismo sin reformas. El Gobierno acompaña así una política que no ha dudado en destinar cuantiosas sumas de dinero público a subvencionar grandes empresas, pagar los ERTEs, o flexibilizar (precarizar) las condiciones laborales con la pasividad de la burocracia sindical. El reformismo no tiene nada que ofrecernos. Tampoco el sistema al que lava la cara.
Algo muy diferente sería un plan de conjunto para que la crisis no paguen los trabajadores y el pueblo pobre, con subsidios de emergencia a las personas desempleadas y rentas de emergencia para todos los trabajadores que vieron reducidos sus ingresos por la crisis, a la vez que se establece la prohibición de los despidos, la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario para frenar el desempleo masivo, impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y nacionalización de las empresas estratégicas, entre otras medidas. Sin un plan de este tipo, una medida como la renta mínima se muestra totalmente insuficiente, solo unas migajas para tratar de frenar el descontento social.
