En la sede de la obra social de camioneros se realizó un operativo judicial en busca de documentación solicitada por el juez federal Claudio Bonadío.
Miércoles 7 de marzo de 2018 12:39
Ha pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda. El magistrado exhorto el pedido al Juez Bonadío para que realice el operativo en la obra social.
Por su parte el abogado de la Familia Moyano, Daniel Llermanos, explicó que “toda la documentación que pidió Bonadío ya está en sus manos y agregó que se trata de un requerimiento judicial a una denuncia realizada por la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato”.
Ante la denuncia de Ocaña el abogado de camioneros la desestimo por considerar que es una denuncia infundada ya que el déficit de la obra social es porque el Estado Nacional retiene de forma ilegal los aportes de los trabajadores a la obra social. “Además se suma que la empresa de correo postal privada OCA adeuda unos 800 millones y que junto a lo que retiene el Estado, el monto asciende a 2300 millones de pesos".
Luego del operativo se conocieron versiones encontradas en las explicaciones que dieron tanto el Abogado Llermanos en relación a la denuncia de Ocaña y negó que exista un operativo que investigue presunto lavado de dinero de la obra social. Mientras tanto el secretario administrativo de camioneros Rodrigo Condorí, indicó que se entregó documentación sobre el caso de Córdoba: "Entregamos toda la información y podemos demostrar que no hubo una maniobra de lavado de dinero. No tenemos problemas ni nada que ocultar".
Mas allá de las argumentos que se dieron a conocer a la prensa tanto de parte del abogado Llermanos como del secretario Condorí, ambos expresan los manotazos de ahogado que dan desde camioneros para salir ilesos de los negocios que mantiene la burocracia habitualmente.
La investigación de la justicia responde a las medidas que viene tomando el Gobierno con los sindicatos que se declaran en oposición. En el caso de camioneros y el enfrentamiento entre Moyano y Macri, la justicia intenta acorralar al Clan Moyano para restarle fuerzas luego del 21F. Además camioneros se acaba de bajar de la CGT que se encuentra dividida y que el Gobierno a través del ministerio de trabajo en manos de Jorge Triaca, vienen intentando consolidar una CGT a la medida de las políticas de cambiemos y las patronales.
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Los perjudicados del enfrentamiento Gobierno vs camioneros, resultan siendo los trabajadores que padecen los ataques y el ajuste de las políticas económicas del Gobierno y además el vaciamiento por parte de la burocracia de las obras sociales que le brindan a sus afiliados. Todos intereses que nadan tienen que ver con las necesidades que tienen los trabajadores cuando las paritarias cierran a la baja, cuando el bolsillo obrero pierde cada vez más poder adquisitivo y los despidos son moneda corriente en todos los sindicatos, oficialistas y opositores, ninguno se pone a la cabeza de llamar a un paro y un plan de lucha serio para pararle la mano al Gobierno y a las patronales.
