André Augusto Natal | @AcierAndy
Martes 25 de octubre de 2016
Según planteó Moro en el despacho en el que recibe de la fiscalía la denuncia contra exempresarios del grupo Queiroz Galvão, involucrados en sobornos por 10 millones de reales a Sergio Guerra del PSDB para eliminar la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre Petrobras en 2009, el juez Sérgio Moro afirma que “no hay, hasta el momento, prueba de hecho que tuviera ese destino o de que otros parlamentarios del partido hayan recibido dinero o participaran del crimen.
Este párrafo, que ya había sido usado en la justificativa de prisión de uno de los ejecutivos, termina con el juez “lavándose las manos” en relación a los tucanos que eventualmente sacaron provecho de las coimas: “De todos modos, esta es una cuestión que no está bajo este juicio”.
Moro encarceló por corrupción activa al ex-director de la empresa Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho, y también a Erton Medeiros, empresario ligado a la empresa Galvão Engenharia. Según la fiscalía, el 21 de octubre de 2009 ellos le ofrecieron una coima de 10 millones de reales al entonces presidente del PSDB y senador Sérgio Guerra, fallecido en 2014.
Aun que la Operación Lava Jato haya avanzado sobre quienes, además de Sérgio Guerra, se habrían beneficiado de esos sobornos desviados de los contratos de Petrobras con las empresas que actuaron en la refinería de Abreu y Lima, en Pernambuco, hay dos testimonios que señalan que el senador fallecido no habría pensado solo en su enriquecimiento personal.
La delación de Paulo Roberto Costa, que incluso Moro usa en sus despachos, afirma que los movimientos de Sérgio Guerra para conseguir los recursos ilícitos eran de conocimiento de otros miembros de la CPI. En el mismo testimonio, Paulo Roberto Costa deja en claro las intenciones del diputado del PP, Eduardo da Fonte, de ayudar a Sérgio Guerra a articular la obstrucción de la CPI. Según la delación: “Que el diputado Eduardo da Fonte siempre estuvo presente en las reuniones del declarante con el Senador Sérgio Guerra para tratar la CPI de PETROBRAS; que considera que el Diputado Eduardo da Fonte estaba presente por ser de Pernambuco, así como el Senador Sérgio Guerra, y por interés de que no hubiese un paro de las obras de la Refinería Abreu y Lima, que en aquel momento era la mayor obra de Pernambuco; que considera correcto afirmar que el Diputado Eduardo Da Fonte también tenía interés en que la CPI no avanzara por ser un parlamentario del PP, partido responsable por la indicación y el mantenimiento del declarante en el cargo de Director de PETROBRAS y beneficiario de los valores decurrentes de contratos firmados por la estatal, siendo cierto que, si la CPI avanzara, podrían salir a luz las irregularidades practicadas, desnudadas por la Operación Lava Jato”.
El “arrepentido” Fernando Soares, afirmó en su testimonio que en la reunión donde se discutieron los sobornos al PSDB con los empresarios, se dijo expresamente que los R$ 10 millones “serían utilizados en la campaña electoral de 2010”, cuando José Serra compitió en las presidenciales por el PSDB. Además, existía la posibilidad de que el dinero fuese donado de forma oficial, registrado en la Justicia Electoral o por la vía de la “caja dos”. “Que preguntado sobre cómo el valor sería operado, el declarante respondió que no sabía y que en aquel momento no se mencionó si los valores serían pagados en donaciones “oficiales” o “por fuera”.
Según el testimonio de Soares, el desvío para pagar al PSDB se dio con la ayuda de Paulo Roberto Costa, “Quien indicó a QUEIROZ GALVÃO como responsable por el pago, pues en general era PAULO quien manejaba este tipo de decisión”.
Incluso con todas las pruebas, Sérgio Moro y la fiscalía “no tienen convicción”. Una ética que preserva a los tucanos en diferentes entramados de corrupción como el del subte y la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM) en San Pablo, los desvíos en la construcción de la autopista Rodoanel a cargo de Serra y el pago de coimas mensuales en Minas Gerais de Aécio Neves, o las mafias de las viandas escolares del actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin. Este blindaje a los tucanos es en común acuerdo con el ministro de la Corte Suprema Gilmar Mendes y el partido judicial, que la semana pasada utilizó la detención del innombrable Cunha “para lavarle la cara” al golpe y no ser acusados de parcialidad al rodear al PSDB de impunidad.
La izquierda “Lava Jato” y la batalla contra el reaccionario partido judicial
¿Qué se puede decir de la “izquierda Lava Jato”, como Luciana Genro y el Movimiento de Izquierda Socialista (MES/PSOL), que apoyaron febrilmente el autoritarismo del poder judicial, y por esa vía, el golpe institucional de la derecha (al cual dicen “oponerse”)?
Para Luciana Genro, los escritos de Moro están “muy bien fundamentados”, en una operación que “Está dejando en prisión a los dueños de empresas y políticos que comandaban esquemas históricos de ataque a los cofres públicos”. Hay que decirlo con todas las letras: el MES tiene una política abiertamente reaccionaria y adaptada a lo más podrido de la política derechista de la clase dominante nacional.
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Cada paso detallado de los fiscales y de la Operación Lava Jato en Curitiba muestra que el objetivo de la Operación es sustituir un esquema de corrupción con rostro petista por otro con el rostro de la derecha, fortaleciendo el poder judicial como árbitro autoritario de la política nacional para implementar los ataques que el gobierno golpista de Temer no logra hacer solo por su cuenta, como la reforma laboral.
Sérgio Moro y sus fiscales son condecorados por el Ejército por saber aprovechar la crisis de Petrobras para crear una industria millonaria de testimonios, como corresponde al pertenecer al poder Judicial más rico del mundo: 1,3% del PIB nacional es consumido en salarios de jueces, sin contar los de la Corte Suprema.
El poder judicial, con sus héroes como el juez Sérgio Moro y el procurador Hermes Dallagnol, demuestra una y otra vez que está “a la cabeza” para resolver los elementos de crisis orgánica y de representatividad en Brasil por derecha.
Organizar la resistencia contra los ajustes, como están haciendo la juventud secundaria y levantar como norte el cuestionamiento de los privilegios de los parlamentarios, jueces, fiscales y magistrados. Como parte de la lucha por derrotar estos ataques, defendemos la exigencia de que todo político de alto escalafón y jueces sean electos y revocables, con juicios por jurados populares, destituidos de todos los beneficios financieros y que ganen el mismo salario que una maestra.
