Río Negro. El juicio por abusos sexuales a las infancias en el colegio María Auxiliadora de Conesa

En esta oportunidad dos de 19 familias llegaron a esta instancia judicial, representados por el doctor Leandro Aparicio, abogado también de casos emblemáticos como el de Daniel Solano, Facundo Astudillo Castro y de la familia de Sergio Ávalos en Neuquén. El resto de las causas atraviesan, actualmente, diferentes momentos judiciales. “Llegaron dos, pero vamos por todos los chicos, porque todos se merecen la justicia”, refirió Natalia, mamá de una de las víctimas.

Por pedido del defensor de menores Juan José Álvarez Costa, los jueces Marcelo Chironi, Marcelo Álvarez y Carlos Reussi restringieron la publicación de datos que pudieran identificar a las víctimas por lo que el juicio se desarrolló de manera muy reservada durante el transcurso de la semana.

Te puede interesar: Caso Saúl Peña: Iglesia, jueces y fiscales de Río Negro protegen a abusador de niñas y niños

El caso, que conoce la luz en octubre de 2019, revela el abuso del docente Peña a niños y niñas de entre 2 y 3 años durante las horas de Educación Física, cuando éste se encontraba dictando clases como único adulto presente. La causa, más allá de lo aberrante de los hechos que incluyen juegos, besos, tocamientos y mordidas en las partes íntimas; desnuda la ineficiencia del Estado frente a tales situaciones, con una escuela religiosa que desoyó a las madres que se acercaron a la dirección del establecimiento a realizar las denuncias, no respetando los protocolos de actuación vigentes y obligatorios.

La justicia vulneró los derechos de las infancias y encubrió al abusador, lo cual se manifiesta claramente en el accionar de quien fuera en un primer momento la fiscal del caso, Mariela Coy. Como representante de una justicia patriarcal, la funcionaria judicial procedió de manera irregular individualizando las causas, sin tomar las 19 denuncias en bloque para concentrarlas de ese modo en un solo legajo. La unificación hubiese permitido que hoy todas las familias llegaran a juicio de manera conjunta.

Durante las primeras denuncias también actuó un abogado ligado al mismo poder judicial y político, el doctor Damián Torres; quien tomando las denuncias y relacionándose con las familias propició la desmovilización, sugirió el silencio y aceptar que las causas fueran archivadas en plena pandemia, sin apelar.

Por estas situaciones, el abogado de las familias Aparicio declaró a los medios: “No solo hay una defensa del imputado Peña, sino que acá hay una defensa de ciertos profesionales y de la fiscal que no unificó los legajos como le correspondía según el artículo 7 del código del procedimiento penal”.

Otro aspecto que demuestra encubrimiento por parte de la fiscal fue su responsabilidad al exponer a una de las menores a exámenes médicos sumamente traumáticos e innecesarios, a Cámaras Gesell realizadas en lugares inadecuados y no adaptados para tal fin. Ante esta situación las familias tuvieron que recurrir, una vez realizado el cambio de abogado patrocinante, a nuevas pericias para las cuales tuvieron que pagar una enorme suma de dinero, no respetando la gratuidad de la justicia para causas de este tipo, traduciendose a su vez en una nueva revictimización de las víctimas, exponiéndolas una y otra vez a dar su testimonio. Respecto de esta situación, el abogado Aparicio dijo: "hay derechos que se dicen proclamados pero que en la práctica no existen”.

Durante las jornadas del juicio declararon los padres de las niñas, cuatro testigos del área de Psicología que fueron presentadas por la querella, una perito presentada por la Defensa oficial del imputado. También lo hicieron docentes del colegio María Auxiliadora como testigos del acusado, quienes no pudieron probar la presencia de más personas que el acusado durante el desarrollo de las clases. Por su parte, el mismo imputado declaró reconociendo en su testimonio que en Educación Física los docentes tienen contacto con el cuerpo de sus estudiantes tocándoles en muchas ocasiones “la panza y la espalda”. La defensa del abusador, con argumentos pocos fundados científicamente y argumentando la “falta de aggiornamento” del profesor a las nuevas épocas y juegos, pidieron el sobreseimiento del mismo.

Se espera la sentencia para el día 28 de agosto a las 8.15 hs. por lo cual las familias han iniciado una campaña de fotos en redes pidiendo justicia y terminar con el encubrimiento a abusadores.

Las irregularidades planteadas durante estos años hasta la llegada del juicio solo reafirman la complicidad y el amparo brindado a los abusadores desde los distintos sectores de poder, la urgencia de terminar con una justicia patriarcal que vulnera los derechos de las infancias y la importancia de terminar con las objeciones de las iglesias e instituciones oscurantistas, la separación de la Iglesia del Estado y de la implementación efectiva de la ESI en todos los establecimientos educativos.