Los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton que representan a Argentina reconocieron que el monto de los reclamos de los buitres ante el juez Thomas Griesa subió hasta 4.700 millones de dólares.
Pablo Anino @PabloAnino
Sábado 8 de noviembre de 2014
Carmine Bocuzzi, abogado del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton que representa al Estado Argentino frente a los tribunales neoyorquinos, confirmó al juez Thomas Griesa que las demandas de los holdouts alcanzan los 4.700 millones de dólares, cifra que incluye a los denominados "me too" (a mí también), es decir, a los bonistas que reclaman el mismo tratamiento que los fondos que tienen fallo a favor.
El fallo de Thomas Griesa implicaba originalmente pagos por 1.600 millones de dólares a NML Elliot de Paul Singer y a otros fondos como Aurelius Capital y Blue Angel, que habían pedido una peculiar interpretación de la cláusula “pari passu” para cobrar la integridad de unos bonos que compraron por centavos.
En una carta remitida al magistrado, Bocuzzi explicó que "desde junio, los inversores han presentado 25 demandas y buscan sacar provecho de la orden de bloqueo emitida por Griesa". "No puede haber una base equitativa para tratar de obligar a la República -cuyas reservas son de aproximadamente $28.000 millones y debe ser usado para los propósitos macroeconómicos fundamentales -a hacer lo imposible por el pago de la totalidad de su deuda", dijo Boccuzzi en la carta.
Por lo tanto, Bocuzzi le solicitó a Griesa que no aplique a los "me too" la cláusula "pari passu" porque elevaría la deuda a un monto crítico, sugiriendo de este modo un eventual acercamiento a una negociación.
Durante el día jueves se conoció que el fondo Bracebridge Capital, de Cambridge, Massachussetts, presentó títulos impagos para solicitar la cláusula "me too" por 1.300 millones de dólares y el viernes, hizo lo mismo el Fondo GMO, de Boston, por 253 millones de dólares más intereses.
Anteriormente, ya se había sumado el EM Ltd. de Kenneth Dart y según el abogado serán más de 50 en total los que "buscarán el alivio del ’pari passu’". Por lo cual es previsible que el monto total del litigio siga aumentando.
El propio Singer estaría interesado en convertirse en un "me too" con las causas que tienen sentencia firme en contra de nuestro país, pero que no fueron beneficiadas con la fórmula de pago del "pari passu", confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos en junio último.
Sobre estas nuevas causas es que Bocuzzi pidió seis semanas para armar "los papeles de oposición" a las demandas si es que el juez decide llamar a las partes. Es el tiempo necesario para llevar la negociación a enero de 2015, momento en que expira la cláusula RUFO y se generaría un escenario muy diferente para la negociación con los acreedores.
Mientras tanto el juez Griesa dotó de “poderes especiales” al mediador Dan Pollack para que negocie con el conjunto de los acreedores una solución al litigio.
En la mañana del viernes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró en su conferencia de prensa matinal en Casa Rosada que "la posición de la Argentina siempre fue la misma. Pretendemos condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas".
La suma de bonistas en las oficinas de Griesa no necesariamente en un mal dato para el gobierno argentina que venía reclamando negociar con el 7% de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 y no sólo con el 1% beneficiado por el fallo de Griesa.
Durante la semana el ministro de Economía Axel Kicillof había resaltado que en enero el vencimiento de la cláusula RUFO daría lugar a “otro escenario”. De esta forma, abrió la expectativa sobre una negociación con los buitres.
No obstante, el ministro sentenció que "Si por acuerdo con los (fondos) buitres se llama pagar la sentencia a través de extorsiones periodísticas y mediáticas que hoy están intentando de imponer esos fondos, (entonces) no". De lo que se desprende que el gobierno buscará una negociación intermedia que habilité alguna quita a lo que dictaminó Griesa.
En la última semana de octubre se conoció que varios fondos especulativos están comprando bonos argentinos a bajo precio para buscar una “aceleración” de la deuda en enero
La “aceleración” es un mecanismo que permite a los acreedores que reúnen el 25% de los títulos de una serie de bonos reclamar su pago anticipado cuando no se hagan efectivos los intereses, como está ocurriendo con las series que cayeron en default a causa del fallo Griesa.
Si se pide la “aceleración” el gobierno puede frenarla reuniendo el 50% de los bonistas que poseen la serie. Pero podría ocurrir el caso en el que los bonistas ya tengan el porcentaje suficiente, no sólo para “acelerar” el pago, sino para impedir la “desaceleración” que buscaría el gobierno.
El fondo Owl Creek junto con la firma de abogados Kirkland & Ellis estaría buscando reunir los bonos necesarios para exigir la “aceleración” de los títulos que cayeron en default en julio pasado.
La “aceleración” actúa como una extorsión adicional para buscar una negociación con los buitres porque de ejecutarse implicaría un reclamo de pagos en efectivo que excede enormemente la capacidad de Argentina. Se impondría así una renegociación de total la deuda. Un escenario que complicaría mucho más las posibilidades para que el gobierno salga a conseguir dólares con nuevo endeudamiento.
Todo esto ocurre mientras la Ley de Pago Soberano que el gobierno hizo votar en el Congreso para tratar de eludir el fallo de Thomas Griesa resultara un total fracaso.
Ni siquiera se presentaron a cobrar en Buenos Aires los “fondos buitres” amigos del gobierno que habían dado señales de apoyo. Es el caso de George Soros y Kyle Bass, dos reconocidos especuladores, que entraron a los canjes y encabezan un litigio en Londres para tratar de superar las trabas que impuso Griesa al cobro de los bonos argentinos.
El capital financiero internacional está haciendo de la deuda pública argentina un juguete para la especulación a gran escala. El gobierno quedó encerrado en la cláusulas “soberanas” de los canjes de 2005 y 2010 que concedieron la jurisdicción a los jueces de otros países, principalmente de los Estados Unidos. Ya en aquella oportunidad habían ofrecido un gran negocio a los bonistas: 300% de ganancias a pesar de las “quitas”, según reconoció la propia Cristina Fernández de Kirchner.
La recesión avanza y una de sus causas principales es la escasez de dólares producto de las divisas dilapidadas en el pago de la deuda: 200 mil millones de dólares en la “década ganada”. A eso se suma la crisis energética que implica importaciones crecientes y la fuga oficial e ilegal de las grandes multinacionales imperialistas que el gobierno permitió alegremente, hasta que en los últimos años puso algunas regulaciones.
El kirchnerismo se apresta a una nueva negociación con los especuladores en enero. Su expectativa es conseguir dólares para tratar de recauchutar el alicaído “modelo” y llegar con alguna expectativa a las elecciones presidenciales. Mientras a los trabajadores niega el paliativo de un bono de fin de año que permita contrarrestar, aunque sea parcialmente, la pérdida del poder adquisitivo del salario por la inflación. Cualquier arreglo con los especuladores, con más o menos quita, traerá más miseria para el pueblo trabajador. La única alternativa para los oprimidos es rechazar el pago de esa deuda que como queda cada vez más en evidencia es un mecanismo de dominación del capital financiero de las potencias imperialistas.
Fuente: DyN
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
